Cargando...Bajo la Ley de Caducidad se ampararon los militares y policías represores de la dictadura, pero el Congreso uruguayo ha declarado inconstitucional esta infame norma.
Hace una semana el residente Tabaré Vázquez también había declarado inconstitucional la amnistía, aprobada por el Congreso y ratificada por un referéndum a finales de los ochenta.Ahora es el turno de la Corte Suprema uruguaya que tiene la última palabra.El cambio de la legislación fue impulsado por Frente Amplio, el primer gobierno de izquierdas en el país. Y hasta su llegada al gobierno, en el 2005, no había ni uno solo de los execrables crímenes de la dictadura juzgados.Desde hace décadas la sociedad uruguaya demanda el procesamiento de todos los responsables –militares y civiles– de los miles de asesinatos, secuestros y torturas cometidos entre 1973 y 1985, durante la dictadura.La dictadura en Uruguay formó parte del denominado “Plan Cóndor” de Washington para el Cono Sur. Cientos de miles de personas en Chile, Argentina o Brasil sufrieron también las terribles consecuencias de la limpieza política e ideológica.Se trata de un paso importante en Uruguay que debe abrir las puertas para el fin de la impunidad y para llegar no sólo a los ejecutores sino hasta los últimos responsables sentados en algún despacho de la Casa Blanca.