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Se intenta presentar el debate de la “sostenibilidad” del sistema público de pensiones como una cuestión técnica, fríamente contable, asépticamente económica. No hay dinero para sostener el sistema público de pensiones. No hay suficientes cotizantes. Envejecimiento de la población. Los españoles quieren un sistema público de pensiones por encima de sus posibilidades. Este es el rum rum de todos los días.
No es verdad. Detrás de este debate hay intereses de clase. Hasta hoy, la existencia en España de uno de los mejores sistemas públicos de pensiones del mundo ha impedido que la banca, las grandes aseguradoras y los fondos financieros extranjeros hagan de los 110.000 millones que mueven cada año las pensiones uno de sus grandes negocios. Por eso, hay poderosas fuerzas que buscan y trabajan con ahínco por la degradación y la insostenibilidad del sistema público, para allanar el camino a la privatización, total o parcial, de las pensiones en España.
En ese empeño, como en una reaccionaria Santa Alianza, están coaligados los grandes nódulos de la oligarquía financiera española (en especial los grandes bancos), el capital extranjero (sobre todo los grandes fondos de pensiones de Wall Street, que sueñan con implantar en España un modelo de jubilaciones similar al de EE.UU.) y los grandes organismos de poder, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La institución dirigida por Christine Lagarde ha lanzado ahora una nueva “recomendación” (que en el lenguaje del FMI significa más bien “directiva”): que “los menores de 28 años en España se jubilen cinco años más tarde y se hagan un plan de pensiones”. En cartas anteriores, el FMI proponía como alternativa que el Estado asegurara la inclusión de un plan privado de pensiones con aval público en todos los contratos, de forma obligatoria. Hace pocos meses, la propia Lagarde tuvo un ataque de sinceridad y declaró que “hay que liberar a los Estados de la carga de las pensiones públicas”.
Esto es lo que quieren los centros de poder nacionales y extranjeros, la plutocracia del Ibex35 y la troika. Este es uno de los centros de su proyecto de saqueo contra el 90%. “Yugos os quieren poner / gentes de la hierba mala / yugos que habéis de dejar / rotos sobre sus espaldas”, diría Miguel Hernández.
Por eso es imprescindible e impostergable blindar las pensiones en la Constitución, incluyendo un artículo que prohíba de forma explícita e inequívoca la privatización total o parcial del sistema público de pensiones, y que incluya la obligación constitucional para cualquier gobierno de mantener y mejorar el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros. Es una batalla decisiva para el presente y el futuro.
Una vez conquistado el blindaje constitucional de las pensiones, se debe abrir el debate de cuál es el modelo más adecuado para una financiación robusta y sostenible del sistema público de pensiones. Pero nadie, y menos cualquier progresista, debe tener duda alguna de que en un país con tanta riqueza como España hay recursos económicos más que suficientes para nutrir unas jubilaciones públicas dignas y suficientes. Es un problema de voluntad política, y sobre todo, de redistribución de la riqueza.
España llegó a tener un fondo de reserva de la Seguridad Social (la “hucha de las pensiones”) de 67.000 millones de euros. Una hucha que ha sido vaciada por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy hasta dejarla prácticamente exangüe, para destinar sus fondos a partidas que no son las pensiones. De forma indirecta, el dinero de esa hucha ha ido a tapar los agujeros de las finanzas públicas provocados por el rescate de la banca: esos 338.813 millones de dinero público entregados por el Estado a la oligarquía, mientras la inmensa mayoría sufríamos los recortes.
¿Soluciones para la sostenibilidad del sistema público de pensiones? Hay muchas. Algunos apuntan al aumento de cotizantes, por ejemplo regularizando a los cientos de miles de trabajadores inmigrantes que no existen hoy para las arcas de la Seguridad Social. Pero bastaría con que bancos y monopolios del Ibex35 devolvieran -vía impuestos- una quinta parte de los rescates recibidos por la ciudadanía para que las pensiones volvieran a tener una potente caja de resistencia. Hay que redistribuir la riqueza para sostener las pensiones públicas.