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Hace exactamente 30 años, el 12 de junio de 1985, se firmaba en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Aquella integración en la Comunidad Económica Europea (en la actualidad la Unión Europea) era percibida por todos como la culminación natural de la transición y la entrada de España a la modernidad. Tres décadas después el balance es cada vez más amargo y menos dulce. ¿Qué balance podemos hacer de estos treinta años de pertenencia de España a la Unión Europea?
España sigue siendo uno de los países más europeístas, con un 70% de la población que considera beneficiosa nuestra pertenencia a la UE. Pero hace tan solo cuatro años el apoyo social superaba el 85%.
El estallido de la crisis, el intransigente papel de Alemania frente a Grecia, España y Portugal, los sucesivos recortes que nos vienen impuestos desde las instituciones europeas… han minado el fervor europeísta.
Claro que la pertenencia a la UE ha influido en el crecimiento económico de España en estos últimos treinta años. Pero al precio demasiado alto -y que ahora estamos pagando- de multiplicar la dependencia española, ya no solo respecto a Washington sino también hacia Berlín.
Las condiciones de nuestra entrada en la UE: el pecado original
La integración de España en el Mercado Común -que luego se convertiría en la Unión Europea- es la culminación de un proceso de recolocación de España dentro de la órbita de dominio norteamericana.
La entrada en la OTAN certifica el fortalecimiento de los vínculos de dependencia política y militar con el hegemonismo yanqui.
A cambio de esa subordinación total de España hacia EEUU, la oligarquía española obtiene el placet para integrarse en el más selecto club de las burguesías europeas.
La integración en el Mercado Común ofrecerá a la oligarquía española el marco político y económico adecuado para su modernización, expresada en un nuevo salto en la concentración bancaria -creando los dos grandes buques insignia, el Santander y el BBVA- o en la exportación de capitales primero a Hispanoamérica y más tarde en la misma UE. «La “modernización” de la economía española tras la entrada en la UE se ejecutó reformando los lazos de dependencia.»
Pero esa “modernización” de la economía española tras la entrada en la UE, que la hubo, se ejecutó reformando los lazos de dependencia, no solo hacia Washington, también hacia Berlín o París, y en unas condiciones absolutamente onerosas para el país.
La oligarquía española, incapaz (por capital, fuerza, decisión y proyecto) de competir con los monopolios europeos, renuncia al control de gran parte del tejido industrial monopolista construido bajo la protección del Estado franquista, a cambio de que las burguesías monopolistas europeas le permitan quedarse con el control de algunos sectores de primer orden (banca, energía, telecomunicaciones y construcción).
El proceso de negociación e integración de España en el Mercado Común se lleva adelante de acuerdo con el proyecto diseñado en los despachos de París y Berlín. En ellos se decide que España no puede, ni debe, competir con el resto de potencias europeas en el terreno industrial, sino concentrarse en el sector servicios, en ser la “Florida” de Europa.
Es el momento en que François Mitterrand, el entonces presidente francés, anuncia a los grandes empresarios galos: “España está en venta, cómprenla”. Y cuando los entonces ministros de Economía de los gobiernos de Felipe González, afirman que “la titularidad de las empresas no importa”.
Lo que se traduce en la reconversión o el cierre de una parte importante de la estructura de la gran industria del país (siderurgia, construcción naval,…) dictada por las exigencias de los monopolios europeos que no desean de ninguna manera un competidor en ese terreno y en la venta de otra parte significativa, entre ellas toda la industria nacional de automoción, cuyo ejemplo paradigmático es la venta de la mayor industria automovilística española, SEAT, a la Volkswagen alemana, por un peseta, es decir, por 0,006 euros.
Las exigencias que las burguesías monopolistas europeas -encabezadas por la francesa y la alemana- imponen para nuestro ingreso en el Mercado Común, si bien resultan extraordinariamente ventajosas para la oligarquía española, o para amplios sectores de ella, suponen al mismo tiempo unas condiciones draconianas para el resto del país.
Sectores enteros de la economía sufren unas reconversiones brutales que reducen drásticamente su capacidad productiva como consecuencia de las cuotas de mercado impuestas por sus competidores europeos: la siderurgia, los astilleros, el sector lácteo, la ganadería, el sector pesquero…
Algunas de las más importantes joyas de la corona de la economía productiva -SEAT, Pegaso, Motor Ibérica, Altos Hornos, Santana, Macosa…- quedan en manos del capital monopolista europeo, mentras la clase dominante se reserva para sí el control exclusivo del mercado y los monopolios del sector financiero y la banca, la energía, las telecomunicaciones y la construcción.
