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En «El Otro Debate», con formaciones políticas parlamentarias y extraparlamentarias, en el que ha participado Recortes Cero, Por Andalucía, Adelante Andalucía, PACMA, Alternativa Republicana (ALTER), Por un mundo más justo, PCTE y Nación Andaluza, la candidata a la Presidencia de la Junta de la coalición Recortes Cero y candidata por Granada, Violeta Tercedor, propone su saldo bancario, 5.000 euros, como techo salarial para los funcionarios de la Administración andaluza.
La candidata ha hecho público su patrimonio, al igual que otros candidatos a las elecciones del 19J. Su saldo bancario consta de 5.000 euros, tiene un coche por valor de 4.000 euros y recibe un sueldo como profesora de Secundaria interina en Andalucía. No dispone de ninguna casa en propiedad.
La redistribución salarial es una de las medidas del programa de la coalición Recortes Cero para este 19J, dentro de una serie de medidas por la redistribución de la riqueza. El objetivo es que ningún andaluz cobre por debajo de mil euros: “el 50% de los andaluces cobra menos del salario mínimo interprofesional”, denuncia la candidata de la coalición. “Andalucía es una comunidad muy rica, la tercera de España, pero esa riqueza apenas repercute en los trabajadores”.
Según datos aportados por la coalición, la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía ha empeorado en los últimos años hasta el 31,3%, diez puntos y medio por encima de la media nacional, y más de 2,4 millones de andaluces son personas pobres. Además, “un aspecto esencial de la pobreza lo constituyen los trabajadores pobres”, declara Tercedor. “Según el Informe de la Fundación Foessa de Cáritas, los trabajadores en situación de pobreza relativa llegan en Andalucía al 21,6%, ocho puntos más que la media española.”
La coalición Recortes Cero propone subir los salarios a un mínimo de 1.000 euros netos al mes, “sin que sea necesario aumentar los costes salariales en las empresas ni el gasto público o el endeudamiento en las Administraciones públicas”, sino redistribuyendo los salarios en las empresas estableciendo un tope salarial de 10.000 euros para los directivos y ejecutivos. Y en las Administraciones públicas establecer como sueldo máximo el equivalente al presidente del gobierno, 7.000 euros al mes, 86.000 euros al año para altos cargos, consejeros, asesores o políticos. La finalidad de esta medida también es conseguir la igualdad salarial para hombres y mujeres.
Desde la coalición proponen constituir una mesa autonómica por la redistribución salarial, con la administración, los sindicatos y empresas para extenderla a los ayuntamientos y al conjunto de la comunidad.