Cargando...«Una causa que ha contribuido a esta situación han sido las políticas fiscales llevadas a cabo en la mayoría de aquellos países. La enorme disminución de la progresividad fiscal, que ha beneficiado principalmente a las rentas superiores, ha sido uno de los factores que han facilitado más tal concentración de las rentas».
Esta situación ha creado un gran malestar entre la oblación, que considera en su mayoría que las desigualdades sociales hoy son excesivas (alrededor de un 72% de los ciudadanos de los países de la OCDE). Porcentajes semejantes de la población añaden que tales desigualdades no están basadas en el mérito. En otros países (excepto España, donde la falta de diversidad ideológica en los medios de mayor difusión es muy acentuada), se está planteando que, de la misma manera que hay un salario mínimo, debiera haber un salario máximo que evitara la enorme concentración basada en el poder económico y político que tal concentración determina. Todo este poder económico quiere decir poder político. Y ahí está la necesidad de reducir el primero para democratizar al segundo. (PÚBLICO) PRENSA CATALANA.- Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya. La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. EL MUNDO.- El Mundo contestará mañana con todo detalle al inaudito editorial conjunto con el que 12 periódicos catalanes tratan de presionar hoy al Tribunal Constitucional, pero una primera lectura arroja la inmediata conclusión de que es imposible acumular más falacias en menos espacio. No, aquí no está en juego «la dignidad de Catalunya», como dicen estos colegas, sino la pretensión de una oligarquía política de controlar a la sociedad catalana a través de un Estatut diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática. Opinión. Público Salario mínimo, salario máximo Vicenç Navarro Como consecuencia del desarrollo de las políticas públicas liberales realizadas desde comienzos de la década de los años ochenta (iniciadas por los gobiernos de Thatcher en Gran Bretaña y por el presidente Ronald Reagan en EEUU, y extendidas más tarde a la mayoría de países de la OCDE) hemos visto una espectacular concentración de las rentas en los sectores más pudientes de cada sociedad, produciéndose una enorme polarización entre los ricos y todos los demás. Así, en EEUU, en el año 1974, el 1% más rico de la población (que ingresaba como promedio 380.000 dólares al año), pasó a ingresar 1,4 millones de dólares en el año 2007 (después de descontar la inflación). Para el 90% de la población, el crecimiento de la renta individual, sin embargo, fue minúsculo. La diferencia entre lo que ingresaba en 1974 y en 2007 fue sólo de 47 dólares al año. Es más, mientras la renta del 1% de la población (top income) era 12 veces el promedio del 90% de la población en 1974, en 2007 pasó a ser 42 veces mayor (datos del informe “Reversing The Great Tax Shift” del Institute for Policy Studies, abril de 2009). Este 1% de la población que goza de mayor renta son los miembros de lo que en EEUU se llama la Corporate Class, término que se utiliza en lugar de la expresión más europea de “burguesía”. Pero lo que es todavía más llamativo es que el 10% con mayores ingresos de este 1% (es decir, los super ricos) han visto crecer sus ingresos a niveles astronómicos, llegando a ser sus rentas 500 veces superiores al promedio de renta del 90% de la población. Una causa que ha contribuido a esta situación han sido las políticas fiscales llevadas a cabo en la mayoría de aquellos países. La enorme disminución de la progresividad fiscal, que ha beneficiado principalmente a las rentas superiores, ha sido uno de los factores que han facilitado más tal concentración de las rentas. El presidente Obama está intentando subir la tasa de impuestos de los más ricos, recuperando el 39,6% que tenían antes de que Bush lo bajara. Pero, aun cuando consiguiera que el Congreso aprobara este aumento, hay que darse cuenta de que este porcentaje es la mitad (sí, repito, la mitad) de lo que tales ricos pagaban durante la Administración Eisenhower en los años cincuenta. Esta situación ha creado un gran malestar entre la población, que considera en su mayoría que las desigualdades sociales hoy son excesivas (alrededor de un 72% de los ciudadanos de los países de la OCDE). Porcentajes semejantes de la población añaden que tales desigualdades no están basadas en el mérito. La mayoría de las poblaciones de tales países no cree que nuestras sociedades sean meritocráticas. Consideran que los ricos consiguen su opulencia (en parte heredada) a base de contactos políticos y sociales que facilitan la acumulación de sus rentas y bienes. De ahí que consideren injustas tales desigualdades. Como consecuencia de esta percepción, han aparecido en muchos países movimientos de protesta en contra de los ricos y de la ostentación de la riqueza. En un editorial, el Financial Times aconsejaba a los banqueros dejarse la corbata y el traje a rayas en casa, medidas que sugería para su protección (02-06-09). Estos movimientos están teniendo un impacto. Así, el Congreso de EEUU está explorando la posibilidad de que se apruebe una ley que prohíba al Gobierno federal establecer contratos o conciertos con empresas