La combinación de todo ello unido a la progresiva desaparición de los aranceles aduaneros con Europa provoca que en el curso de unos pocos años la ocupación del mercado nacional por parte de los grandes grupos monopolistas europeos sea avasalladora. Hasta el punto de que de las 100 principales empresas que operan en España 25 de ellas son de propiedad exclusiva o de control mayoritario del capital francés o alemán. Controlando, ellas solas, más de un 10% del PIB español.
La sumisión siempre acaba resultando muy cara
Desde 1996 a 2008 el PIB español creció un 257%, la renta per cápita se duplicó. En los grandes medios de comunicación internacionales llegó incluso a acuñarse el término de “milagro económico” española para describir este crecimiento. Y la pertenencia a la UE parecía indiscutiblemente la principal plataforma que nos permitía haber alcanzado ese progreso.
Sin embargo, a partir de de 2008 y a una velocidad de vértigo a partir de 2010, todo se vino abajo.
Detrás de ese espectacular crecimiento había severas limitaciones y una extrema vulnerabilidad y fragilidad.«Detrás del espectacular crecimiento de la economía de los primeros años en la UE había severas limitaciones y una extrema vulnerabilidad y fragilidad.»
En esos años de progreso se habían multiplicado los lazos de dependencia económicos, políticos y militares de España respecto a las principales potencias imperialistas.
Esa mayor dependencia es la que permite entender por qué España es uno de los países de Europa que ha podido ser condenado a una velocidad de vértigo, junto al resto de PIGS, a sufrir las peores consecuencias de la crisis, mediante la imposición de un proyecto de degradación, intervención y saqueo.
Y las condiciones de nuestra pertenencia a la UE permitieron a Berlín pero también a Washington incrementar su grado de dominio sobre España.
La dependencia de la financiación exterior
El euro y el control de los tipos de interés por parte del BCE permitieron a Alemania colocar su capital excedentario a través de los préstamos concedidos a los grandes bancos y monopolios de otros países de la UE.
Entre 2000 y 2009, los bancos alemanes prestaron a los bancos de los países despectivamente llamados PIGS (es decir, cerdos en inglés, a saber Portugal, Italia, Grecia y España) 704.000 millones de euros. Por su parte, los bancos franceses prestaron otros 477.000 millones.
Para financiar su expansión internacional o la explotación del boom inmobiliario, los grandes bancos y monopolios españoles se endeudaron con sus homólogos germanos o galos.
Según el Banco Internacional de Pagos de Basilea, la banca alemana es la primera acreedora de la deuda española, representando un 29,1% de ésta, es decir, 315.516 millones de euros, más de medio billón de las antiguas pesetas. Le sigue la banca francesa, con un 18,8%, o, lo que es lo mismo, 219.766 millones de euros. Es decir, las dos grandes potencias europeas poseen de conjunto el 47,9% de la deuda bancaria nacional, un total de 535.282 millones de euros. «Para financiar su expansión internacional o el boom inmobiliario, los bancos y monopolios españoles se endeudaron con sus homólogos germanos o galos.»
Ese vertiginoso aumento de la deuda privada de los grandes bancos y monopolios es la que se ha traducido luego en deuda pública que todos estamos obligados a pagar.
Uno de los máximos asesores de Merkel, Peter Bofinger, expresó con exactitud que “los rescates no son, ante todo, para los países con problemas, sino para nuestros propios bancos, que tienen grandes cantidades de préstamos concedidos allí”.
Esto es lo que ha provocado que se dispare la deuda pública española, hasta suponer el 98% del PIB, cuando en 2007 apenas suponía el 35,5%.
El Estado ha tenido que hacer suya y reconvertir en deuda pública una buena parte de la deuda impagable que el sistema bancario español y los principales monopolios mantienen con la gran banca extranjera.
Y la oligarquía española ha tenido que vender al capital extranjero activos de sus bancos y monopolios tanto dentro como fuera del país para poder hacer frente al vencimiento de sus deudas.
El salvaje incremento de los intereses de la deuda, que nos obliga a pagar, sólo en concepto de intereses, 35.490 millones cada año a los bancos alemanes, franceses o norteamericanos. Más que la suma de los presupuestos de todos los ministerios.
La dependencia de unos pocos mercados
El 63,4% de las exportaciones españolas tenían como destino la Unión Europea. Y, de ellas, sólo 4 países (Francia, Alemania, Italia e Inglaterra) se llevan más de los dos tercios.
España, según su PIB nominal, es la treceava economía del mundo. Sin embargo, ¿qué y para quién producimos?
Un rápido retrato del sector del automóvil –que, junto a la fabricación de sus componentes, suma más del 10% del PIB y el 11,2% de las exportaciones totales españolas– nos puede ayudar a hacernos una idea cabal de la realidad.
