Cargando...«En lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados -todos ellos- por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos».
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, odrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones. (PÚBLICO) EL CONFIDENCIAL.- El poder adquisitivo de los españoles es cada vez menor y todo apunta a que va a mantenerse esta tendencia. A falta del último trimestre del año para hacer un balance con los datos definitivos, los salarios van a subir menos que la inflación. Esta caída del poder adquisitivo va a tener su traducción inmediata en el consumo, necesario para la activación de la economía. Durante una intervención en Logroño la semana pasada, el líder sindical ya advirtió que “es necesario impulsar una recuperación de la economía y el consumo a corto”, más teniendo en cuenta que el aumento de precios puede llegar a ser más del doble que el crecimiento económico. EL PERIÓDICO.- Tras año y medio de crisis griega, el mundo entero está pendiente de Europa ante el temor de que su incapacidad manifiesta para gestionarla acabe desencadenando una nueva crisis sistémica similar a la de Lehman Brothers. La presión de EEUU ha sentado muy mal en Europa, pero la realidad es que el teléfono rojo de Washington es lo único que hace entrar en razón a Angela Merkel. EL MUNDO.- Jamás un quebranto financiero tan grande obtuvo una recompensa tan extraordinaria. La cúpula directiva de la CAM, la misma que con su gestión condujo a la cuarta caja de ahorros de España a la bancarrota, se embolsó 13,3 millones de euros en indemnizaciones justo antes de que la entidad fuese intervenida por el Banco de España. Dos meses después del rescate, el supervisor destapó unas pérdidas de 1.136 millones de euros en el primer semestre de 2011. El Estado ha tenido que inyectar 2.800 millones para recapitalizar la caja y prestarle 3.000 millones para que atienda sus problemas de liquidez. Unos números que no impidieron que sólo cinco ejecutivos de alto rango accedieran a repartirse 13,3 millones en indemnizaciones. Opinión. Público Hay alternativa a los recortes Vicenç Navarro Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya. Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza. Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos. O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones. O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos. El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada). El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más afectadas por los recortes. PÚBLICO. 29-9-2011 Salarios. El Confidencial Los españoles, cada día más pobres: los salarios no suben al mismo ritmo que los precios M. Igartua El poder adquisitivo de los españoles es cada vez menor y todo apunta a que va a mantenerse esta tendencia. A falta del último trimestre del año para hacer un balance con los datos definitivos, los salarios van a subir menos que la inflación. El Índice de Precios al Consumo ha registrado su primera subida en cuatro meses hasta situarse en septiembre en el 3,1% interanual, una décima más que en agosto, según el dato adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el repunte del crecimiento salarial inicialmente pactado en 2011 se sitúa de media en el 2,7% conforme a los datos recogidos por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Además, existen grandes diferencias entre sectores: mientras que la Industria registra el mayor incremento con un 3% de subida, la administración pública, defensa y Seguridad Social sólo experimentaran una subida obligatoria del 0,2%. Por otro lado, los convenios de empresa serán los que registren el menor crecimiento salarial, del 1,8% frente al 2,7% de los de ámbito superior. A toda esta situación hay que añadir el hecho de que el número de convenios, empresas y trabajadores se reduzca previsiblemente respecto a años anteriores como consecuencia de la crisis económica. Según el secretario general de UGT, Cándido Méndez, el 59% de los convenios colectivos que debían revisarse en 2011 se han cerrado todavía y un 40% de los que debían renovarse en 2010 tampoco lo hicieron. Una situación que responde a la priorización del empleo frente a la subida salarial en un país que tiene ya más de 4 millones de parados. Esta caída del poder adquisitivo va a tener su traducción inmediata en el consumo, necesario para la activación de la economía. Durante una intervención en Logroño la semana pasada, el líder sindical ya advirtió que “es necesario impulsar una recuperación de la economía y el consumo a corto”, más teniendo en cuenta que el aumento de precios puede llegar a ser más del doble que el crecimiento económico. EL CONFIDENCIAL. 