Con el «pensionazo» y la reforma laboral puestos en marcha, le llega el turno a los salarios de los funcionarios. El gobierno parece dispuesto a aplicar el plan de ajuste duro por etapas pero sin descanso tal y como exige Botín. El ministerio de Economía por medio del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, anuncia que el gobierno pretende rebajar en un 4% los gastos salariales totales de 2,6 millones de funcionarios para ahorrarse hasta 4.500 millones de euros.
Según el lan del gobierno el ahorro principal ha de venir de no cubrir todas las vacantes que se produzcan, sólo una de cada diez. Pero también de revisar el pacto salarial firmado con los sindicatos hace apenas seis meses “para hacerlos coherentes con el objetivo de déficit marcado por el gobierno”, o dicho claramente para que también a los funcionarios llegue lo de apretarse el cinturón.¿Pero por qué apretar el cinturón a los 2,6 millones de funcionarios y no aplicar una redistribución salarial en la administración? ¿Por qué no recortar los sueldos millonarios de los ministros, de Montilla, Gallardon, Camps, Esperanza Aguirre, o los de los alcaldes que cobran incluso más que los ministros? ¿Si hay que recortar puestos por qué no eliminar los centenares de consejeros y asesores contratados por los dirigentes políticos con sueldos multimillonarios? Una redistribución de la masa salarial para subir significativamente el sueldo de los cientos de miles de funcionarios que apenas llegan a los 1.000 euros, rebajando el sueldo de los altos cargos que ganan 5, 8 o 10 veces más. Claro que bajar por arriba y subir los sueldos por abajo supondría tocar los privilegios de las castas políticas que nos gobiernan. Y eso si que no están dispuestos a tocarlo.Llegamos así al auténtico problema, a la “madre del cordero”: el recorte de los gastos superfluos e innecesarios, de los privilegios de las castas políticas que gobiernan en los ministerios, las comunidades autonómicas y la mayoría de los ayuntamientos. ¿Por qué hay que congelar o recortar los sueldos de los funcionarios mileuristas o dosmileuristas cuando se pueden ahorrar no 4.000, sino 40.000 millones de euros atajando el derroche de las administraciones, gastos innecesarios y privilegios de los políticos?Acabar con el despilfarro en consejeros y asesores de presidentes, ministros, consellers o alcaldes, en estudios sobre el “sexo de las moscas” que no sirven para nada, en embajadas autonómicas que duplican la red del Estado en plena crisis, en vehículos oficiales de lujo, en dietas y suplementos sin control para ministros, senadores, diputados, altos cargos, portavoces… o esos 6.000 millones de los presupuestos del Estado destinados a partidas como los 39 millones de euros para material de oficina de los diputados o los casi 100 millones de euros entregados a las fundaciones de los partidos que nos gobiernan.No sería la primera vez que grupos de funcionarios se muestran dispuestos a congelarse los salarios si hubiera un plan general de ahorro nacional en beneficio del conjunto del país y de la población. Y de eso estamos hablando, de un plan de ahorro nacional del 20% de los gastos del Estado –superfluos, innecesarios y de derroche- que, sin tocar sectores esenciales como sanidad, educación, dependencia, pensiones o prestaciones, libere recursos para la inversión productiva, la inversión en Investigación y cambio del modelo económico y la garantía y mejora de las prestaciones sociales.Pero los recortes y ahorros de los que habla el gobierno (y que el resto de partidos de “oposición”, PP, nacionalistas y de rojiverdes critican con la boca pequeña) son de otra naturaleza. Se aplican recortes a los de abajo (en este caso al conjunto de los funcionarios) para que los de arriba puedan seguir manteniendo su sistema de privilegios, derroche y despilfarro.