¡Que no es Junts!

Las “medidas anticrisis” del gobierno: mantener para reducir y retirar

Empaquetar una batería de medidas en tres grandes decretos, que debían ser aprobados por vía de urgencia, no ha sido una ocurrencia del gobierno. Complicaba la negociación, pero era una necesidad. Por dos motivos.

Uno de los decretos incluía las reformas que Bruselas exigía para recibir la cuarta entrega de los fondos europeos. Si no se hubieran aprobado podían haberse bloqueado.

Y otro de los decretos prorrogaba algunas de las medidas para contener los efectos de la inflación, que vencían a final de año. Su eliminación total y de golpe habría enfrentado al gobierno con la mayoría progresista que lo sostiene.

En el contenido de ese decreto de “medidas anticrisis” está lo que realmente va a decidir la política económica del gobierno. Y que no tiene nada que ver con las cesiones a Junts o a otras fuerzas.

• Se mantienen muchas de las ayudas aprobadas, como la eliminación del IVA para los alimentos básicos, medidas antidesahucios o subvenciones al transporte público (gratuidad media distancia y cercanías o descuento del 50% en las líneas interurbanas).
• Se revalorizan las pensiones en función del IPC, con un aumento mayor para las más bajas. Y se amplían algunas ayudas, como el incremento de en torno a 100 euros mensuales de los subsidios de desempleo más bajos. Aunque ese decreto no ha sido aprobado, el gobierno lo va a volver a presentar.
• El mantenimiento de estas medidas, que benefician a una parte de la población, ha sido impuesto por la mayoría social progresista. Tanto el FMI como la UE exigían su derogación.
• Pero no todo son buenas noticias. Se mantienen, pero se recortan.
• Se prorroga la rebaja del IVA para la luz y el gas… pero se irá incrementando a lo largo del año. En la electricidad subirá del 5% al 10%, y en el gas a partir de marzo se aplicará el tipo del 21%.
• Se prorrogan durante un año los impuestos especiales a banca y energéticas. Pero suavizando, gracias a un acuerdo con el PNV, lo que pagarán eléctricas y petroleras. Y anticipando que en 2025 probablemente no se renueven.
• Se amplía la cuantía del subsidio de desempleo para algunos sectores, pero en el mismo decreto se incluía un recorte de las futuras pensiones para los mayores de 52 años, lo que por ejemplo ha provocado el voto en contra de Podemos.

Esta es la parte en la que el gobierno cumple, aunque modulándolas, con las exigencias del nuevo marco de recortes impuesto desde la UE o el FMI.

Un atraco que no cesa

Uno de los decretos presentados por el gobierno incluía una batería de “medidas anticrisis”. Esa crisis, en realidad un atraco que reduce nuestras rentas al calor de la subida de precios, es el problema principal que sufrimos.

Se nos anuncia que la inflación está controlada. Pero 2023 ha cerrado con un incremento del 7,3% en el precio de los alimentos. Mucho más que el incremento del salario mínimo -un 5%-, y casi el doble que la revalorización de las pensiones -un 3,8%-. Una familia media se gasta hoy en alimentación 1.000 euros más que en 2021.

Nos repiten que el precio de la luz ha bajado respecto a los máximos alcanzados en 2022. Pero el precio actual del megavatio hora casi duplica el de 2019, antes de la pandemia. Eso significa que pagamos más en nuestra factura de la luz.

Casi todos dan por descontado que el BCE no volverá a subir los tipos de interés, pero tampoco los bajará. Eso significa que hipotecas o préstamos, cuyos intereses se han duplicado o triplicado, van a seguir siendo un expolio para las familias hipotecadas o las pymes.

Acaba de anunciarse una subida del salario mínimo del 5%, de la que se beneficiarán 2,5 millones de trabajadores. Es una buena noticia. Pero el bocado de la inflación ha reducido el “salario mínimo real” en 468 euros durante 2023. Comiéndose más de la mitad del incremento del SMI.

Si miramos el poder adquisitivo de los trabajadores españoles, desde 2021 se ha recortado un 3,6%, el doble que la media de la OCDE. Esto significa que nuestro salario real, la capacidad de compra que tenemos, ha sufrido un recorte de 615 euros anuales.

