Cargando...La existencia de mejores condiciones para el avance de las demandas populares sigue siendo el principal rasgo de la situación. A pesar de los escándalos recientes que afectan directamente al gobierno e implican a varios de sus ministros, y de las limitaciones con las que está actuando a la hora de llevar adelante sus compromisos. Pero basta dar un vistazo a los periódicos y los telediarios para que la situación parezca la contraria. Que el país está bajo un gobierno débil, paralizado, dominado por los escándalos y sin capacidad para gobernar. ¿Pero es esto lo que está ocurriendo en los últimos meses?
Si empezamos por lo más reciente, lo primero que encontramos es lo que ha ocurrido en el Pacto de Toledo sobre las pensiones. La Comisión ha aprobado una recomendación al gobierno para volver a vincular las pensiones al IPC, rompiendo con dos años de bloqueo en los que parecía imposible que esto ocurriera.
Una recomendación que, en los hechos, supone derogar, al menos parcialmente, la reforma de las pensiones de 2013 del gobierno de Rajoy que impuso la pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas.
En apenas cien días de gobierno se ha impulsado la subida de salarios acordada entre los sindicatos y la patronal. Restituido la sanidad universal y la sentados las bases para acabar con los copagos sanitarios. Hay acuerdos para acabar con los recortes en Educación. Se prepara el decreto que acabará con el “impuesto al sol” y favorecer las energías renovables. Y se negocian unos Presupuestos que incluyen una subida de impuestos a las grandes corporaciones y fortunas y nuevas partidas sociales por 6.000 millones de euros… Incluso sacar a Franco del Valle de los Caídos, es para gran parte de los ciudadanos una reparación que demuestra la iniciativa del gobierno en temas como la memoria histórica.
En cuanto a la cuestión de Cataluña y la defensa de la unidad, como decimos en estas mismas páginas, el gobierno “ha mantenido la firmeza, advirtiendo que cualquier vulneración de la legalidad conllevaría una respuesta…, el 155 puede aplicarse”, acabando con la inanición de Rajoy y aplicando una estrategia de diálogo y legalidad constitucional que “ha evidenciado el retroceso de las élites independentistas”.
Estos y otros hechos demuestran que la situación no se corresponde con el desastre que nos quieren hacer ver. Por encima de las batallas partidistas diarias y de las ofensivas para presentar una situación insostenible, lo que aparece sobredeterminando la sociedad y la vida política española es la influencia de una mayoría social que propició un cambio de gobierno, ha dado un paso adelante y proyecta una influencia cada vez más decisiva en la situación política del país.
Hay líneas rojas impuestas por los grandes centros de poder, internos y externos, que exigen que se mantengan los cambios estructurales introducidos por las reformas del mercado laboral y de las pensiones y que alientan la ofensiva contra el gobierno salido de la moción de censura contra el PP. Que ponen la mirada sobre las debilidades del gobierno de Pedro Sánchez y sobre una situación política que califican de desastrosa. Y que tiene como uno de sus ejes fundamentales someter a marcaje a la mayoría social progresista y su influencia en el gobierno de Pedro Sánchez. Para lo que piden insistentemente la convocatoria de elecciones anticipadas.
El Círculo de Empresarios, donde están representados las principales familias oligárquicas del país, denuncia que el gobierno pretenda subirles los impuestos y se piden “elecciones ya” para dar un giro a la situación.
El director del Banco de España, Hernández de Cos, colocado por Rajoy antes de abandonar el gobierno, advierte al gobierno para que no suba los impuestos a las grandes corporaciones y pide “no revertir reformas que han sido útiles en los años de crisis”.
Desde Bruselas se presiona al gobierno para que no derogue la reforma de las pensiones de Rajoy de 2013.
Los comisarios del FMI, sus conocidos “hombres de negro”, se preparan para su visita anual a nuestro país, preocupados por el índice de revalorización de las pensiones y con mensajes para que la edad de jubilación suba por encima de los 67 años.
Esto es lo que pasa. Hay un enfrentamiento entre los intereses de una mayoría social cada vez más influyente, que se refleja en el gobierno, y los intereses de unos centros de poder de dentro y fuera del país que pretenden reducir y limitar los avances y la influencia de esa mayoría social de progreso.