La malversación es corrupción. Se refiere no solo a la apropiación del dinero público por parte de un individuo, sino también a desviarlo para fines ilícitos. Malversar es robar dinero público, el dinero de todos.
Por eso la reforma del delito de malversación, en el curso de las negociaciones entre el gobierno y ERC, y que conducirá a rebajar las penas, ha levantado un amplio rechazo.
Sí, debe aprobarse una reforma legal. Pero para endurecer el combate contra la corrupción.
El gobierno quiere evitar nuevas imágenes de dirigentes independentistas condenados, e incluso encarcelados. Podría suceder, puesto que hay varias causas abiertas contra ellos por destinar dinero público a la organización del 1-O. “Desinflamar Cataluña” ha sido una estrategia de éxito para Pedro Sánchez, pero todo tiene sus límites. Y perjudicar la lucha contra la corrupción es uno de ellos.
La marejada levantada, en un tema especialmente sensible como es la corrupción, ha provocado que Unidas Podemos anuncie que votará a favor de la reforma del delito de malversación, pero no la presentará de forma conjunta con el PSOE.
¿En qué puntos los cambios que ahora se introducen son un peligro en la lucha contra la corrupción?
ERC pretende distinguir entre quien incurra en malversación para “lucrarse” y quienes destinen dinero público “sin ánimo de apropiárselo”. En el primer caso se mantendrían las penas, en el segundo se rebajarían notablemente.
Y el PSOE, aunque presenta un texto diferente al de ERC, coincide en señalar la intención de equipararse a la legislación de los países europeos, que “distinguen entre la apropiación de fondos públicos y una desviación irregular de dichos fondos”.
Focalizar la malversación, es decir la corrupción, solo en quienes “se apropien de dinero público” es una trampa mortal. Los casos de políticos que “meten la mano en la caja” son la pecata minuta de la corrupción. En la mayoría de los casos, especialmente en los más graves, se trata de tramas donde los políticos cobran mordidas para desviar dinero público a las cuentas de resultados de organizaciones criminales. Sea para financiar a un partido político o para que grandes monopolios se adjudiquen contratas públicas a precios desorbitados.
Suavizar la malversación es un camino equivocado que no facilita la lucha contra la corrupción
¿Qué diferencia hay entre “meter la mano en la caja” y desviar dinero público que debería destinarse a sanidad o educación en financiar a tu partido o en crear una red clientelar? En todos estos casos se está robando dinero público.
La propuesta del gobierno introduce un nuevo tipo de malversación que penaliza el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública. En este caso las penas se rebajarían desde los seis años de cárcel a cuatro y de los diez de inhabilitación a seis. No se despenalizaría los casos de malversación en que están implicados dirigentes independentistas, pero sí tendrían un castigo menor.
Y se introduce un nuevo tipo penal, el de “enriquecimiento ilícito”, con penas de hasta tres años de cárcel a cargos públicos cuyo patrimonio aumente sin justificación en más de 250.000 euros.
Pero tocar uno de los pilares jurídicos en la lucha contra la corrupción implica muchos peligros y riesgos. Se ha hecho además bajo la forma de una “reforma exprés”, hurtando el necesario debate en un tema tan delicado como este.
Al reformar el delito de malversación, suavizándolo, pueden verse beneficiados los condenados por Gürtell, por el caso del 3% o los ERE… Por eso todas las organizaciones de jueces, incluidas las progresistas, se han posicionado en contra. La malversación es uno de los principales instrumentos de que los jueces disponen para perseguir y condenar a los corruptos.
Necesitamos una reforma legal que endurezca las penas y sobre todo nos dé más instrumentos para luchar contra la corrupción.
Equiparando a la corrupción con el crimen organizado. No hablamos de “individuos corruptos” sino de tramas organizadas para robar dinero público.
Dotándonos de medios que nos permitan recuperar el dinero público robado.
Y castigando por igual a corruptos -los que reciben las “mordidas”- y corruptores -los poderes que las pagan para obtener beneficios-.