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Una de las preguntas que ya merodea el primer mes de la polémica gestión de Donald Trump al frente de EEUU es: para ejecutar los drásticos cambios que pretende llevar a cabo, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, ¿se atreverá a romper la legalidad vigente? Y, ¿qué consecuencias puede tener esa ruptura? ¿Podría hablarse entonces de un verdadero «golpe de Estado» encubierto?
Un conocido representante del ala más moderada del Partido Republicano recordaba el otro día que ni Ronald Reagan, pese al giro drástico que le impuso al país en su día, llevó a cabo un desafío frontal contra la «legalidad» durante sus dos mandatos. La reflexión y la advertencia es obvia, y demuestra que hasta en las filas de su partido se ha destapado el temor a que Trump vaya más allá de lo que el ejercicio legítimo del poder permite a un presidente y comience una nueva era en la que el mandatario de EEUU tenga la capacidad de gobernar «a lo Putin», imponiendo su voluntad y sus deseos a base de «mandatos» inapelables, entren o no dentro del marco legal del país. En definitiva, que el país camine a convertirse en una especie de tiranía.
Y no ha pasado ni un mes de su nombramiento para que ese temor se convierta en una amenaza inminente. El decreto migratorio aprobado por Donald Trump, que veta temporalmente la entrada en el país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, ha sido el primer aldabonazo en este sentido. Este decreto, aprobado en la tarde del viernes 27 de enero, supuso la revocación inmediata de los visados de unas 60.000 personas que tenían los documentos en regla para entrar en EEUU y provocó un caos en decenas de aeropuertos de todo el país durante aquel fin de semana.«Para la nueva administración americana la «autoridad» del presidente está por encima de la legalidad vigente «
La «orden ejecutiva» dictada por Trump provocó no solo el caos aeroportuario y miles de situaciones dantescas, sino que desató inmediatamente una «guerra» a nivel de la opinión pública, en los medios, en el mundillo político de Washington, en todo el planeta, hasta acabar en los tribunales. En un primer momento, fue una fiscal de Nueva York la que intentó paralizar la orden presidencial, considerándola «ilegal», pero fue destituida de forma fulminante. Sin embargo, una denuncia posterior, presentada por los Estados de Washington y Minessota, conseguía que un juez federal de Seattle, James Robart, la dejara en suspenso como medida cautelar, a la espera de que la Corte de Apelación de California dictamine sobre su legalidad.
La parálisis judicial del decreto desató la furia inmediata de Trump. En el tono «matón» a que ya nos tiene acostumbrados, Trump señaló que si se llegaba a producir un atentado en EEUU, la gente debería mirar a la Justicia como los verdaderos culpables, y apostilló que la justicia americana trabajaba contra los intereses de su propio país (¿una velada acusación de «traición»?). Asimismo, y de forma inmediata, su Gobierno recurría la parálisis judicial de la orden, arguyendo que es un “ejercicio legítimo” de la autoridad del presidente y que su bloqueo por los tribunales menoscaba la seguridad nacional.«Ni Ronald Reagan, pese al giro drástico que le impuso al país en su día, llevó a cabo un desafío frontal contra la ‘legalidad’ durante su mandato»
Tal recurso contiene ya los dos inquietantes ingredientes que han despertado la alarma hasta en los sectores más moderados del partido republicano; por un lado, ni siquiera se refiere a la legalidad o no de la orden ejecutiva; por otro, se cimenta en la defensa de dos pilares más que temibles: la «autoridad» del presidente y la «seguridad nacional».
El recurso gubernamental parece señalar ya muy claramente que para la nueva administración americana la «autoridad» del presidente está por encima de la legalidad vigente. O dicho de otra manera, que el presidente puede dictar órdenes, amparándose en su autoridad, que no tienen que ser necesariamente legales.
Por otro lado, aparece ya claramente el argumento de fondo con el que se pretende justificar ese abandono de la legalidad: la «seguridad nacional», que es sin duda la piedra de toque con la que se quiere dar cabida a toda una serie de medidas que van más allá de lo que el actual marco legal de EEUU permite. Trump quiere ir haciendo ver a los norteamericanos que «por su seguridad» se van a tomar una serie de decisiones y a hacer una serie de cambios que sin duda van a alterar la fisonomía de EEUU. Cierto que muchos presidentes anteriores esgrimieron también el argumento de la «seguridad nacional» para hacer cosas que estaban fuera del marco legal (de hecho Obama permitió a la CIA y otras agencias americanas espiar a ciudadanos americanos dentro de EEUU, lo que a priori no está permitido). Pero sin duda hay una diferencia: y es que Obama y los demás, nunca pretendieron, y menos públicamente, sentar el precedente de que la autoridad del presidente está por encima de las leyes del país, es decir, dar un golpe mortal a la estructura del poder en EEUU.
Esto no acaba más que de empezar. Pero todos los signos indican que podemos estar asistiendo realmente a un cambio sustancial en la cabeza de la única superpotencia del planeta. Un cambio que, por otra parte, de producirse, no se va a llevar a cabo de forma tranquila, sencilla y pacífica. Al contrario. La «guerra» ya está declarada. Y los participantes en este conflicto no son precisamente actores «secundarios». Toda la industria tecnológica de California, con los gigantes Apple, Google, Amazon y Facebook a la cabeza se han sumado a la demanda contra la orden migratoria de Trump, porque afecta gravemente a la configuración de sus propias plantillas, que se nutren con el talento de todo el planeta. ¡Cuatro de las diez más grandes empresas mundiales por capitalización bursátil en rebelión contra el presidente de EEUU!
Y si la batalla interna va a ser dura, en el exterior las cosas no le van a ir mejor. ¡Hasta el Parlamento británico se ha negado a recibir con honores al presidente Trump!, y eso que se supone que la Gran Bretaña del Brexit será el aliado más incondicional de la nueva administración norteamericana. Y en cuanto a su «enemigo principal», China, ésta ya ha declarado que está dispuesta a prepararse para la guerra si EEUU persiste en su política de restringirle el acceso al mar meridional de China.
La presidencia de EEUU ha sido objeto históricamente de luchas y golpes despiadados, incluyendo el asesinato de varios presidentes. La era Trump, como ya se la califica, va a recrudecer al máximo todas estas tensiones y conflictos. ¿Se atreverá Trump a intentar gobernar ignorando la legalidad del país? ¿El país se lo va a permitir? ¿Quiénes serán los vencedores y los vencidos de esa pugna? ¿Esta deriva va a acelerar el ocaso imperial de EEUU? Muchas preguntas en el aire a las que pronto vamos a obtener respuesta.