Por una exigua mayoría, de seis magistrados contra cinco, y en respuesta a un requerimiento presentado por Vox, el Constitucional ha anulado algunas de las medidas relativas al confinamiento, del decreto que el 14 de marzo de 2020 estableció el estado de alarma para contener la pandemia.
El alto tribunal considera que el conjunto de medidas adoptadas por el gobierno para contener la pandemia fueron proporcionadas al riesgo sanitario existente, y fueron similares a las adoptadas por el resto de países europeos.
Lo que objeta es que las medidas de confinamiento que suspendían tres derechos fundamentales -libre circulación por el territorio, fijación del domicilio, al impedir los desplazamientos, y el de reunión entre particulares, al prohibir todo encuentro incluso con familiares- no podrían aprobarse solo con el estado de alarma, y necesitaban recurrir al estado de excepción.
Hay una discusión jurídica, sobre la que no existe unanimidad entre los expertos. Pero hay otra cuestión más importante: salvar vidas. Según un estudio publicado por la revista Nature en junio del año pasado, las medidas de confinamiento salvaron 450.000 vidas en España y tres millones en Europa.
Esto es lo que de verdad importa.
La decisión del Constitucional añade más confusión jurídica, en un momento donde es necesario tomar medidas para contener la quinta ola de la pandemia. A lo que se une que, si en un futuro hay que recurrir a un confinamiento, será necesario aprobar un estado de excepción, cuya implantación no es tan rápida, y que recorta más los derechos y libertades que el de alarma.
Será más difícil tomar las medidas necesarias para contener la pandemia. Y eso se traduce en vidas, salvadas o no.
En ningún otro país de Europa se discute la legalidad del confinamiento ni se cuestiona la actuación del gobierno en la pandemia.
Pero ya han aparecido en España quienes pretenden utilizar esta decisión del Constitucional para crear más división y enfrentamiento.
Algunos anuncian que “el Constitucional da la razón a Vox” y “declara ilegal el estado de alarma”. Es solo verdad en parte, y ya sabemos lo que significa una verdad a medias.
El Constitucional solo ha aceptado una parte de las demandas de Vox, y solo ha anulado una parte del decreto del estado de alarma, en concreto tres apartados de uno de sus artículos.
No se puede plantear que la anulación del confinamiento supone que imponía poco menos que una “dictadura constitucional”. Si el Constitucional lo ha anulado es por un defecto de forma -no recurrir para ello al estado de excepción- y no de fondo.
También falta a la verdad afirmar que el gobierno no recurrió al estado de excepción porque necesita la aprobación previa del parlamento, y “este gobierno no quiere que el parlamentarismo limite sus poderes”. El gobierno se presentó cada quince días ante el parlamento para someter a votación el estado de alarma. Ningún gobierno europeo lo ha hecho. En ningún país de nuestro entorno el parlamento ha podido controlar tanto al gobierno durante la pandemia.
Enfrentar la pandemia con éxito requiere unidad y solidaridad. Y ni mucho menos hemos derrotado por completo al virus. Basta repasar el aumento de contagios en casi todo el país. Crear división y enfrentamiento, utilizando la pandemia como arma política para desgastar al gobierno es trabajar a favor del virus, y en contra de los intereses más básicos de la población.