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Dice el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que “ha llegado la hora de la verdad” porque al gobierno, la patronal y los sindicatos les espera “un otoño intenso” de negociaciones en torno a las pensiones, la reforma laboral, junto con el Salario Mínimo y los ERTE… que puede terminar en un “invierno caliente”.
Solo hay una clave que explica estas declaraciones: la UE impone una serie de condiciones y reformas que nuestro país tiene que cumplir si quiere seguir teniendo acceso a los 140.000 millones de euros de los Fondos Europeos.
Según el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombroskis, el reparto de los fondos europeos “entra en una nueva fase en la que el control y la vigilancia será vital. Cada petición tendrá una verificación para comprobar que los objetivos se han cumplido apropiadamente”.
¿Cuáles son las condiciones que exige Bruselas, los puntos más calientes del “diálogo social” y en qué momento nos encontramos?
En menos de dos años y medio se van a decidir reformas estructurales de calado que van a condicionar el mercado laboral, el sistema público de pensiones y una nueva fiscalidad por años más allá de la pandemia. Las quince semanas que quedan hasta fin de año van a ser determinantes, el gobierno tiene que tener listos hasta 16 proyectos de ley para cumplir con lo que exige la UE.
La reforma laboral “integral y ambiciosa” que quiere Bruselas
El alza que el gobierno ha acordado con los sindicatos para subir 15 euros el SMI, hasta los 965 euros mensuales, es una noticia positiva, aunque no evita que los salarios se hayan recortado una media de 663 euros en 2020, según el INE, y estén perdiendo poder adquisitivo en 2021.
Sin embargo es la reforma laboral que demanda la UE el verdadero punto caliente de los próximos meses, en donde nos jugamos acabar o no con la precariedad laboral y el recorte de los salarios.
La Comisión exige una reforma laboral “integral y ambiciosa” que profundice la flexibilidad de las reformas de 2010 y 2012.
La Comisión exige una reforma laboral “integral y ambiciosa” que profundice la flexibilidad de las reformas de 2010 y 2012. El documento que aprobó el Plan de Recuperación presentado por el gobierno fijaba también, en forma de advertencias de obligado cumplimiento, los límites que no se pueden traspasar: respetar la flexibilidad dentro de las empresas: “Los cambios no resultarán en obstáculos desproporcionados para que las empresas se ajusten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad”.
La Comisión solo está dispuesta a admitir cambios aprobados por consenso que cuenten con el visto bueno de la patronal. Una gran patronal que exige con Bruselas mantener los pilares del marco laboral actual. La prevalencia de los convenios de empresa; el descuelgue de los convenios; el despido fácil y barato; reducir la dualidad entre fijos y temporales reduciendo la protección de los fijos…
En nombre de la “flexibilidad” la CEOE ha rechazado de plano las propuestas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 como recuperar la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa; la ultraactividad de los convenios; la equiparación de los salarios de las subcontratas a los trabajadores de plantilla; la reforma de la temporalidad reduciendo a tres los convenios o hacer más difícil los despidos con los ERTE estructurales…
La confrontación está servida.
Pensiones: recortar para privatizar
El proyecto de ley aprobado por el gobierno en agosto sobre la reforma de las pensiones, que incluye la revalorización anual de las pensiones con el IPC del año anterior y la derogación del “factor de sostenibilidad” que aprobó la reforma del PP es un logro de cuatro años de lucha del movimiento por las pensiones; pero ni es ni cierra los cambios que quiere imponer Bruselas.
En apenas un mes se decide una parte sustancial del rumbo que va a tomar la reforma de las pensiones. El 15 de octubre es el plazo comprometido por el gobierno para consensuar con sindicatos y patronal un nuevo mecanismo de sostenibilidad que sustituya al “factor” derogado. El nuevo “mecanismo de equidad intergeneracional” propuesto por el ministro José Luís Escrivá, es una nueva vía para recortar las pensiones, cargando los recortes sobre 8 millones de pensionistas, los llamados “baby boom”, la generación nacida entre finales de los años 50 y finales de los 70 del siglo pasado, que ya han empezado a jubilarse y lo seguirán haciendo hasta más allá del 2040.
Bruselas exige una reforma de las pensiones que incluye un gran impulso a la privatización con la implantación generalizada de los “planes privados de empresa”
A partir de aquí, y a lo largo de 2022, se ha de completar la reforma de las pensiones con dos elementos más.
Un nuevo recorte de las pensiones públicas, con el aumento de los años cotizados para calcular la cuantía de la pensión, de 25 a 35 años según la propuesta del ministro Escrivá.
Y un gran impulso a la privatización con la implantación generalizada de los “planes privados de empresa” a través de los convenios, el auténtico corazón de la reforma de las pensiones del que apenas se habla pero que está incluida en el Plan de Recuperación enviado por el gobierno a Bruselas.
Este es el gran negocio perseguido por los grandes fondos privados, bancos y aseguradoras, exigido por el FMI y Bruselas como “pensiones complementarias”, para gestionar en diez años más de 300.000 millones de euros de las cotizaciones de millones de trabajadores. Dinero que perderá el sistema público de pensiones, reducido cada vez más a un sistema asistencial.
Recortar para privatizar, esa es en última instancia la naturaleza de los cambios en el sistema de pensiones que exige la UE.
Una reforma fiscal regresiva
En 2023 tiene que llegar la tercera gran reforma: una reforma fiscal de la que ya conocemos sus dos pilares fundamentales. Vendrá con una subida generalizada de impuestos. Y los más afectados no serán los beneficios de las grandes empresas, bancos y monopolios -dicen que no es el momento de subirles a ellos-, sino que subirán los impuestos indirectos que pagamos todos y castigan sobre todo a las clases populares, como los nuevos peajes en el sistema nacional de autovías, subidas del IVA, etc.
Bruselas ya advierte que 2023 será el año en que habrá que recuperar las reglas sobre el déficit congeladas por la pandemia y “empezar a enderezar las cuentas públicas”. Las reformas fiscales “tendrán por objeto hacer que el sistema tributario sea más eficaz y aumentar los ingresos…”. Es decir, nos están preparando para un nuevo periodo de austeridad, o sea de ajustes en las cuentas públicas y de nuevos recortes para pagar la gigantesca deuda acumulada .
Fondos sin chantajes
España recibió en agosto 9.000 millones de euros, pero quieren que con cada nuevo plazo hasta 2025 entreguemos “nuestra alma”, nuestras pensiones, salarios y jirones de vida…
Los fondos europeos no están concebidos para ponerlos al servicio de reindustrializar el país, crear empleo de calidad sostenible e incluir las pymes, responsables de casi el 80% del empleo; ni para una transición energética que sea la base para la independencia energética de España basada en las nuevas energías sostenibles…
España recibió en agosto 9.000 millones de euros, pero quieren que con cada nuevo plazo hasta 2025 entreguemos “nuestra alma”, nuestras pensiones, salarios y jirones de vida…
Al contrario, están pensados como una gigantesca inyección de capital a los bancos y monopolios de la oligarquía y el capital extranjero europeo y norteamericano. Y para nuestro país van a suponer un gigantesco endeudamiento de varias generaciones.
Los fondos deben llegar a España pero bajo condiciones que beneficien la salida de la crisis del país y de la población. Que sirvan para reindustrializar el país y dar un salto en la independencia energética en base a una transición “verde” de verdad… Y no debemos aceptar que se utilicen como chantaje para imponer reformas y nuevos ajustes que recorten las pensiones, los salarios o nos saqueen con nuevos impuestos.