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Una parte de los fondos destinados a la ley premiarán las «evaluaciones», pero no la ayuda efectiva. Aunque en España hay unas 628.614 personas evaluadas, pero 262.607 de estas siguen sin estar atendidas. Una de las primeras medidas de la nueva ministra de sanidad, Trinidad Jiménez, es repartir un 20% de los fondos destinados por el gobierno central a financiar la Ley de Dependencia según el número de evaluaciones hechas en cada comunidad autónoma.
Para el 80% de los resupuestos el criterio continuará siendo el número de habitantes, para el 20% de la partida se repartirá en función de las personas evaluada: quienes ya han sido registradas como beneficiarias de una ayuda aunque todavía no la estén percibiendo. Por tanto, una parte de los fondos destinados a la ley premiarán las “evaluaciones”, pero no de la ayuda efectiva. Se calcula que en España hay ya 628.614 personas evaluadas, pero 262.607 siguen sin estar atendidas. En Canarias el 80% de los dependientes están evaluados, pero no están atendidos. Sin embargo esta Comunidad recibirá los presupuestos completos porque cumple con las evaluaciones. Ocurre algo similar en Baleares con un 65% de personas evaluadas o un 75% en Murcia. Tres años después de su inició la media española de dependientes sin prestación es de 41,78% y 11 comunidades superan esa cifra. ¿Hay que potenciar la “evaluación” o la “atención” a los dependientes? Con una medida de este tipo se fomenta el burocratismo y la ineficacia de la que han hecho gala muchas comunidades autónomas -no todas- que no tienen ninguna voluntad política para llevarla adelante. Pero, además, si no están llegando las ayudas a lo dependientes ¿dónde han ido a parar los presupuestos que estos años ha destinado el gobierno central? Por otra parte ¿han aportado todas las comunidades el 50% que les correspondía para financiar la aplicación de la Ley? Los datos de dependientes atendidos varían bastante de una comunidad a otra. Este año, las comunidades autónomas recibirán del Gobierno casi 1.600 millones de euros para aplicar la Ley de la Dependencia. ¿No se deberían fiscalizar la gestión de los fondos otorgados durante estos años y hacer un balance antes de continuar con el derroche de dinero que finalmente -en muchos casos- no llega a los dependientes? Para la muestra un botón. En Elche, sólo el 2,09% de las solicitudes presentadas tienen una resolución. De este pequeño porcentaje de expedientes valorados, muy pocos están percibiendo las ayudas a las que tienen derecho tras su valoración. Por si fuera poco, el 7,6% de las personas que han solicitado la aplicación de la ley en Elche ya han fallecido, tras dos años de espera en su aplicación. La medida del Ministerio de Sanidad y Política Social no va -en lo absoluto- a resolver los principales problemas de la ley que -tres años después de su entrada en vigor- continúa siendo un desastre. A este ritmo, además, será imposible alcanzar los objetivos de la Ley: su plena implantación para el 2015 y, más importante con la crisis, la creación de 300.000 puestos de trabajo en toda España.