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¿”Desinflamar” Cataluña a cambio de rebajar las defensas ante la corrupción, que es el atraco al dinero público? Esta es la inaceptable disyuntiva ante la que nos coloca la rebaja de las penas por malversación aprobada recientemente por el gobierno.
No se puede dar un solo paso atrás en la lucha contra la corrupción. Y el delito de malversación es una de las herramientas más valiosas para perseguir y condenar a los corruptos.
Son cada vez más las voces judiciales que advierten cómo la nueva reforma puede beneficiar a encausados ya condenados por corrupción.
En su comparecencia donde hacia balance del año, Pedro Sánchez aportó una nueva justificación para la rebaja de las penas por malversación. Tiró de la encuesta del CIS para plantear que la corrupción, que hace años estaba en el segundo lugar, ahora ocupa el 18º lugar en los asuntos que más preocupan a la sociedad. Sentenciando que “los españoles ya no están preocupados por la corrupción”.
¿Qué los casos de corrupción no copen ahora portadas significa que ya no es necesario combatirla?
La lucha contra la corrupción no puede ser moneda de cambio en una negociación. Al utilizar la reforma del delito de malversación como contrapartida dentro del acuerdo con ERC, el gobierno ha abierto caminos que pueden tener peligrosas consecuencias en un asunto tan delicado como el combate contra la corrupción.
¿En qué consiste la reforma que acaba de aprobarse?
Se mantienen las penas para quien incurra en malversación para “lucrarse”, pero se rebajan sensiblemente para quienes desvíen dinero público para otros fines de los acordados, pero “sin ánimo de apropiárselo”.
Se crea un nuevo tipo de malversación que penaliza el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública. En este caso las penas se rebajarían desde los seis años de cárcel a cuatro y de los diez de inhabilitación a seis.
Al mismo tiempo, se introduce un nuevo tipo penal, el de “enriquecimiento ilícito”, con penas de hasta tres años de cárcel a cargos públicos cuyo patrimonio aumente sin justificación en más de 250.000 euros.
La intención explícita de esta reforma es evitar que dirigentes independentistas encausados por desviar dinero público para la financiación del 1-O sean condenados con penas de prisión. Pero sus efectos pueden ir mucho más allá.
El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, ha apelado “a los poderes públicos y a los representantes políticos para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción, para que no diluyan o degraden la respuesta penal a la corrupción”.
Dos de las tres asociaciones de fiscales han advertido que esta reforma “afectará a muchos casos de corrupción”.
Y el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, ha calificado la reforma como “un retroceso que puede acabar con absoluciones y archivos sin más, por lo difícil que es demostrar el enriquecimiento ilícito”.
Por mencionar un solo caso, en el llamado “caso Kitchen”, donde se utilizó dinero de los fondos reservados para apoderarse de pruebas que implicaban al PP en casos de corrupción, no existe un “lucro personal” pero es evidente que se robó dinero público.
La reforma ahora aprobada puede implicar rebajas de penas a los ya condenados por corrupción, y acabar con el archivo forzado de algunas causas, al acelerarse la fecha donde los delitos de corrupción prescriben y ya no pueden ser investigados.
Lo que necesitamos es una reforma donde se endurezcan las penas, equiparando a la corrupción con el crimen organizado y castigando por igual a los políticos corruptos y a los “corruptores”, grandes empresas que pagan las mordidas para obtener beneficios.