El 100% de su fabricación–y por tanto de los beneficios– está en manos del capital extranjero, de las grandes multinacionales mundiales de la automoción. El 82% de los vehículos que fabricamos se destinan a la exportación y el grueso de ellos se venden a Francia, Italia, Reino Unido y Alemania.«La economía española es cautiva y dependiente de las más poderosas multinacionales del mundo y de unos pocos mercado»
Además, dentro del proceso global de fabricación de automóviles, estas multinacionales guardan para sí las partes del proceso de producción más cualitativas y que más valor añadido producen, creándose una relación comercial entre las fábricas españoles y sus casas matrices a la que sólo se puede calificar con el término de intercambio desigual, el mismo concepto que sirve para definir las relaciones entre las potencias imperialistas y los países del Tercer Mundo. Mientras los fabricantes con sede en territorio español exportaban el 80% de sus coches a la Unión Europea, España se veía obligada a importar gran parte de su parque automovilístico (los vehículo de gama alta y media-alta) de los centros de producción con más valor añadido del centro de Europa. Lo que llegó a crear la extraordinaria paradoja de que siendo el séptimo mayor fabricante mundial y produciendo casi 5 veces más de los vehículos que consumimos, nuestro país tuvo en 2007 un saldo negativo de más de 4.000 millones de euros en la balanza comercial de importación-exportación de vehículos.
Si a eso le añadimos que las partes más cualitativas del proceso de producción (investigación e innovación, desarrollo tecnológico, diseño,…, lo cual a su vez significa más pagos por patentes y royalties) permanecen en los países de origen, obtendremos un cuadro más completo de la realidad de la economía española y de su dependencia cautiva de las más poderosas multinacionales del mundo y de unos pocos mercados de las grandes economías imperialistas.
La dependencia de cuotas y límites de producción
Las condiciones de la integración en la UE han supuesto para España la imposición de una serie de cuotas y de límites a la producción en diversos sectores que no están de acuerdo con las necesidades nacionales ni con las potencialidades de esos sectores productivos. Se nos imponen, por ejemplo, cuotas lácteas por debajo del consumo nacional, mientras la leche francesa inunda nuestro mercado. Agricultura. ganadería y pesca son en la actualidad los sectores más afectados por estas cuotas de producción, fijadas no por las necesidades de consumo internas ni por la capacidad de producción de esos sectores, sino por los dictados impuestos por Bruselas, en los que el escaso peso político de España juega un papel de primer orden en las negociaciones.
30 años de penetración económica y subordinación política: una doble dependencia
Tras la entrada de España en la Unión Europea y la integración en el euro, a la histórica capacidad de intervención y control de la superpotencia yanqui se le ha sumado la subordinación creciente y la pérdida de soberanía y capacidad de decisión autónoma con respecto a Berlín.
Desde la misma integración en el Mercado Común, el proceso de penetración económica del capital alemán o francés vino acompañado del despliegue de una amplia red de vínculos e influencias en el Estado, en los centros de decisión política que son los que la permiten y favorecen.
La orientación cada vez más proeuropeista de los gobiernos de Felipe González serán la expresión del incremento de esta influencia política.
Cuando en 1993 Felipe González decide adelantar las elecciones, ante los múltiples escándalos de corrupción, irá a consensuar su decisión con el entonces presidente alemán, Helmuth Kohl.
Si ya con la firma de los Tratados de Maastrich se hizo evidente que la construcción de la Unión Europea sería bajo la orientación de una “Europa alemana” o no seria, el estallido de la crisis ha puesto de manifiesto el nuevo peso alcanzado por Berlín en el diseño de la política europea y su capacidad –a través del control que posee sobre las instituciones centrales de Bruselas– de imponer a muchos de los Estados miembros, entre ellos el nuestro, los intereses de su poderosa oligarquía financiera. «La intervención de Alemania en España no se manifiesta sólo en lo económico, sino también en las imposiciones a través de instituciones como la Comisión Europea o el BCE.»
La intervención del imperialismo alemán en España no se manifiesta sólo en los poderosos intereses económicos de sus multinacionales instaladas en el país, o en el peso específico que sus bancos poseen sobre la deuda externa española, sino también en la imposición a través de instituciones como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo de una política económica y social contraria a los intereses nacionales y populares.
Que en apenas una semana, en pleno verano y a espaldas del parlamento y del pueblo Zapatero y Rajoy reformaran la Constitución para asegurar el cobro de sus deudas a los banqueros alemanes por imposición directa de Merkel demuestra el peso y la capacidad de intervención política adquirida por la burguesía monopolista alemana en España en los últimos años.