No ha sido un proceso “natural”. La subida de precios ha incrementado el margen de ganancias de bancos, eléctricas, petroleras, gigantes de la alimentación… Se conoce como “la inflación de la codicia”, que impone un gigantesco trasvase de rentas desde la mayoría de la población a los beneficios de una ínfima minoría.

Quién se lo queda: aumentan los beneficios del Ibex-35 y el capital extranjero

Mientras todos los medios apuntaban hacia lo que nos van a costar las cesiones a Junts, una noticia de enorme relevancia ha pasado desapercibida.

BlackRock, el mayor fondo del planeta, y “brazo armado financiero” de la superpotencia, se hacía con el 20% de Naturgy que ostentabaGlobal Infrastructure Partners (GIP).

BlackRock pasa a ser el segundo accionista de Naturgy, y ya es el primero en Repsol y Enagás o el segundo en Iberdrola y Redeia, antigua Red Eléctrica.

A ello se suma su condición de mayor accionista en los dos principales bancos españoles, Santander y BBVA.

El capital norteamericano, a través de BlackRock y otros fondos, es dominante, y cada vez con más poder, en la energía y las finanzas. Ya sabemos quién se queda el dinero que pagamos de más en las hipotecas o en la factura de la luz.

Hasta septiembre los bancos y monopolios del Ibex-35 habían ganado un 23% más que en 2022, donde ya presentaron un récord de beneficios.

Y esas enormes ganancias vuelan principalmente fuera de nuestras fronteras. Según el Banco de España el 65% de las acciones del Ibex-35 están en manos del capital extranjero. En 2021 era el 57% y en 2008 el 38%.

Y tenemos la amenaza de que ese expolio a la población, que alimenta las crecientes ganancias del Ibex-35, aumente. Bancos y monopolios españoles deben devolver en los próximos dos años 60.000 millones en vencimientos de deuda, principalmente al capital extranjero. Para pagarlos y que sigan aumentando sus ganancias, van a dar una nueva vuelta de tuerca al saqueo a la mayoría.

Quién impone los recortes: no es Waterloo, es el FMI o la UE

EEUU y Alemania atraviesan serios problemas. Cuando eso sucede debemos prevenirnos.

En 2023 la superpotencia crecerá un 2,1% y en 2024 un 1,5%. Mientras que en esos dos años el Tercer Mundo lo hará a un ritmo del 4% y China a un 5%. EEUU pierde peso en el mundo… y busca recuperarlo aumentando las ganancias que extrae de los países que domina, como España.

Y cuando Alemania ha entrado en recesión, en la UE vuelven a afilarse las tijeras de los recortes. Los halcones alemanes buscan descargar sus pérdidas sobre el resto del continente.

Es lo que ya está sucediendo.

El FMI acaba de exigir a España una “consolidación fiscal sostenida” para reducir la deuda pública. Traducido a un lenguaje que todos entendemos, reclaman un paquete de recortes estructural y prolongado en el tiempo. Por si quedaban dudas, el FMI ha aclarado que la prolongación de algunas ayudas aprobada por el gobierno exigirá “esfuerzos adicionales”. Es decir, lo que se de con una mano habrá que recortarlo con la otra.

Nos repiten que los próximos presupuestos, estarán marcados por las cesiones Junts, en materia de impuestos o inversiones. Esa es la calderilla de la factura que deberemos pagar. El grueso del pago no se impone desde Waterloo sino desde Bruselas.

Los presupuestos que se aprueben deberán someterse a las nuevas reglas fiscales impuestas por la UE. Obligándonos a un ritmo de reducción de la deuda y el déficit que supondrá para España recortes valorados en 14.000 millones de euros.

Y la presión de los grandes capitales, especialmente los norteamericanos, que quieren convertir las pensiones públicas en su negocio privado va a arreciar durante todo el año. En 2025 deberá revisarse la reforma de las pensiones para valorar si hay que introducir nuevas medidas.

Esto es lo que de verdad determina la política del gobierno. Y quienes nos imponen los recortes.

