Cargando...Cristóbal Montoro ha reconocido muy tarde, cuando ya está en funciones como ministro de Hacienda, que el sistema de financiación autonómica no funciona
Cristóbal Montoro ha reconocido muy tarde, cuando ya está en funciones como ministro de Hacienda, que el sistema de financiación autonómica no funciona y ha anunciado la creación de un comité de expertos para empezar a estudiar su revisión. Lo hace con más de un año de retraso sobre el calendario inicialmente previsto y cuando se encuentra frente a una rebelión fiscal de la mayoría de las comunidades autónomas que han incumplido sus objetivos de déficit público en el 2015, a las que ahora exige un mayor control de sus gastos.
El ministro de Hacienda, a diferencia de lo que han hecho otros miembros del Gobierno en funciones, aceptó ayer comparecer ante el Congreso, “algo consustancial con la democracia” como dijo, para explicar a los parlamentarios el desvío del déficit público durante el año pasado, en que superó las previsiones en cerca de un punto, hasta el 5% del producto interior bruto (PIB). La comparecencia de Cristóbal Montoro, además de poner en evidencia a sus colegas, sirvió para constatar los problemas que deja para el próximo gobierno que se forme en España. El primero es la imposibilidad de cumplir con el objetivo de reducción del déficit este año hasta el 2,8% del PIB, a menos que se hicieran unos severos recortes que podrían estrangular el crecimiento económico y la creación de empleo. Y, el segundo, que está relacionado directamente con el primero, es el enfrentamiento abierto entre el Gobierno central y la mayoría de las comunidades autónomas para el ajuste del gasto público, tras los incumplimientos registrados en el 2015, lo que abre una crisis institucional de enorme calado.
El hecho de que sólo tres comunidades autónomas hayan sido capaces de cumplir con los objetivos de déficit público en el 2015 demuestra que las condiciones de ajuste exigidas por el Gobierno central fueron excesivas. Así lo entendieron todos los grupos parlamentarios, que acusaron al ministro de Hacienda de haber asfixiado a las autonomías imponiéndoles unos compromisos irreales, imposibles de cumplir, mucho más estrictos que los del Gobierno central, cuando la mayoría de sus gastos son finalistas en educación, sanidad y servicios sociales.
La decisión del ministro de Hacienda de crear un comité de expertos que empiece a estudiar la reforma de la financiación autonómica es una iniciativa que, aunque llega tarde, ha sido bien recibida. No ha sido el caso, en cambio, de su otra decisión: la de conminar a doce comunidades autónomas a ajustar sus gastos bajo amenazas coercitivas de sanción e intervención. Desde Catalunya, al igual que desde otras autonomías, la decisión de negarse a efectuar nuevos recortes ha sido de una contundencia radical, inédita hasta ahora, dadas las enormes consecuencias sociales que ello tendría.
Es evidente que hay que intentar superar el actual choque frontal entre Hacienda y las comunidades autónomas a través de la negociación. El propio ministro ha matizado que no se pide a las autonomías que hagan nuevos recortes, sino que utilicen los recursos adicionales que están recibiendo en el 2016, y que llegan a los 10.000 millones de euros, para reducir el déficit público y no para gastar más. En cualquier caso, la cuestión está sobre la mesa y esconde otro problema más profundo, como reconoce la agencia de calificación Moody’s: la incapacidad de España para ajustar su déficit público, lo que es negativo para la solvencia del país.