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Los resultados para la izquierda parlamentaria, PSOE y Unidas Podemos, son malos.
El PSOE no solo no revalida sus resultados de 2019, cuando fue el partido más votado, aunque no fue capaz de articular una alternativa de gobierno, sino que pierde casi 118.000 votos y 7 diputados. Aunque logra mantener el 30% de los votos emitidos y ser la primera fuerza en cuatro provincias: León, Valladolid, Burgos y Palencia.
El retroceso es más hondo en una UP que en esta ocasión se presentaba ya con Izquierda Unida en la misma candidatura que no han capitalizado. UP pierde casi 40.000 votos, el 40% de los que sumaron en las elecciones autonómicas de 2019 y ahonda su tendencia a la baja; sobre todo si se tiene en cuenta que Podemos ya venía de perder en las elecciones de 2019 más de 119.000 votos y 8 diputados.
Su gestión al frente del gobierno nacional no les ha servido para ganar votos. No solo en Castilla y León; en la sociedad española hay un gran descontento, un malestar por la gestión de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales: por los ERTE y los salarios, por las ayudas sociales que no llegan o son escasas, por los miles de autónomos y pymes que han tenido que echar el cierre o por las zonas rurales vaciadas de servicios sanitarios, futuro para sus jóvenes o cajeros…, y hasta por cómo se distribuyen los fondos europeos que se utilizan como agravio entre comunidades…
Hay una amplia mayoría social, votante de izquierdas, que está desencantada y desmovilizada, para quienes las innegables medidas positivas en varios terrenos como en las pensiones (recuperando la revalorización con el IPC), la subida del Salario Mínimo, la bajada del IVA en la factura de la luz o las medidas para paliar las consecuencias de la crisis como el Ingreso Mínimo Vital no son suficientes. Mientras ven cómo se acatan las “líneas rojas” que se imponen desde los grandes centros de poder exteriores y una oligarquía que anuncia ganancias históricas (20.000 millones ganó la banca el año pasado) mientras los recursos no llegan para solucionar los problemas de la sanidad, educación, de la vivienda o del campo o se pone fin al atraco eléctrico.
En los más de 702.469 ciudadanos que integran la abstención, el 36,5% del censo electoral, están enterrados los sueños de gran parte de ese desencanto.