Cargando...«A Miguel Sebastián no le salen las cuentas. Según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), las primas a las energías renovables alcanzaron los 5.379 millones de euros al cierre del pasado ejercicio, muy lejos de los apenas 4.009 millones que estimaba Industria al establecer las tarifas eléctricas para el año. Esta desviación superior a los 1.300 millones de euros empuja decididamente al alza el recibo de la luz, al repercutir sobre las denominadas tarifas de acceso, costes fijos del sistema eléctrico que determina el Ministerio y que suponen en torno al 50% de la factura».
Si todas las instalaciones de renovables inscritas en el registro administrativo entraran en funcionamiento en 2010, el Ministerio estima que la rima del sistema se elevaría a 7.254 millones de euros. La apuesta del Gobierno es respetable. Pero hay que saber que sale cara. La energía termosolar tiene un coste entre siete y diez veces superior a las energías convencionales. (EL CONFIDENCIAL) EXPANSIÓN.- En 2010, las comunidades elevarán el gasto corriente un 2,4% (3.412 millones), a pesar de que sus ingresos caerán un 8,3% (12.839 millones). Esta brecha se intentará tapar con la emisión de 32.646 millones de deuda nueva, que se suman a los 83.843 millones que ya acumulan. Trasladar más recursos desde el Estado hacia las comunidades y engordar la bolsa de la deuda supone una huída hacia delante. Informe. El Confidencial Sebastián paga 1.300 millones más a las eléctricas y encarece el recibo de la luz D. Toledo A Miguel Sebastián no le salen las cuentas. Según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), las primas a las energías renovables alcanzaron los 5.379 millones de euros al cierre del pasado ejercicio, muy lejos de los apenas 4.009 millones que estimaba Industria al establecer las tarifas eléctricas para el año. Esta desviación superior a los 1.300 millones de euros empuja decididamente al alza el recibo de la luz, al repercutir sobre las denominadas tarifas de acceso, costes fijos del sistema eléctrico que determina el Ministerio y que suponen en torno al 50% de la factura. La cifra final de primas para las renovables en 2009 también estará muy lejos de las subvenciones recibidas en 2008, que se quedaron en 3.355 millones. “La cuestión es que este año han entrado en funcionamiento más instalaciones de las que estaban previstas inicialmente. Al ser una cuestión en la que también tienen competencia las comunidades autónomas…”, explican fuentes del sector. “De hecho, el recibo de la luz debería haber bajado en enero. Lo que sucede es que el incremento de los costes de acceso se ha comido todo el descenso del precio en la subasta”, añaden. Industria acordó a finales de año una subida del precio de la luz del 2,64% a partir del 1 de enero para la gran mayoría de hogares, acogidos a la tarifa de último recurso. La parte del león de ese incremento viene por el aumento de los citados costes de acceso, de un 14,25% para los particulares y de más de un 22% para los grandes consumidores. La otra mitad del recibo, formada por costes variables que salen de la subasta de energía entre las compañías comercializadoras, se benefició de un precio del kilovatio a la baja en plena crisis, lo que atenuó los efectos de una subida que se preveía mayor. Además, Sebastián tiene poco margen de maniobra si no quiere incumplir los límites acordados con las eléctricas para poner fin al déficit tarifario, la diferencia entre los ingresos regulados que obtenían las compañías y el coste real de producir la electricidad. Para acabar con el problema, el objetivo es que no supere los 3.500 millones en 2009; los 3.000 en 2010; los 2.000 millones en 2011 y los 1.000 millones en 2012. Toda desviación en las primas a las renovables pasaría a engrosar ese déficit si no se repercute en las tarifas de acceso y, en consecuencia, en el recibo de la luz. Subvenciones fuera de control El propio Ministerio se acerca a las previsiones de la CNE y admite la importante desviación en las primas respecto a su estimación. En un reciente informe sobre el impacto económico de las nuevas instalaciones, admite que “el desigual desarrollo de las distintas tecnologías, en particular el