Primero fu Vic, y después la ola de detenciones. No hay día que la policía no monte controles en las principales capitales pidiendo la documentación a todo sospechoso de ser inmigrante. Gustavo Fajardo es abogado de AESCO – América, España, Solidaridad y Cooperación.
¿Cuál es su valoración ante el incremento de detenciones de inmigrantes y la circular olicial filtrada en la que se incita a ello? Cuando un Estado se lanza a la calle con las fuerzas de seguridad a identificar extranjeros se están vulnerando los derechos humanos. Estamos ante situaciones xenófobas y racistas. Cuando el Estado cumple su papel de vigilancia no puede ejercer su acción selectivamente contra personas de rostro o acento diferente. Lo que denota es un ejercicio ilegal del derecho de control y seguridad del Estado. Pero es demasiado sospechoso que en sus 29 folios no se haga ni una sola referencia a la sanción económica y únicamente se hable de expulsiones… Los mandos policiales a veces se quejan de que detienen a gente que sale por la otra puerta, pero salen porque tienen que salir. Es ilegal que en España se interne a una persona que no ha cometido ningún delito o falta, por el mero hecho de no tener papeles. Los centros de internamiento son cárceles en las que ahora se retiene a la gente por un período relativamente amplio. Hay una persecución selectiva del Estado a unas personas por su condición de extranjeros. Que en las circulares no se mencione a las personas que sencillamente al ser identificadas no tiene residencia y se les lleva a comisaría… sencillamente es que la policía no puede decidir si se le interna o no. Ningún juez está ordenando el internamiento de personas sin antecedentes penales o que no tenga un juicio pendiente. El internamiento tiene que ser autorizado por un juez. Y otra cosa es que hayan jueces que ejerzan la justicia con rasgos xenófobos. No puede haber un comisario que a sabiendas que esa persona no ha cometido ningún delito la retenga, porque estará vulnerando sus derechos fundamentales. Tenemos más de 400 sentencias que establecen que el internamiento procede cuando la conducta por la cual se detiene a esa persona es grave. ¿A que se debe está política de persecución contra los trabajadores inmigrantes? Con la crisis económica, los partidos han convertido al inmigrante en un elemento culpable de la crisis. Los inmigrantes son carne de cañón, como para mostrar que hay dureza con ellos. Cuando hay crisis se le echa la culpa a alguien. Incluso con la Ley de Extranjería que se aprobó ha salido el PP a oponerse a que se mantenga “el arraigo” como si hubiera que hacer expulsiones masivas. Ante la proximidad de procesos electorales y el desempleo “habrá que aplicar una política radical contra los inmigrantes”. Unos plantean que hay que expulsarlos y otros, para justificar que sí los están persiguiendo, lanzan operaciones policiales. Esto tiene un efecto psicológico, porque cuando uno pasa por el metro y ve que la policía tiene arrinconados a diez o quince inmigrantes lo primero que uno piensa es que son delincuentes, porque ¿a quién detiene y pone contra la pared la policía?, pues a los delincuentes. Cuando un ciudadano ve que un policía está identificando a un inmigrante, piensa que es sospechoso de un delito. Esta circular responde a una concesión del Gobierno a los sectores de ultraderecha que están reclamando expulsiones masivas. Hemos oído del Fiscal Jefe de Madrid que la criminalidad es culpa de los inmigrantes, lo que es absolutamente falso. Confunden a la gente utilizando al débil, al inmigrante. Cuando ocurrió lo del ayuntamiento de Vic, proponiendo denunciar a los inmigrantes sin papeles que fueran a empadronarse, y el Gobierno salió a decir que eso no se podía hacer. Pero ahora el Gobierno hace lo mismo de manera encubierta. El Ministerio del Interior trata de consolar a los que piden mano dura, y que se saque a miles de personas del país en avión. Es como cuando la policía hace campañas para que el ciudadano se sienta más seguro. Es una forma de compensar las críticas que le vienen por otro lado. Pero hay una realidad material contundente. Los inmigrantes han supuesto un 30% del PIB y los empresarios demandando más fuerza de trabajo extranjera. Y ahora que viene la crisis sobran porque son mercancía “sobrante”… Sí. Pero nadie puede justificar desde ningún punto de vista la expulsión, porque incluso en un evento en el que estuve con expertos en economía aplicada de la Universidad Autónoma y de la Universidad de Salamanca decían que es un error que el Estado se deshaga de centenares de miles de personas que están en edad productiva y que se han hecho a unas técnicas de trabajo, cuando España en cinco o seis años, o Europa va a necesitar 10 millones de trabajadores. Esos trabajadores se han integrado, han aprendido el idioma y las técnicas, y eso es un capital humano asombroso. Son trabajadores cualificados que a España no le han costado ni un céntimo formarlos, ni enseñarles a leer y escribir. España ha obtenido trabajadores cualificados sin haberse gastado una hora de clase de Primaria, Secundaria, Bachillerato… que además significa un saqueo de la riqueza de los países de origen. España obtiene un doble beneficio: una fuerza tenaz deseosa de trabajar y que no le cuesta ni un céntimo. Desde el punto de vista económico es un error. Es una campaña en la que se dice que como viene la crisis “estos que se vayan”. Y la gente no se va porque está integrada o tiene un trabajo a tiempo parcial, y porque los que están cobrando el paro no están cobrando una ayuda social, sino un seguro que han pagado durante toda su vida laboral. Realmente hablamos de un mismo problema que nos afecta a todos. Porque primero fue lo de Vic y las campañas de detención, y ahora han llegado las medidas del Gobierno que empiezan por recortar las pensiones… ¿no estamos ante una ofensiva para cargar las pérdidas de la crisis sobre los sectores más desfavorecidos y después sobre el conjunto de trabajadores? Todas la crisis las han pagado los pobres. Hemos visto como a la banca se le entregan centenares de miles de millones de euros por parte de todos los Gobiernos, el Banco Central Europeo les hace descuentos permanentes, se les inyecta dinero… magnanimidad con los que han generado la crisis y ganaron dinero como nunca en la vida. Cuando llega la crisis un margen de ganancia del 15% no sirve, cuando se ha tenido del 90%, entonces se despiden trabajadores y se reclama que no se les de paro, ni prestaciones sociales… en Europa se está exigiendo un control del gasto de los Estados para impedir y recortar las ayudas sociales a las familias. Pero por otro lado claman la reducción de impuestos de las empresas. No nos llamemos al engaño, estos gobiernos representan los intereses de las grandes empresas y de las multinacionales. Los Gobiernos no son inocentes.