Cargando...
Durante dos horas, los responsables de elaborar las recomendaciones que llegarán al hemiciclo sobre las reformas que necesita el sistema público de pensiones debatieron con el portavoz de las 300 organizaciones de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP). La reforma que reclama que las pensiones se transformen en un derecho fundamental se abre paso en un mar de índices, porcentajes, fondos y curvas de población. Desde 2013, la MERP se pregunta: ¿por qué no obligarnos constitucionalmente a que nada esté por encima de las pensiones y que cualquier gobierno tenga como obligación asegurarlas? Son las pensiones la columna vertebral, o mejor, el hilo de plata que une los deseos de progreso de generaciones en nuestro país.
Gerardo Camps del PP, Artemi Rallo del PSOE, Sergio del Campo de Ciudadanos, Aina Vidal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ignasi Candela de Compromís y Carles Campuzano del PDeCAT, en una misma mesa con Joanen Cunyat y Sara García de la MERP. Un debate con la presencia de la Generalitat Valenciana, que en diciembre concedía la Distinción en Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales, la Universidad Complutense de Madrid, el Consejo de la Juventud y el ayuntamiento de Madrid, de la mano de la Primera Teniente de Alcalde, Marta Higueras.
Por primera vez, una plataforma que representa a la sociedad civil se sienta entre iguales para debatir sobre un cambio estructural que podría colocar a nuestro país como una referencia mundial.
Van seis años, y ya toca
En un acto de la MERP hace unos meses, una de sus representantes intervenía explicando la trayectoria de la plataforma desde su nacimiento, en 2013, y aseguraba su confianza en que no tardaría mucho en llegar el blindaje constitucional de las pensiones. Hablaba del sexto aniversario de la MERP, que se cumplirá en abril de este año, y dijo: “van seis años, y ya toca”.
Es evidente que un proceso de reforma estructural como el que proponen las organizaciones de la MERP cuesta tiempo, y no poco. Seguramente la plataforma ha dado los primeros pasos hacia un cambio cualitativo en la estructura social y económica de nuestro país que todavía queda lejos, pero que, tal y como expresaba la representante en aquel acto, urge y necesita de estímulos, como lo es introducir este debate en el Congreso.
En marzo de 2018, era Joan Baldoví el primer diputado que defendía desde la tribuna del Congreso el blindaje constitucional de las pensiones. Unos días más tarde, más de 30.000 personas llenaban el centro de Madrid al grito de “blindemos las pensiones en la Constitución”. Un año después, nadie podría imaginar que los portavoces del Pacto de Toledo se reunirían para abordar el tema con 200 representantes políticos, sociales, culturales y sindicales frente a ellos: una pequeña parte de la MERP en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados.
Son ya un millón y medio de firmas, el apoyo del Parlamento de Navarra, de la Generalitat Valenciana y de más de 60 ayuntamientos. El debate que la MERP ha organizado en el Congreso de los Diputados presenta un año en el que el blindaje constitucional de las pensiones va a marcar la agenda de reformas de referencia.
No hay más cera que la que arde
En las últimas semanas hemos escuchado al Gobierno anunciar la intención de retrasar un año la edad real (efectiva) de jubilación, desde los 62,7 años actuales, como una de las medidas que es necesario adoptar para “lograr la sostenibilidad del sistema”, considerando la posibilidad de incluir las jubilaciones anticipadas en un sistema de incremento de las cotizaciones. Es decir, cuanto antes te jubiles, más pagas. Además, se apoya la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de extender el periodo de cómputo de los años de vida laboral para el cálculo de la pensiones, pasando de los 25 años actuales a 35 años.
¿Cuál es el argumento principal para presentar estas medidas? Que no hay más cera que la que arde. Así de sencillo. Y no es broma.
Se trata de presentar que no hay manera de obtener más ingresos que los que proporcionan los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social. Y, por lo tanto, o pagan más o cobran menos. De algún sitio hay que sacar el dinero, ¿no?
