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El presidente del Parlament, Roger Torrent de ERC, declaraba hace unos días: “Si la mesa de negociación es cosmética se acaba la legislatura en España”. Y el president Torra el pasado 28 de enero anunciaba el final de la legislatura en Cataluña: “Esta legislatura está acabada y no tiene más recorrido político”. Estas dos frases concentran cuál es el marco general de la situación. La correlación de fuerzas es favorable al pueblo, a la mayoría social progresista, tras la formación del gobierno de progreso PSOE-Unidas Podemos, pero inestable. El modelo político aún está en formación y no depende de los independentistas sino de ERC.
C. Bermeo
El adelanto de las elecciones en Euskadi y Galicia por el Partido Nacionalista vasco (PNV) y el Partido Popular (PP) no tiene nada que ver con los intereses de los ciudadanos vascos o gallegos. Nada que ver con lo que interesa a los trabajadores, a los pensionistas o las mujeres ni, por supuesto, a los intereses generales del país. Ni Urkullu ni Feijóo los han tenido en cuenta. Como Torrent y Torra, las dos derechas han adelantado las elecciones intentando aprovechar esta situación en su propio beneficio y de los intereses que defienden.
Urkullu ha adelantado las elecciones vascas, que deberían haber sido en octubre, para aprovechar el pacto de transferencias con el PSOE a cambio de apoyar el gobierno de coalición progresista con Podemos.
Feijóo ha visto la oportunidad de sumarse a la convocatoria de elecciones en Galicia para aprovechar el viento de las encuestas, antes de que el PS de Galicia les coma más terreno, impulsado por el gobierno progresista de Pedro Sánchez.
Desde esa perspectiva, lo que está en juego es si de estas elecciones va a salir una correlación de fuerzas favorable a que se consolide y avance el gobierno de progreso para toda la nación. O por el contrario se van a fortalecer los factores de inestabilidad.
En Euskadi las encuestas estarían confirmando los resultados de las elecciones autonómicas de 2016. Según la encuesta de EiTB, el PNV ampliaría su ventaja electoral respecto a las autonómicas de 2016 en 2 o 3 diputados. Conseguiría entre 31-32 escaños, el 40,5% de los votos, por lo que podría gobernar sin problemas con los 9 diputados del PSE-EE, su actual socio de gobierno.
Al mismo tiempo, esas encuestas confirmarían también la mejora de los resultados de una EH Bildu “blanqueada” que pasaría de 17 a 18 o 19 diputados, con el 22,4% de los votos..
Con estos resultados se abren posibilidades de desarrollo sobre el escenario político que dependen del camino que tome el PNV.
Por un lado, que el PNV se decida por continuar gobernando con el PSE, lo que favorecería la estabilidad en Euskadi, pero también en el gobierno de progreso para toda España. El PSE ya se ha ofrecido para garantizar “el diálogo entre territorios” y como “la única garantía de que Euskadi no se enrede en aventuras soberanistas y se ponga el acento en: políticas sociales, la emergencia climática y empleo de calidad”.
Pero también está sobre la mesa que con EH Bildu el PNV tendría la mayoría absoluta en el Parlamento Vasco. Y aunque no está en juego, por ahora ni en un horizonte previsible cercano, un reto secesionista, no hay que descartar que estas fuerzas traten de aprovechar la reforma del Estatuto de Gernika para avanzar en establecer un marco legal en que se relaje la defensa de la unidad territorial, una unidad más “laxa”.
Con el adelanto electoral el PNV ha intentado aprovechar su pacto de gobernabilidad con el PSOE en Madrid y las transferencias que eso suponen (respecto a la gestión de la Seguridad Social, la política penitenciaria o las selecciones deportivas vascas), así como el reconocimiento de “las identidades territoriales”.
Sin embargo, la irrupción de un jugador inesperado, el derrumbe del vertedero de Zaldíbar, donde continúan sepultados dos trabajadores y se ha provocado una crisis medioambiental y social de grandes proporciones, puede pasarle factura al gobierno del PNV. La gestión “idílica” del PNV ha pasado a estar en el punto de mira. La falta de empatía con los ciudadanos –han tardado seis días en ponerse en contacto con los familiares- y la evidencia de que lo ocurrido no es un “simple accidente”, como intenta decir el gobierno vasco, sino el resultado de una gestión donde se ha beneficiado a unas empresas de la basura sin atender a la salud de la gente y el medio ambiente, puede dejar tocado al PNV.
En Galicia está en juego, ante todo, si la derecha con el PP revalida su mayoría absoluta y se convierte en el ariete principal contra el gobierno progresista. Las encuestas siguen dándole mayoría absoluta, la única forma en la que puede seguir gobernando, ya que ni Ciudadanos ni Vox están en condiciones de aportar más a Feijóo.
El reto de la izquierda
Si las dos derechas, la del PNV y el PP han convocado las elecciones, son las fuerzas de izquierda en Euskadi y Galicia las que tienen una responsabilidad especial en que en esta situación de inestabilidad, el resultado de estas elecciones acabe siendo aún más favorable al pueblo o no.
En Euskadi, Elkarrekin Podemos se enfrenta al reto de recuperar la sintonía con el electorado vasco que en diciembre de 2015 le convirtió en la segunda fuerza política con 5 diputados en el Congreso (por 6 del PNV) y la primera en votos, con el 25,9%.
Aunque se presentan dos mujeres a las primarias para encabezar la candidatura, Rosa Martínez, respaldada por el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez; y Miren Gorrotxategi, con respaldo de los sectores más cercanos al secretario general Pablo Iglesias, el problema no está ahí, sino en si serán capaces de sacar conclusiones de los errores que les han llevado a perder la mitad de su electorado en el País Vasco. De sus posiciones con respecto al nacionalismo y trasladar a Euskadi el “derecho a decidir”, contribuyendo en cierta forma a “blanquear” a Bildu, y su reciente colaboración con el PNV y el apoyo a sus presupuestos.
En Galicia, el problema de origen es el estallido del espacio que se articuló como En Marea en 2016 y que agrupó a un amplio abanico de fuerzas de izquierdas, un partido que agrupaba a Podemos, Anova, Esquerda Unida, Equo Galicia y Espazo Socialista Galego, junto con las mareas municipales, Compostela Aberta, Marea Atlántica o Ferrol en Común.
La incapacidad de En Común (Podemos y Esquerda Unida) por recomponer la unidad manteniendo la personalidad de cada fuerza es un factor determinante.
Todos estos son factores que no trabajan por dar estabilidad a la situación y favorecer la legislatura del gobierno de progreso.
En estas condiciones, a pesar del adelanto electoral y el poco tiempo para abordar todos estos problemas, Recortes Cero-Grupo Verde se presenta a las elecciones en las dos comunidades autónomas, trabajando a destajo para cuajar una alternativa de unidad progresista y de izquierdas lo más amplia posible que defienda la redistribución de la riqueza en Galicia y Euskadi y la unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de España para hacer avanzar la lucha por los intereses comunes de vascos y gallegos con el conjunto del pueblo trabajador de toda España.