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El presidente de la Generalitat Valenciana utilizó el discurso de Año Nuevo para anunciar un draconiano plan de recortes, que impondrá un severo recorte en el gasto sanitario o un nuevo tijeretazo en el sueldo de los funcionarios. Pocas horas después, se conocía la razón de tanto recorte. Subsanar un crédito impagado de 123 millones con el Deustche Bank, y garantizar el pago de los 4.100 millones que el ejecutivo autonómico debe devolver durante 2.012 a los grandes bancos extranjeros y nacionales. Usted tiene que recortarse el salario o renunciar a una mejor sanidad… para que la banca alemana, francesa, norteamericana o española cobre. Esta es la razón última de todos los recortes.
Los presupuestos autonómicos aprobados el pasado 21 de diciembre por las Cortes Valencianas han pasado a la historia. Por encima de la cámara autonómica, los grandes bancos han dictado sentencia.Bastó que el gobierno autonómico retrasara unos días uno de los vencimientos de deuda contraídos con el Deustche Bank, valorado en 123 millones de euros, para que nuevos recortes cayeran sobre nuestras cabezas.La banca alemana quería cobrar “por encima de todo”. Y «llegó incluso a valorarse retrasar los pagos de navidades a los funcionarios para saldar la deuda con el Deustche Bank». Finalmente, el gobierno central tuvo que intervenir, avalando un préstamo puente.Estos 123 millones son sólo una pequeña parte de las deudas contraídas con la gran banca. A lo largo de 2.012, el gobierno valenciano debe saldar vencimientos de deuda por valor de 4.100 millones de euros, en manos de los grandes bancos extranjeros y españoles.Y para que ellos cobren hay que removerlo todo. Por eso, sólo unos pocos días después, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunciaba un salvaje paquete de recortes que pulverizaba los presupuestos que él mismo había aprobado sólo quince días antes.«El mayor tijeretazo será en sanidad, recortando 440 millones» de euros de esta partida social.Además, se recortará una vez más el salario de los funcionarios -especialmente en educación y sanidad, donde se concentran buena parte de ellos-, con lo que pretenden ahorrarse 379 millones de euros.Y nos obligarán a pagar más impuestos, subiendo el IRPF, eliminando la desgravación de la vivienda habitual o subiendo el precio de la gasolina a través de la elevación del “céntimo sanitario”.Son recortes por valor de 1.057 millones de euros, que suponen una reducción del 12,5% respecto a los presupuestos del año anterior. Un tijeretazo mayor que el decretado por el gobierno catalán, y que se ha traducido en cierre de ambulatorios o la introducción del copago.El ejemplo valenciano desnuda la naturaleza de los recortes. Queda claro quien paga -el 90% de la población, recortándonos los salarios o disminuyendo los servicios básicos-. Y quien cobra, la gran banca que se garantiza el pago de los préstamos.