29-9-2011 Banca. El Mundo Cinco jefes de la CAM cobraron 13 millones antes de la intervención F. D. González / J. E. Maíllo Jamás un quebranto financiero tan grande obtuvo una recompensa tan extraordinaria. La cúpula directiva de la CAM, la misma que con su gestión condujo a la cuarta caja de ahorros de España a la bancarrota, se embolsó 13,3 millones de euros en indemnizaciones justo antes de que la entidad fuese intervenida por el Banco de España. Dos meses después del rescate, el supervisor destapó unas pérdidas de 1.136 millones de euros en el primer semestre de 2011. El Estado ha tenido que inyectar 2.800 millones para recapitalizar la caja y prestarle 3.000 millones para que atienda sus problemas de liquidez. Unos números que no impidieron que sólo cinco ejecutivos de alto rango accedieran a repartirse 13,3 millones en indemnizaciones. Los beneficiarios de tan jugosas indemnizaciones son Roberto López Abad, ex director general de la caja y al que todas las fuentes apuntan como primer responsable de su desaguisado; Vicente Soriano, jefe de Recursos Humanos; Joaquín Meseguer, responsable de Participaciones Empresariales; Agustín Llorca, director general adjunto, que abandonó la entidad un día antes de su intervención por el Banco de España, y Gabriel Sagristá, director de la zona Norte. Los cinco se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE) que puso en marcha la CAM este mismo año después de haber sido los máximos responsables de una gestión que ha llevado a la entidad a una morosidad del 51% con el sector inmobiliario, pérdidas de 1.136 millones en apenas seis meses y una posición de liquidez que obligó al Banco de España a rescatarla. López Abad se fue con 5,8 millones de euros brutos bajo el brazo. La que fue su sucesora, María Dolores Amorós, que iba a permanecer en la entidad, intentó blindar su futuro pactando con el ex presidente Modesto Crespo una pensión anual de casi 370.000 euros. Amorós, que ha sido despedida por los administradores del Frob, buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente mientras ocupó el cargo de directora general. Ése es, al menos, el juicio de los interventores del Banco de España. La ex directora general de CAM ocultó al consejo de administración de la caja la espectacular subida que experimentó su sueldo nada más acceder al cargo, en noviembre de 2010 (pasó de 350.000 a 593.000 euros al año), así como el resto de jugosos complementos que iban aparejados a su contrato. Varios ex miembros del órgano de gobierno de la entidad, consultados ayer por este diario, coincidieron en que el consejo nunca fue informado del incremento salarial que Amorós pactó con el presidente, Modesto Crespo. Ni el sueldo de Amorós ni su pensión pasaron por la Comisión de Retribuciones, presidida por el secretario del consejo de administración, José Forner. Esta comisión tiene como misión informar al consejo sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros de los órganos de gobierno y el personal directivo. Entre sus funciones figura «conocer e informar sobre los criterios generales de retribución de altos directivos» y «conocer e informar sobre el sistema general de incentivos anuales o retribución variable de aplicación al personal de Caja Mediterráneo». En vista de los acontecimientos, todo este proceso fue obviado. Fue Modesto Crespo quien, haciendo uso de la competencia que le atribuyen los estatutos de la caja, fijó el sueldo de la primera directiva de la CAM, incluso, antes de que la asamblea general de la caja ratificara el nombramiento de Amorós. Además de subirse el sueldo, a Amorós también le dio tiempo, en su breve estancia en la dirección general, a ascender a su hermana, empleada de la CAM, a la cúpula de la entidad. El pasado abril, tras la ruptura de la fusión con CajAstur, Amorós rediseñó el equipo directivo y al mismo ascendió a su hermana, Luisa Esperanza Amorós, a quien colocó en la la dirección de Particulares. Todos estos elementos van a formar parte del expediente administrativo que el Banco de España está elaborando contra el equipo directivo y el consejo de la entidad. Fuentes financieras apuntan que, además