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La Generalitat catalana anuncia que hospitales como el de Vall D´Hebron reducirán hasta en un 30% su capacidad operacional, cerrando 300 camas. Y en algunos CAP de barrios populares, como el del distrito barcelonés de Nou Barris, hay que esperar un mes para que nos visite el médico de cabecera.
No es una excepción, sino la regla en toda España.
La sanidad pública vasca, Osakidetza, anticipa que de junio a septiembre menos de la mitad de los centros de salud funcionarán con normalidad. Los recortes van desde la reducción del horario, la clausura durante algunos días hasta el cierre durante todo el verano.
Y el consejero de sanidad de Castilla y León asume “un verano de recortes” donde “la asistencia sanitaria va a ser enormemente insatisfactoria”.
¿Por qué cada verano asistimos a una nueva crisis sanitaria? La respuesta es sencilla: la falta de médicos y otros profesionales sanitarios. Resultado de unos recortes que no solo no se han revertido sino que siguen vigentes.
Cada año, cuando los profesionales disfrutan de sus vacaciones, y esas bajas temporales no son repuestas, se agrava la saturación de nuestro sistema sanitario.
¿Qué solución se nos ofrece?
Las comunidades autónomas, en su mayoría en manos del PP, buscan echar mano de los MIR, que aún se encuentran en periodo de formación. Una ilegalidad que persigue no tener que contratar más médicos.
Y el ministerio de Sanidad, en manos de Sumar, traslada el problema sobre cada autonomía, afirmando que “son las que tienen que prever y planificar su verano”.
Se arrojan culpas unos a otros… mientras dejan la casa sin barrer, es decir no se toma una sola medida para resolver los problemas estructurales de la sanidad pública.
Somos la cuarta economía de la UE por volumen de PIB, pero ocupamos el puesto 14 en el ránking de gasto público en sanidad.
La media de gasto público sanitario en la zona euro está en el 8,3% del PIB, mientras que en España solo alcanza el 7,3%. Un punto menos. Esto significa que, para igualarnos con la media europea, debemos gastar en sanidad 13.500 millones más cada año.
Esto es lo que se debe solucionar. Y se puede hacer de forma inmediata si se redistribuye la riqueza. Solo con que bancos, monopolios y capital extranjero pagaran los impuestos que les corresponde habría dinero suficiente para poder mejorar la sanidad pública.