exceso de instalación en algunas de ellas y la caída en el precio del pool, provocará que al cierre de 2009 (…) la prima equivalente total de las energías renovables se situará más de 1.600 millones por encima del escenario del Plan de Energías Renovables, alcanzando los 5.208 millones de euros”. Por ejemplo, la energía solar fotovoltaica debía tener instalados al final del período, según el Plan de Energías Renovables 2005-2010, un total de 400 megavatios, equivalentes a una prima de 253,1 millones. Los datos que maneja el propio departamento de Miguel Sebastián estiman que a 2009 la potencia real será de 3.916 megavatios, para unas primas de 2.478,4 millones. Si todas las instalaciones de renovables inscritas en el registro administrativo entraran en funcionamiento en 2010, el Ministerio estima que la prima del sistema se elevaría a 7.254 millones de euros. "La apuesta del Gobierno es respetable. Pero hay que saber que sale cara. Si se quiere hacer, parece más lógico que las primas a las renovables se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado, y no en la tarifa", apuntan fuentes del sector, que recuerdan que la energía termosolar tiene un coste entre siete y diez veces superior a las energías convencionales. El Ejecutivo acordó el pasado mes de noviembre un calendario de entrada de nuevas instalaciones eólicas y termosolares para el próximo trienio, que apuntalará la puesta en marcha de "3.300 megavatios de media de instalación anual de energías renovables en la presenta legislatura". EL CONFIDENCIAL. 8-1-2010 Editorial. Expansión Finanzas regionales al borde del colapso Las comunidades autónomas estrenan en 2010 un traje financiero al que le empiezan a saltar las costuras. La oleada de reformas estatutarias ha vuelto a poner en entredicho el modelo de Estado emanado de la Constitución. Los gobiernos autonómicos gestionan los grandes servicios públicos; tienen poder para legislar sobre asuntos clave para la vertebración social como la vivienda, los impuestos, el comercio interior o las políticas activas de empleo; y han sido capaces de desplegar materias tan singulares como cuerpos de policía, delegaciones comerciales propias o la cooperación al desarrollo. España ya es uno de los tres países más descentralizados de la OCDE, al nivel de Canadá, EEUU, Alemania o Australia. En los últimos 16 años, se ha revisado cuatro veces el sistema de financiación autonómica. La última, recién entrada en vigor, amplia la participación de las comunidades en los impuestos estatales (IRPF, IVA y Especiales); les otorga más responsabilidad normativa para subir y bajar tributos; y, además, inyecta 11.000 millones de euros extraordinarios para contrarrestar los desequilibrios de la última década. Pero la crisis pone en evidencia que así no se sacia el hambre de fondos. En 2010, las comunidades elevarán el gasto corriente un 2,4% (3.412 millones), a pesar de que sus ingresos caerán un 8,3% (12.839 millones). Esta brecha se intentará tapar con la emisión de 32.646 millones de deuda nueva, que se suman a los 83.843 millones que ya acumulan. Y pese a la advertencia del presidente del Gobierno para que las comunidades se impliquen en la reducción del déficit público, recientemente el Ministerio de Economía les autorizó a elevar su déficit hasta el 2,5% del PIB en 2010 y evitó penalizar a las ocho regiones que superaron el techo de gasto en 2008. Trasladar más recursos desde el Estado hacia las comunidades y engordar la bolsa de la deuda supone una huída hacia delante. Las comunidades deben hacer un ejercicio de realismo para separar lo principal de lo accesorio. El déficit sanitario, que asciende a 11.000 millones, alcanzará los 50.000 millones a medio plazo si no se abordan reformas que contrarresten el inexorable envejecimiento de la población. Y la educación española difícilmente podrá abandonar el farolillo rojo de la OCDE sin una línea de futuro más coherente. Esos dos retos requieres fuertes inyecciones de recursos, pero la chequera de las comunidades no da más de sí. Mientras no se aborden medidas contundentes sobre el gasto, no podrá acordarse un sistema definitivo de financiación de las diferentes Administraciones Públicas. EXPANSIÓN. 7-1-2010