cuyos directivos ingresen más de 100 veces el salario promedio de los trabajadores de la empresa. La mayoría de los directivos de la industria militar cobran salarios muy superiores a esta cifra. Así, el presidente de la Lookheed Martin, una empresa militar cuyo cliente más importante es el Departamento de Defensa de EEUU, cobra 26,5 millones de dólares, que es 700 veces más que el salario de un trabajador de tal empresa. Es poco probable que la mayoría del Congreso apruebe esta Ley. Pero la enorme simpatía hacia tal propuesta entre la población estadounidense (un 78% la aprobaría) tiene preocupados a los ricos del país. Los sindicatos estadounidenses están pidiendo que el límite de las rentas superiores sea incluso menor: los dirigentes de una empresa no debieran ingresar más de 25 veces lo que ingresa el promedio de los trabajadores de la misma empresa, principio que proponen sea aplicable a todas las empresas, y no sólo a las concertadas con el Estado. En Gran Bretaña, el secretario general de los sindicatos británicos, Brendan Barber, ha pedido al Gobierno que establezca una comisión del Parlamento que estudie las causas de esta exuberante polarización de las rentas y establezca un máximo de ingresos para cualquier persona en Gran Bretaña. Y lo mismo está ocurriendo en otros países (excepto España, donde la falta de diversidad ideológica en los medios de mayor difusión es muy acentuada), en los cuales se está planteando que, de la misma manera que hay un salario mínimo, debiera haber un salario máximo que evitara la enorme concentración basada en el poder económico y político que tal concentración determina. Uno de los argumentos para aprobar el salario máximo es, precisamente, enriquecer a la democracia, hoy sumamente limitada por el excesivo poder de los grupos y clases sociales con mayor renta. La evidencia existente muestra que los países donde hay más corrupción del poder político son aquellas sociedades con mayores desigualdades de renta. EEUU es un ejemplo de ello. Los miembros de la Corporate Class son los que principalmente financian las campañas electorales. Incluso en el caso del candidato Obama, las aportaciones del mundo empresarial y financiero supusieron la gran mayoría de los fondos utilizados en su campaña. Las aportaciones individuales –la mayoría, por cierto, provenientes del 30% de renta superior del país– significaron sólo un 26% de todas las aportaciones). Todo este poder económico quiere decir poder político. Y ahí está la necesidad de reducir el primero para democratizar al segundo. PÚBLICO. 26-11-2009 Editorial. Prensa Catalana* La dignidad de Cataluña Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndumy Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica". Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores. La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el "corazón de la democracia". Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia. La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de "símbolos nacionales" (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia. No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa. Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum. Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable. *Este editorial aparece hoy, 26-11-2009, publicado simultáneamente en 12 periódicos de Cataluña: LA VANGUARDIA, EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, AVUI, EL PUNT, SEGRE, DIARI DE TARRAGONA, LA MAÑANA, DIARI DE GIRONA, REGIÓ 7, EL NOU 9, DIARI DE SABADELLYDIARI DE TERRASSA Opinión. El Mundo Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio EL MUNDO contestará mañana con todo detalle al inaudito editorial conjunto con el que 12 periódicos catalanes tratan de presionar hoy al Tribunal Constitucional, pero una primera lectura arroja la inmediata conclusión de que es imposible acumular más falacias en menos espacio. Estos colegas aseguran que «los acontecimientos han empujado a actuar al TC como una cuarta cámara», confrontando al Alto Tribunal con el Congreso, el Parlament y la «voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las urnas». Falso: el TC cumple la función institucional que precisamente le han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la Constitución. Por cierto, muchos más que los que respaldaron el Estatut. También alegan que «una parte significativa del Tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles». ¿Sólo son «irreductibles» aquellas posiciones que no tragan con las agresiones a la Constitución incluidas en el Estatut? Luego añaden, en el colmo de la hipocresía, que «está en juego el espíritu que hizo posible la pacífica transición», cuando lo cierto es que han sido los promotores del Estatut, dejando al margen a la media España representada por el PP, los que quebraron ese consenso. Encima, advierten que «lo pactado obliga», soslayando el control de legalidad que es la última obligación de toda sociedad democrática. No, aquí no está en juego «la dignidad de Catalunya», como dicen estos colegas, sino la pretensión de una oligarquía política de controlar a la sociedad catalana a través de un Estatut diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática. EL MUNDO. 26-11-2009