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Las maniobras jurídico-político-mediáticas que tienen como objetivo impedir la vuelta de un gobierno del PT se van a recrudecer conforme se acerque la fecha electoral.
A un año del impeachment golpista que desalojó a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, las feroces políticas antipopulares del gobierno de Michel Temer han arrojado al barro su índice de popularidad a un año de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el candidato favorito en las encuestas, Lula da Silva, es acusado por presunta corrupción en el caso Petrobras.
«No solicité, no recibí, no pagué ningún triplex. No tengo ningún apartamento en Guarujá», declaró Lula ante Sergio Moro, el juez federal responsable del caso ‘Lava Jato’. La fiscalía le acusa de hacer recibido un apartamento de lujo en su etapa presidencial, como presunto pago por favores de la constructora OAS, basándose en el testimonio de 77 exdirectivos de la empresa Odebrecht, que se sumaron a un acuerdo a cambio de reducción de condena por la colaboración con el fiscal.
Es el último episodio de un culebrón judicial que tiene como objetivo minar el enorme prestigio popular del que fuera presidente de Brasil entre 2003 y 2011, y máximo artífice de las políticas redistributivas que elevaron espectacularmente el nivel de vida de las clases populares, que hicieron que Brasil ganara cotas desconocidas de soberanía nacional frente a los centros de poder imperialistas -en especial de Washington- y que lanzaron a la economía carioca a los primeros puestos del PIB mundial.
A pesar del acoso jurídico-mediático, Lula lidera las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2018 -en las que será el candidato del PT- con una intención de voto de casi el 40% y una distancia de más de 12 puntos sobre su inmediato perseguidor, Aécio Neves del PSDB.
La robusta popularidad de Lula contrasta con la del actual presidente de Brasil, Michel Temer, que llegó al poder gracias a un polémico juicio político contra Dilma Rousseff, acusada (sin pruebas) de corrupción. Ahora que se cumplen 365 días de la usurpación de Temer del sillón presidencial, su gestión sólo es aprobada por el 8% de los brasileños. El grado de hostilidad popular contra el gobierno ilegítimo del PMDB -expresado en la reciente y masiva huelga general- ha sido ganado a pulso.«El grado de antagonismo entre los intereses oligárquico-hegemonistas que sostienen a Temer y los de la mayoría de las clases populares es tal, que el impeachment no ha cesado ni puede cesar»
Temer ha impulsado en un año un récord de ataques contra las condiciones de vida y trabajo de las clases populares brasileñas: desmantelando políticas señeras del PT como el Programa de Adquisición de Alimentos, dejando a 40.000 agricultores y 2000 cooperativas sin poder optar a esta ayuda de quien les compraba sus productos; o como el programa habitacional ‘Minha casa, Minha vida’, dejando a 6 millones de familias sin derecho a una vivienda digna; o como ‘Bolsa Familia’, impidiendo que cinco millones de familias pobres accedieran a una ayuda mensual. El presupuesto a las universidades públicas ha sido recortado a la mitad, y ha impulsado una ola de privatizaciones sin precedentes, vendiendo aeropuertos, carreteras y multitud de empresas públicas a grandes capitales extranjeros y nacionales. Pero las más antipopulares de sus políticas son la reforma laboral, que pone a los trabajadores a los pies de los caballos de las grandes empresas, y una reforma de las pensiones rechazada por el 93% de los brasileños.
El grado de antagonismo entre los intereses oligárquico-hegemonistas que sostienen el gobierno de Temer, y los de la mayoría de las clases populares que respaldan al PT es tal, que el impeachment no ha cesado ni puede cesar. Sus maniobras jurídico-político-mediáticas van a ir en aumento conforme nos acerquemos a las urnas de 2018.