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En estos dos años y medio el gobierno espera recibir 72.000 millones de euros en subvenciones bajo unas condiciones que se han convertido en un auténtico chantaje: no habrá fondos europeos sin aprobar las reformas que exigen desde Bruselas.
Reformas que implican más recortes en nuestro sistema público de pensiones, más precariedad en los salarios y en las condiciones de trabajo, y más impuestos indirectos como en el IVA que pagamos todos.
Algunos de los cambios planteados por el gobierno son positivos, como el acuerdo para revalorizar las pensiones con el IPC y derogar el “factor de sostenibilidad” para ajustar las pensiones a la esperanza de vida; derogar algunas medidas de la reforma laboral para reducir la temporalidad y las subcontratas; o subir el Salario Mínimo. Pero aunque estas propuestas tengan efectos positivos, las exigencias de Bruselas van mucho más lejos y amenazan con un ajuste aún más duro de las condiciones de vida y trabajo.
Este mismo año 2021, la Comisión Europea quiere cerrar una reforma del mercado laboral “integral y ambiciosa”, manteniendo las reformas laborales que aportan “flexibilidad interna” -como la prioridad de los convenios de empresa para recortar salarios y condiciones de trabajo- y que reducen los costes del despido, medidas de las que se aprovechan sobre todo las grandes empresas con un solo objetivo aumentar sus ingentes beneficios.
En 2022 quieren cerrar la segunda y auténtica fase de la reforma de las pensiones que meta otro recorte a las pensiones públicas mientras se abre el gran camino a la privatización. Retrasando la edad de jubilación que se acerca paso a paso a los 67 años, aumentando a 35 los años para el cálculo de la pensión o imponiendo un nuevo “factor de sostenibilidad”, ahora llamado “mecanismo de solidaridad intergeneracional” pero que, se llame como se llame, no es más que otro mecanismo de recorte. Y mientras tanto imponiendo los llamados “planes de empresa”, auténticos planes privados para poner en manos de bancos y fondos de inversión miles y miles de millones de euros de las pensiones.
La reforma fiscal llegaría en 2023. Una reforma que aún no se conoce, pero lo poco que sabemos es para echarse las manos al bolsillo. Dicen que no es el momento de subir impuestos a las empresas, sobre todo claro a las grandes, bancos y monopolios, pero ya hemos visto como anuncian que se estudian nuevos peajes en las carreteras y subidas de IVA…, impuestos que pagamos todos y castigan a las clases con menos rentas.
Dice Pedro Sánchez que quiere una “recuperación justa” que llegue a las personas. Y cómo ya hemos dicho algunas propuestas del gobierno son positivas. Pero como ya sabemos de “buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. La recuperación y sus beneficios no pueden llegar a las capas populares, las que más sufren los efectos de la doble pandemia, la sanitaria y la crisis económica, si se acepta el chantaje de Bruselas.
Es necesario un compromiso y una acción más decidida con las demandas y medidas que urgen y reclaman las clases populares. Los trabajadores y los pensionistas, autónomos y pymes; los jóvenes y las mujeres, los nacionales de cualquier lugar de España y los inmigrantes…
La recuperación no puede llegar a todos si no se cambian las leyes del mercado laboral impuesto por las reformas que llevan en su ADN la precariedad, el despido libre y gratuito y los bajos salarios.
Si no se Blindan las Pensiones en la Constitución para que ningún gobierno y ley pueda recortarlas o privatizarlas.
Si no se aborda una Reforma Fiscal Progresiva para que Bancos, monopolios, el capital extranjero y las grandes fortunas paguen de acuerdo a sus multimillonarios beneficios y la riqueza que acumulan.
Si no se cortan de raíz los privilegios consagrados en leyes injustas que permiten que monopolios como las eléctricas multipliquen sus ganancias a costa de saquear a la población y estrangular a las pymes.
En definitiva, si no hay una política efectiva de redistribución de la riqueza.
Por eso es necesario multiplicar la exigencia y la movilización social amplia, plural y solidaria, de los ciudadanos, los diferentes sectores y personalidades, movimientos sociales, sindicatos, partidos…, para convertir cada una de las exigencias clave como el blindaje de las pensiones, la subida del salario o la derogación de la reforma laboral en un clamor popular que frene a Bruselas y obligue al gobierno.