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De nuevo escuchamos que el sistema público de pensiones no se puede mantener. ¿Tenemos un problema de sostenibilidad o asistimos a una nueva ofensiva contra las pensiones?
Pese a los esfuerzos por presentar la transformación del Sistema Público de Pensiones en una especie de subsidio de carácter asistencia, casi caritativo, como algo natural, tal y como hablaríamos de la lluvia (“llueve y no es culpa de nadie”), lo cierto es que cada vez es más evidente el proceso “buscado” de degradación de las pensiones públicas. O nos enfrentamos a una serie de problemas que afectan a las pensiones públicas y que debemos solucionar, y en eso se está, o debemos denunciar un ataque abierto que busca nutrir el mercado de los fondos privados de pensiones, a costa del Sistema Público de Pensiones. O es un ataque o “llueve”.
Según el último informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), las reformas de las pensiones de Zapatero y Rajoy, en 2011 y 2013, van a provocar que las pensiones pierdan un 35% de su cuantía. Pese a estas reformas, supuestamente aprobadas para hacer “sostenible” el sistema a través del famoso “índice de sostenibilidad”, ahora parece que no es suficiente. Según los datos sobre el déficit de la Seguridad Social del 2015 presentados por Hacienda recientemente, el Gobierno ha duplicado el déficit comprometido con Bruselas. «Las pensiones privadas crecen a costa de las públicas»
Esto ha llevado, aparentemente en una relación causa-efecto, a que cada vez más se cuestione que la única entrada que financie las pensiones sean las cotizaciones sociales, ya que es el Estado, a través del conjunto de ingresos, el que debe garantizar pensiones “suficientes”. El problema es que, levantando esta bandera, que ha sido uno de las alternativas reivindicadas por los defensores de las pensiones públicas frente a su deterioro, aparecen ahora intenciones más que dudosas.
Por una parte están las propuestas de FUNCAS, que al retraso de la edad de jubilación, añaden la creación de nuevos impuestos, previsiblemente sobre las rentas del trabajo, o la emisión de deuda del Fondo de Reserva, cambiando su naturaleza como provisión a fuente de especulación. Y por otra las propuestas de la escuela de negocios IESE, que apuesta por un sistema mixto, como el sueco, en el que haya una capitalización privada obligatoria, y una “renta mínima” que actúe como “pensión base” en función de la renta del receptor. Es decir, directamente convertir las pensiones públicas en una ayuda complementaria o un subsidio. Son solo un botón de muestra.
Al mismo tiempo, el 2015 fue el mejor año para los fondos privados de pensiones de los últimos ocho, es decir, desde que estalló la crisis.
Para coger perspectiva respecto a este proceso es recomendable seguir los pasos que anda el economista Juan Francisco Martín Seco cuando habla del ataque a las pensiones públicas.
De hecho, Martín Seco, toma como punto de partida la argumentación que se esgrime ahora para avisar de la insostenibilidad del sistema, que es la misma que se viene utilizando desde mediados de los años ochenta: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad. Todas las previsiones que auguraban la debacle del sistema han fallado, igual que se van desmontando los diferentes que se han ido presentando:
La tasa de actividad, en la que “los profetas del desastre no contaron (con la incorporación de la mujer), como tampoco contaron con la entrada de emigrantes”.
El número de ocupados, ya que “de nada vale el número de trabajadores potenciales si no tienen un puesto de trabajo”. Desde ahí, Martín Seco, argumenta lo absurdo de intentar solucionar el problema de las pensiones “retrasando la edad de jubilación cuando la economía cuenta con seis millones de parados”.
Y la productividad: “la cuestión debemos situarla no en la consideración de cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce, porque cien trabajadores pueden producir igual que mil si la productividad es diez veces superior”. Esto es exactamente lo que ha pasado con la agricultura en España.
“Hace cincuenta años el 30% de la población activa trabajaba en el sector primario; hoy solo lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el anterior 30%”.
Martín Seco concluye llegando al núcleo del problema: la renta per cápita. “Si la renta per cápita crece no hay ninguna razón para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas no puedan seguir percibiendo la misma renta en términos reales, es decir, no hay motivo para que tengan que perder poder adquisitivo. Es más, de hecho no debería haber ningún impedimento para que su pensión evolucionase a medio plazo al mismo ritmo que evoluciona la renta per cápita, esto es, por encima del coste de la vida”. «Si las rentas de los pensionistas bajan es porque otras crecen»
Y esta es la parte más importante del razonamiento del economista, “mientras que la renta por habitante de una nación se mantenga constante o se incremente, ningún colectivo, bien sea de pensionistas, bomberos o empleados de banca, tiene por qué ver empeorada su situación económica. Si en un periodo de tiempo, un colectivo (por ejemplo los jubilados) ve cómo sus ingresos crecen menos que la renta por habitante es porque otras rentas, ya se trate de las salariales, de capital o empresariales, crecen más”.
Hablamos entonces de un trasvase de rentas, en este caso, de los pensionistas a otro sector de la sociedad. Martín Seco afirma que “con toda probabilidad será el de los dueños del capital o el de los empresarios”. En los últimos años se ha producido un gigante trasvase de rentas, de las del trabajo a las del capital, que suponen más de 21 puntos en la distribución del PIB en las últimas tres décadas. Pero, en los que nos concierne en este artículo, las pensiones públicas van a perder un 35%de su cuantía y 5 puntos de poder adquisitivo desde que gobierna el PP.
No hay un problema de recursos, ya que en los últimos treinta años la renta nacional casi se ha duplicado, por lo que todo depende de que haya voluntad política para proteger a las pensiones públicas, no perjudicarlas en el procesos de distribución (que mejor podemos calificar de auténtico saqueo), y redistribuir los recursos que les han sido sustraídos a nuestros pensionistas.