de la vía administrativa, hay suficientes indicios de delitos penales, por lo que el Banco de España optará por, una vez concluido el expediente, elevarlo a la Fiscalía para que inicie la oportuna investigación y depure responsabilidades. Mientras tanto, continúa el proceso de adjudicación de la caja. Ayer concluyó el plazo para que los interesados presentarán ofertas no vinculantes por una entidad que suma 70.000 millones de euros en activos. Según fuentes financieras consultadas por este diario, en la lista de ofertantes aparecen el Santander (que acometería la integración a través de Banesto), BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja y Barclays. A ese listado se podría sumar algún fondo de inversión, como ya sucedió en el caso de CajaSur, aunque difícilmente el Banco de España se inclinará por entregarles la caja a ellos. Ahora es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) el que debe analizar las propuestas recibidas. En función de las solicitudes que hayan realizado los interesados, el fondo reformulará las condiciones para quedarse con la entidad. Inicialmente había incluido un esquema de protección de activos para cubrir las pérdidas de los créditos más tóxicos de la caja y ayudas para financiar sus problemas de liquidez. EL MUNDO. 29-9-2001 Opinión. El Periódico Desconcierto europeo José Carlos Díez Tras año y medio de crisis griega, el mundo entero está pendiente de Europa ante el temor de que su incapacidad manifiesta para gestionarla acabe desencadenando una nueva crisis sistémica similar a la de Lehman Brothers. La presión de EEUU ha sentado muy mal en Europa, pero la realidad es que el teléfono rojo de Washington es lo único que hace entrar en razón a Angela Merkel. Recordemos que, tras cuatro meses negando cualquier plan de ayuda, accedió a aprobar el de Grecia en mayo del 2010 después de una llamada personal de Obama a la cancillera con la bolsa de Nueva York a punto del colapso aquella noche. Hace dos semanas, cuando se filtró que los alemanes habían perdido la cabeza y tenían intención de cortar la financiación a Grecia, la intervención de Timothy Geithner también fue fundamental para presionar a los líderes europeos y evitar lo que habría sido un gran error histórico. No obstante, los europeos hemos evitado el riesgo de crisis sistémica y parece que Merkel está convencida de reestructurar la deuda griega dentro del euro y con apoyo financiero de los socios, pero seguimos sin tener un plan claro de cómo actuar y eso se traduce en incertidumbre y elevadas primas de riesgo en los mercados. Decía Sun Tzu que «la estrategia sin táctica era el camino más lento para la victoria, pero la táctica sin estrategia era el camino más seguro para la derrota». La estrategia para resolver la crisis griega se pactó en julio en una cumbre extraordinaria. La hoja de ruta era correcta, pero insuficiente, ya que, tras la reestructuración pactada con bancos y aseguradoras, la deuda griega no retornaba a la senda de estabilidad. El acuerdo era sobre un tercio de la deuda pública, y la quita del 21%, por lo que solo conseguía reducir el 7% el total de la deuda. En Grecia la situación social es insostenible y ya se habla de ampliar la reestructuración al 100% de la deuda y la quita al 50%. Parece una exageración, pero los precios de los bonos ya descuentan escenarios peores por lo que, si se hace bien, asesorados por expertos en este tipo de negociaciones, en pocos meses los griegos podrían estar de nuevo emitiendo bonos en el mercado. Esos nuevos bonos deberían llevar el respaldo de los socios y aquí entran en juego los eurobonos. Pero Merkel, en vez de la cancillera, parece la líder de la oposición. Dice que tiene un plan, pero no lo enseña. Las malas lenguas dicen que no hay plan y que improvisa uno cada día, y solo sabe decir que no a todas las propuestas que se hacen. Para puentear a Merkel, el presidente de la Comisión afirmó ayer que en breve presentarán una propuesta de eurobonos y les llamó «bonos de la estabilidad». Para contentarla, sale con la manida tasa Tobin, que es como si a un enfermo terminal le proponen hacerle la manicura. El tiempo de los planes ya pasó, hay que resolver la crisis griega y acabar con el contagio. Cuando oigas a Merkel decir que no, fíjate en su cabeza y estará asintiendo. En pocas semanas va a tragar con el paquete completo: quita, eurobonos, monetización de deuda, etcétera. EL PERIÓDICO. 29-9-2011