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La no derogación de la reforma laboral aparece cada vez más como uno de los límites, junto con el de las pensiones, que se quieren imponer al gobierno. Una de las condiciones esenciales para la llegada de las ayudas europeas.
Desde la confederación de la gran patronal CEOE, al mismo tiempo que presentan sus planes para canalizar las ayudas del Fondo de Reconstrucción europeo hacia las grandes empresas, monopolios y bancos insisten en que “no es el momento” de hacer cambios en la reforma laboral. Como dijo el presidente de Inditex en la asamblea de la oligarquía hace cinco meses: “No hay que revertir las reformas eficaces como la laboral”.
Pero sobre todo es en Bruselas donde están ancladas las auténticas líneas rojas al convertir el mantenimiento de la reforma laboral en una de las condiciones para recibir el dinero de las ayudas.
En su paquete de recomendaciones de febrero para nuestro país, que debería servir como guía para elaborar el plan nacional de recuperación, la Comisión reconocía “que las reformas del mercado laboral” adoptadas por la reforma de Rajoy “han jugado un papel importante en la promoción de la recuperación económica…”. Y concluía: “Será importante que cualquier medida nueva solo se tome después de una evaluación cuidadosa…, y que se conserven los logros de las reformas pasadas”.
La derogación de la reforma laboral impuesta en 2012 por la mayoría absoluta de Rajoy, formaba parte de los acuerdos del gobierno de coalición firmados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos arrebatados…, y derogaremos la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales”, decía el acuerdo entre PSOE y UP de 2019.
Ahora las discrepancias dentro del gobierno de coalición que se airean en los medios entre la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de trabajo, Yolanda Díaz (UP), son el reflejo, por un lado, de la influencia de la mayoría social de progreso que exige derogar la reforma laboral y, por otro, de quienes desde dentro del mismo gobierno defienden, como decía Nadia Calviño, “que ahora no toca y que la prioridad es la economía”; alineándose con las posiciones de Bruselas y de los grandes poderes económicos del país.
Los sindicatos advierten que no están dispuestos a transigir con la reforma laboral, a la que acusan de ser la principal responsable de la precariedad laboral y la devaluación de los salarios. Exigen, cuanto menos, la derogación de sus aspectos más lesivos como la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales.
¿Qué es lo que hay en juego en este enfrentamiento? Los representantes de los monopolios, grandes empresas y multinacionales pretenden “no revertir las reformas eficaces”, sino lidiar esta crisis con las mismas reglas del mercado laboral introducidas por las reformas estructurales de los últimos años. Quieren mantener la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales para tener manos libres frente a los sindicatos; mayor flexibilidad para que las empresas puedan aplicar cláusulas de descuelgue salarial y disposición irregular de la jornada laboral; las mismas facilidades para las subcontrataciones con mínimos derechos laborales, el despido al menor coste posible…
Afrontar esta crisis con las reglas impuestas por la anterior ya sabemos adónde nos lleva, a profundizar un mercado laboral precario, de bajos salarios, con mínimos derechos y más desigual, con un elevado número de trabajadores pobres, especialmente entre los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes.
La derogación de la reforma laboral es parte de la lucha por una salida a la crisis en beneficio de la mayoría de la clase obrera y el pueblo trabajador.