Quién se opone: una mayoría enfrentada a los recortes

Apenas ha comenzado la legislatura y ya han hecho acto de presencia las dos fuerzas que chocan, empujando en sentido contrario.

No nos referimos a las negociaciones entre el PSOE y Junts, o con el resto de fuerzas parlamentarias que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez. Ni siquiera a la pugna entre el PSOE y el PP, que presumiblemente se mantendrá en un nivel alto al menos hasta las europeas de junio.

Hablamos de la disputa entre una mayoría social que rechaza los recortes, y por otro unos grandes centros de poder globales, la superpotencia norteamericana, pero también Alemania en el seno de la UE, que buscan imponer un nuevo calendario de “ajustes”.

Ambas fuerzas ejercen una poderosa influencia sobre la política española.

A través del FMI o la UE se ha impuesto un nuevo marco de recortes, que ya estamos empezando a notar, y que seguirá ejecutándose en 2024 y sobre todo a partir de 2025.

Pero en España existe una mayoría progresista que ha determinado la composición del gobierno, al vetar un ejecutivo del PP con Vox. Y que obliga a posponer unos recortes, como los que afectan a las pensiones públicas, o a modular otros, como la retirada de las ayudas para combatir los efectos de la pandemia y la inflación.

Al concentrar toda la atención en las negociaciones entre PSOE y Junts, desaparecen estas dos fuerzas, que sí van a determinar el desarrollo de la legislatura y la acción del gobierno.

Compromisos militares: lo que tampoco se negocia con Junts

La embajadora norteamericana en España acaba de anunciar que este año y el próximo llegarán a la base de Rota los dos nuevos destructores que ampliarán la presencia norteamericana en nuestro país.

Forma parte de los compromisos militares, crecientes, que Washington nos impone.

Desde el incremento del presupuesto militar, que ya está aumentando y que deberá alcanzar el 2% del PIB en 2029, a la participación de casi 4.000 soldados españoles en una veintena de misiones internacionales -más que nunca-, en aquellos lugares que interesan a EEUU, por ejemplo en Líbano.

Desde luego, ninguna de estas medidas se ha negociado con Junts, ni con ningún otro miembro de la “mayoría de investidura”.

Forma parte de nuestro cada vez mayor encuadramiento en la estructura militar norteamericana, que ha crecido con este y con anteriores gobiernos.

Lo que Waterloo esconde

No es Junts quien determina lo que sucede en España. No es Puigdemont quien dirige la acción del gobierno al imponerle un chantaje que le obliga a una cesión tras otra.

Es lícito posicionarse en contra de la amnistía, o rechazar algunas de las concesiones negociadas con Junts por parte del gobierno, como el traspaso de las competencias sobre inmigración.

Junts es “la derecha de toda la vida”. Sus posiciones reaccionarias, apoyando el genocidio de Israel o la sumisión a la OTAN, provocan el justo rechazo de la izquierda. Y la política económica que defiende Puigdemont es la misma que la de Ayuso.

Depender de los votos de Junts es un factor de inestabilidad para el gobierno. Pero la política del gobierno de coalición no está tutelada desde Waterloo.

Encumbrar a Puigdemont a una categoría, la de “patrón” de la política española -totalmente fuera de su alcance- oculta beneficia a quienes de verdad imponen sus condiciones.

Las principales cesiones del gobierno no son a Junts sino a Washington, y también a Berlín, en los compromisos militares o en el acatamiento de un marco de “ajustes” marcado por el FMI o la UE, bajo el que se pretenden imponer nuevos recortes.

Se han escrito cientos de páginas sobre las cesiones a Junts, pero muy pocas sobre la cesión a las eléctricas -negociada con el PNV-, que les permitirá limitar el pago del “impuesto especial”, o casi ninguna sobre las concesiones fiscales a la banca, gracias a las cuales reducen su carga fiscal a un ridículo tipo del 4%… cuando deberían pagar el 30%.

Estas son las “cesiones” que de verdad determinan nuestras vidas. Y que quedan ocultas al pretender convencernos de que Junts determina la política del gobierno.