¿Qué preocupa a los catalanes?

Cataluña es donde más lejos se ha llegado en el atraco a la población, llevando los recortes en sanidad, educación o gastos sociales más lejos que cualquier otra comunidad. Hay una Cataluña que lucha en la calle contra los recortes y que demanda movilización y unidad. 

El 12 de septiembre de 2012, un día después de la manifestación de la diada que muchos sitúan como el punto de partida del procés soberanista, el curso escolar comenzaba en Cataluña con 3.000 maestros menos para atender a 30.000 alumnos más. Eran las consecuencias de los recortes en la educación pública impuestos por el gobierno de Artur Mas… el mismo que el día anterior había acudido a la manifestación para encabezar “el derecho a decidir de Cataluña”.

En la Educación en Cataluña se presenta como principal conflicto la división entre quienes defienden la “escola catalana” y quienes denuncian “el adoctrinamiento del soberanismo en las escuelas”.

Según los sindicatos, serían necesarios 7.200 profesores más para igualar la cantidad de personal del año 2010, justo antes del inicio de los recortes en Educación. En los últimos siete años los recortes acumulados en el gasto público en educación en Cataluña ascienden a 2.973 millones de euros. Y ello a pesar de que hoy existen 100.700 más alumnos. Esto significa que el dinero público por estudiante se ha recortado en Cataluña un 34,5%. Afectando especialmente a los centros educativos de los barrios más populares y a los sectores más vulnerables, o expulsando de la universidad -por la combinación de la subida de las tasas y la reducción de las becas- a muchos hijos de familias trabajadoras.

Cataluña es la tercera comunidad autónoma que más recortes ha ejecutado en Educación pública, y donde el gobierno autonómico más ha protegido a la enseñanza privada.

En los últimos años, y pese al silencio de los medios autonómicos, las movilizaciones en Cataluña denunciando los recortes en Educación, como en Sanidad, han ido creciendo. Los sindicatos han exigido la reducción de las dos horas lectivas adicionales, añadidas a la jornada laboral de los profesores con los recortes, y que sirvió de cobertura para poder reducir el número de maestros; han exigido reducir la ratio de alumnos por aula, sobre todo en los colegios de los barrios más populares, y el incremento de personal para atender a la diversidad en las aulas. 

Atacar los salarios y las condiciones laborales de los profesores ha reducido la calidad de la educación. Hace un año, los principales sindicatos convocaron a los 250.000 funcionarios catalanes a una movilización para exigir la devolución de las pagas extraordinarias adeudadas desde 2013. Todas las comunidades autónomas las habían devuelto… menos Cataluña. 

Pese al acuerdo alcanzado hace poco más de un año entre los sindicatos y la Generalitat, siguen sin solucionarse las sustituciones desde el primer día o la rebaja de un 30% de las tasas universitarias. Según el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), Cataluña es la comunidad con las matrículas universitarias más caras. Una carrera de ciencias de la salud cuesta en Cataluña 2.372 euros anuales, mientras que en Andalucía supone 757 euros al año.

Movilización y unidad. Hay una Cataluña que lucha en la calle contra los recortes, y que también se ha reflejado en las luchas contra las subidas de los alquileres, impulsadas desde Barcelona a toda España por organizaciones como el Sindicato de Inquilinos, como sucedió anteriormente con las movilizaciones contra los desahucios.

Ni alquilando

Cataluña es una de las comunidades donde más golpea el precio del alquiler de viviendas a las familias. Es en el alquiler donde se ha producido un mayor crecimiento de los desahucios con respecto a los últimos años. Solo durante 2019 el precio del alquiler en Cataluña ha subido un 5%, pero desde 2015 ha pasado de 9€ el metro cuadrado a 14€. El CGPJ contabiliza que en Cataluña hay 49 desahucios al día, convirtiéndose en la comunidad líder en el ránking de desahucios, con 9.229 desahucios en 2019, de los cuales el 69% son provenientes de alquiler.

Asociaciones como la PAH denuncia que ya existe una nueva burbuja inmobiliaria en los alquileres provocada por los fondos buitre. Estos fondos adquieren pisos alquilados cuyos contratos están cercanos a expirar. Y presionan a las familias con nuevos contratos con precios abusivos para echarlas de sus casas y poder especular con sus viviendas. O también se hacen con el control de los alquileres turístico, viviendas que sólo se alquilan en periodo vacacional a unos precios muy elevados. El 85% de este tipo de alquileres se encuentra en manos de fondos privados.

Antes de la crisis, con precios por las nubes e hipotecas de hasta cincuenta años de duración, se recomendaba pasarse al alquiler como alternativa para tener una vivienda. Sin embargo, a la vista está que la subida espectacular de los alquileres, los inquilinos se encuentran en una situación de indefensión.

Un buen ejemplo es la lucha de 232 familias contra el fondo buitre Azora (uno de los fondos buitres más grande después de Blackstone y Cerberus). Cinco comunidades de vecinas y vecinos de Badalona, el Hospitalet de Llobregat, Terrassa y Barcelona se han organizado para defender sus intereses y denunciar que Azora impone incrementos de hasta el 100% del precio del alquiler, subidas interanuales dentro de los contratos, a pesar de que está prohibido hacerlo por encima del IPC, encubriendo subidas del precio como “bonificaciones”, con cláusulas abusivas y fraudulentas, obligando a los inquilinos a asumir el mantenimiento y las reparaciones de la vivienda, el seguro anual del piso o el coste del IBI.

Es urgente la regulación de los precios de alquiler para que los fondos buitre no puedan seguir expulsando a los vecinos y vecinas de sus barrios. 

Lo que el procés oculta

Los salarios han caído en Cataluña, perdiendo un 56% más de poder adquisitivo que la media española. Y esto no es porque la economía catalana haya ido peor que la del conjunto de España. Al contrario, el ritmo de crecimiento ha sido en algunos años más elevado en Cataluña. Lo que sucede es que, a pesar de ser la segunda comunidad más rica de España –superada en PIB recientemente por Madrid–, es también donde más lejos se ha llegado en el atraco a la población.

Mas, Pujol y Torra han llevado los recortes en sanidad, educación o gastos sociales más lejos que cualquier otra comunidad. Y los salarios y pensiones en Cataluña son, de media, más bajos que en otras comunidades con menos recursos.

Esta es la realidad que el procés oculta, y que afecta al 90% de la población catalana.