Sin embargo, no es ese el criterio que funciona para la deuda. Más bien es al contrario. No importa cuánta cera haga falta, pero que no pare de arder. No en vano, el artículo 135 de la Constitución, que “blinda” el pago de la deuda, es el mejor aval de la reivindicación de la MERP. El día que se aprobó, se firmó la aceptación por parte del Estado de la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución. Porque si se hace con la deuda…
Dicho de otra manera, cuando se explicaban las razones para aplicar el artículo 135 se ponía como ejemplo el de una familia honrada que paga sus deudas. Y hay dos cosas que una familia honrada siempre, siempre, siempre hace. Una, es pagar sus deudas y no dejárselas a sus hijos en herencia. Y otra es cuidar a sus mayores. Es de bien parido, a medida que los padres de uno envejecen, sentirse orgulloso de hacer lo posible por que tengan la mejor vejez posible, las mejores condiciones de vida, de disfrute y felicidad. Para algo le han parido y le han dado todo a uno. Y cuando no hay, “se busca”.
Solo se puede mejorar
Y esta es la esencia misma del blindaje constitucional de las pensiones. Un muro de contención ante las turbulencias económicas, o las políticas de uno u otro gobierno, que obligue al conjunto de la sociedad, empezando por el poder legislativo y el ejecutivo, a tomar todas las medidas necesarias que aseguren un fuerte sistema público de pensiones que no pierda poder adquisitivo. A partir de ese momento solo puede pensarse en mejorar.
Hay que tener en cuenta que transformar las pensiones en un derecho fundamental cambiaría radicalmente la percepción de las pensiones. Dejarían de ser un derecho condicionado o una expectativa de derecho que depende de cómo se gestione. Nadie aceptaría en nuestra sociedad que se hiciera depender la libertad de una expectativa, o que el derecho de reunión estuviera condicionado por las políticas de uno u otro gobierno. Son derechos que son, y luego se puede mejorar. Tanto es así, que cualquier deterioro o ataque que sufren los llamados derechos fundamentales son vividos con rechazo por una amplia mayoría de la sociedad, sin importar la tradición política a la que se pertenezca o la sensibilidad ideológica que se comparta. Hay cosas que no se tocan: la libertad, la democracia, el derecho de reunión y de organización, la libre sindicación… las pensiones no se tocan.
De tal manera es así, que blindando las pensiones en la Constitución sería impensable, es más, sería delito, cualquier medida que pudiera conducir, por activa o por pasiva, a un proceso de privatización o de pérdida de poder adquisitivo. Los esfuerzos naturales se concentrarían en el mantenimiento del sistema, y las apuestas políticas en su mejora.
Además, cuando en una sociedad se toma la decisión colectiva de blindar un derecho, son los sectores más castigados los que se benefician. En este caso, por ejemplo, las mujeres, que son quienes más sufren el deterioro de las pensiones. El blindaje constitucional de las pensiones supondría un salto cualitativo para las mujeres, que vendrían abrirse la puerta a todos un camino de mejora de sus condiciones de vida, en cumplimiento de un derecho fundamental inalienable.
Se ha abierto el debate
Ahora ya no hay marcha atrás. Es lo que ocurre con la democracia. Cuando se abre una puerta es muy difícil cerrarla. Y ahora la gente sabe que el blindaje constitucional de las pensiones es un terreno que puede transitarse. No se trata de una entelequia, un imposible, una Ítaca o una propuesta política bienintencionada. Es una apuesta de futuro que conecta con un movimiento que aspira a recorrer todas y cada una de las poblaciones del país. Son ya más de 200 localidades las que se han movilizado por el blindaje constitucional de las pensiones, gracias a las 300 organizaciones de la MERP. Sus representantes ya están trabajando la propuesta en el Parlamento Vasco y en el Parlamento de Galicia; pronto, en Las Cortes Valencianas, Las Cortes de Aragón y el Parlamento de Cantabria. Cuanto más se habla, más fuerza cobra. Ahora ya no hay marcha atrás.