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El centro del proyecto impuesto sobre España desde 2010 está en la intensificación del saqueo económico sobre el 90% de la población y la apropiación creciente de las riquezas nacionales.
El pasado año las ganancias de solo 6 grandes bancos ascendieron a 16.676 millones de euros. Es más del doble que la suma del presupuesto de los ministerios de Educación y Sanidad. Y supone un aumento del 22,4% respecto a las ganancias de 2017.
Durante los años “de la crisis” el montante de la plusvalía que los grandes monopolios sacan de nuestro país se ha multiplicado un 150%, pasando de más de 66.000 millones en 2009 a más de 100.000 millones en 2017.
Mientras tanto, o mejor dicho para que eso sucediera, se han recortado salarios y pensiones, jibarizado los presupuestos de la sanidad y la educación pública o las ayudas sociales…
Estos hechos evidencian que el centro de una alternativa que defienda los intereses populares y nacionales es, en primer lugar, la Redistribución de la Riqueza. Y ligado a ello, defender la Unidad, no sólo porque la unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de España está siendo atacada, sino porque sin ella es impensable conseguir la fuerza popular necesaria para redistribuir la riqueza.
Por su volumen de PIB, España es el cuarto país más rico de la UE y el 13º del mundo.
El problema es que esa ingente riqueza está bajo el control de una ínfima minoría de bancos y monopolios, nacionales y extranjeros.
Redistribuir la riqueza no es aprobar “medidas sociales” o “un mínimo de justicia social”, sino poner la gestión de los recursos fundamentales de la economía española, hoy en manos de una minoría, al servicio de los intereses generales de todo el pueblo y de todo el país.
España es una de las mayores concentraciones de riqueza del mundo y de la UE.
Somos el país número 28 del mundo por población, y el 52 por superficie, pero nuestra economía está situada entre las 13 mayores del mundo.
Por volumen de PIB, España es la cuarta potencia de la zona euro, y la economía española casi triplica las de Suecia o Bélgica, o cuadruplica las de Dinamarca o Finlandia.
A pesar de la crisis, el PIB español nunca ha descendido del billón de euros, y el pasado año superó los 1,2 billones. La economía española creció el pasado año a un ritmo del 2,6%, por encima de la media europea. Lleva creciendo cinco años, desde 2014, en algunos años por encima del 3%.
El problema es quien se apropia de la riqueza que el conjunto de la sociedad española produce, y en quién redunda ese crecimiento económico que hoy ya existe.
Según el Banco de España, el total de la riqueza financiera acumulada que existe en nuestro país asciende a 5,66 billones de euros, el 187% del PIB de Alemania. Pero los bancos, fondos y sociedades de inversión y monopolios, tanto nacionales como extranjeros, y las grandes fortunas oligárquicas copan el 73% de esos recursos, es decir 4,12 billones de euros.
Los monopolios extranjeros apenas representan el 0,6% del total de empresas en España, pero se apropian directamente del 40,4% del valor añadido de la industria.
El PSOE de Pedro Sánchez ofrece como alternativa continuar la senda de “mejoras sociales” emprendida durante sus ocho meses de gobierno.
Podemos afirma que “solamente si estamos en el gobierno puede haber una mínima justicia social”, añadiendo que “podemos conseguir subir el salario mínimo un poco más y podemos conseguir muchas otras cosas”.
Pero redistribuir la riqueza no es aplicar algunas “medidas sociales” -independientemente de que algunas parezcan más “radicales”-, no puede reducirse a “rescatar” a los sectores más vulnerables y castigados por la crisis o a que “los bancos paguen sus impuestos después de haber estado años sin hacerlo”, ni mucho menos aumentar el gasto público sobre la base de incrementar el endeudamiento del Estado.
Redistribuir la riqueza es cuestionar el marco del saqueo impuesto sobre el 90% de la población y las riquezas nacionales, arrebatar a la ínfima minoría de bancos, monopolios y capital extranjero la gestión, en todo o en parte, de los enormes recursos que hoy disfrutan para su beneficio exclusivo.
No se trata tan sólo de redistribuir la riqueza actualmente existente, sino de hacerlo de tal modo que esa redistribución permita multiplicar la capacidad de creación de nueva riqueza de la economía española, e impulsar un desarrollo autónomo basado en la reindustrialización del país.