Segundo pago de Rajoy a Obama

España está a la vanguardia en la lucha contra la impunidad, y se ha convertido en un referente mundial en la persecución de genocidas globales. Con esto quiere acabar el gobierno de Mariano Rajoy, impulsando una reforma que enterrarí­a definitivamente la justicia universal. Nos dicen que la razón fundamental es la de evitar conflictos con Pekí­n, impidiendo que prospere la causa contra el genocidio en el Tí­bet impulsada por la Audiencia Nacional. Pero la realidad es otra. El hermano de José Couso, cámara español asesinado por las tropas norteamericanas durante la guerra de Irak, denuncia que «esta reforma es propia de un gobierno lacayo de EEUU». Washington lleva años presionando para quebrar el avance de una justicia universal que cuestiona su impunidad. Y en otro signo de sumisión, Rajoy está dispuesto a entregársela. Serí­a el «segundo pago» tras reunirse con Obama, a unir a la ampliación de la presencia militar yanqui en Morón.

Jueces ara la Democracia ha denunciado que esta reforma “no pretende una mejor regulación de la jurisdicción universal, sino enterrarla definitivamente”.En caso de aprobarse, los jueces españoles sólo podrían investigar delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las leyes de la guerra cuando “el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o que se encontrara en España”. «Estamos ante un nuevo y vergonzoso ejemplo de sumisión, que liquida la imagen internacional de España justo donde éramos vanguardia»Con estos cambios que Rajoy pretende aprobar, Garzón no habría podido detener a Pinochet.De un plumazo, todos los casos donde jueces españoles persiguen los crímenes de las grandes potencias quedarían archivados.El juez Pedraz –que se ha enfrentado al boicot norteamericano, que ni siquiera ha cumplido los convenios bilaterales- no podría seguir investigando el asesinato de José Couso a manos de los militares norteamericanos que dispararon contra el Hotel Palestina de Bagdad, donde se alojaba la prensa.También se daría carpetazo a la causa que investiga las torturas en Guantánamo, o a la juzga los “vuelos de la CIA”.Lo mismo pasaría con el asesinato del sacerdote español Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador, o del diplomático español Carmelo Soria, ajusticiado en Chile por agentes de Pinochet, así como la persecución de la desaparición de cientos de activistas saharauis tras la entrada del Ejército marroquí en la excolonia española.Tan sólo podría seguir vivo el proceso contra el exministro del Interior guatemalteco Carlos Vielman, acusado de ejecuciones extrajudiciales en su país, gracias a que se nacionalizó español.Detrás de todos estos crímenes está EEUU. La superpotencia yanqui necesita impunidad para que nadie limite su hegemonía. Por eso, como desvelaron los cables de Wikileaks, la embajada norteamericana lleva años exigiendo a los sucesivos gobiernos españoles la liquidación de la justicia universal.En 2009, Rajoy y Rubalcaba ya pactaron un primer recorte de la jurisdicción universal, para evitar que se juzgase a Israel como responsable de los bombardeos sobre Gaza.Pero aquel hachazo mantuvo la posibilidad de actuar en casos en que hubiese “algún vínculo de conexión relevante con España”. Y por esa rendija se colaron los defensores de la jurisdicción universal.Ahora Rajoy quiere cegarla de la forma más expeditiva. Gracias a la abstención de CiU –se enfrentan por la consulta o las balanzas fiscales, pero cuando se trata de defender al imperio unen fuerzas-, el PP aprobará la reforma presentando una reforma de ley, una vía que facilita su aplicación inmediata.Estamos ante un nuevo y vergonzoso ejemplo de sumisión, que liquida la imagen internacional de España justo donde éramos vanguardia.Tras la reunión de Rajoy con Obama en Washington se anunció la ampliación de la presencia militar norteamericana en la base de Morón. Ahora le toca el turno a la justicia universal, el “segundo pago” al emperador.