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Frente a un patio de butacas del Ateneo de Madrid lleno hasta la bandera, y tras largos meses de comparecencias y exhaustivo trabajo, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, presentaba sus conclusiones, tan trágicas como demoledoras.
La Comisión asegura que la respuesta a la crisis de coronavirus en las residencias por parte de la Comunidad de Madrid, dirigida por Isabel Díaz Ayuso, fue «inadecuada» y «discriminatoria», y que se «vulneraron derechos fundamentales» de los residentes y sus familias. Y que durante ese periodo se produjo «una sobremortalidad» en estos centros «que pudo y debió haberse evitado». “Más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida” si se hubiera atendido adecuadamente a los ancianos, aseguran.
La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid se constituyó en abril de 2023, ante la negativa de la Asamblea de Madrid -por el veto del PP- a constituir una comisión parlamentaria, con el objetivo de investigar de manera objetiva, veraz y de acuerdo a la Ley las muertes de 7.291 personas que fallecieron en dichos centros sin recibir atención sanitaria adecuada durante la pandemia de Covid-19.
Para ello, reunió a una comisión de expertos de intachable prestigio profesional, entre los que están José Antonio Martín Pallín (Presidente), magistrado emérito del Tribunal Supremo; Fernando Flores (redactor del informe), profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad; María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología por la Universidad de California, y profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal; Fernando Lamata, médico y experto en Gestión y Administración Sanitaria, que ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Sanidad; Anna Freixás, escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba; Cristina Monge, socióloga, politóloga y profesora de la Universidad de Zaragoza; y Eduardo Ranz, abogado, profesor de la Universidad Carlos III y especialista en memoria histórica.
La investigación se ha llevado a cabo a partir de los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, informes elaborados por organizaciones públicas y de la sociedad civil, artículos académicos, declaraciones de los comparecientes en la comisión de investigación de la Asamblea, resoluciones judiciales, artículos periodísticos y de los testimonios de familiares, supervivientes de las residencias de mayores, trabajadoras de residencias, autoridades, periodistas, profesionales sanitarios y miembros de entidades sociales.
¿Qué ha concluido la Comisión?
No hay duda. Entre los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad en las residencias como consecuencia de decisiones políticas y de gestión “discriminatorias” respecto a la asignación y organización de los recursos disponibles.
La Comisión ha evidenciado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como carecer de seguro privado.
Ante el público del Ateneo -y desmintiendo las bochornosas declaraciones de la presidenta madrileña, que en sede parlamentaria aseguró para defender su gestión de las residencias en la pandemia, que los ancianos “no se salvaban en ningún sitio”- el doctor Fernando Lamata demostró que las personas que fueron derivadas a los hospitales durante los dos primeros meses de la pandemia tuvieron un porcentaje de supervivencia del 65%, lo que, extrapolado a las 7.291 personas que murieron en residencias sin ser derivadas, habría supuesto que “más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida”.
Lamata aseguró que el número de derivaciones pasó de 120 diarias a una media de 65 entre el 7 y el 31 de marzo, lejos de las 200 que se tendrían que haber producido, y ha subrayado que hubo “un cierre en las derivaciones que tuvo un impacto en un exceso de muertes” en las residencias.
La Comisión concluye además que el Ejecutivo madrileño no medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020 y tampoco utilizó los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias, ni derivó a pacientes a hospitales privados. Entre el 22 de marzo y el 23 de abril de 2020 estuvo funcionando un hospital provisional en Ifema, con 1.300 camas y 3.000 profesionales, con los que se podrían haber medicalizado más de mil camas en residencias.