Cargando...
Nos presentan las cosas como un nuevo enfrentamiento entre Cataluña y España, o entre el gobierno de Rajoy y las autonomías gobernadas por el PSOE. Todo para ocultar el fondo de la cuestión, el sangrante saqueo del dinero público por parte de la gran banca extranjera. Todos los problemas financieros de las autonomías se resumen en uno solo: primero se paga a los bancos extranjeros, y luego está tu salud, la educación de tus hijos, el bienestar de nuestros mayores… Y este vergonzoso atraco está protegido por la ley, la que ha dictado el FMI y Berlín sobre una España intervenida.
Cataluña ni siquiera acude a la reunión con el ministro de Hacienda. Andalucía se levanta de la mesa y anuncia un recurso de inconstitucionalidad contra el techo de deuda. Todas las miradas se dirigen hacia la “inflexibilidad” de Rajoy, imponiendo unos draconianos objetivos de reducción del déficit que obligarán a las autonomías a salvajes recortes sociales.
Pero esta es solo una parte de la verdad. Y todo el mundo sabe que una verdad a medias es una mentira. Sobre todo cuando se nos oculta a los principales responsables. «Esta “camisa de fuerza” impuesta por el FMI y la UE es la que ha dinamitado las finanzas autonómicas»
Todo comenzó en agosto del pasado año, cuando Zapatero, Rajoy y Rubalcaba se plegaron a las exigencias de Merkel MI y, en solo quince días, reformaron la constitución para imponer que el pago de las deudas con los bancos tendría “prioridad absoluta” sobre cualquier otro gasto. En concreto, se pagaría antes a los bancos extranjeros que a los pensionistas, dependientes, hospitales, colegios…
Este mandato de Washington y Berlín se trasladó a la Ley de Estabilidad, que obliga a todas las administraciones -gobierno central, autonomías o cualquier otro organismo público con capacidad para emitir deuda- a pagar sus créditos a la banca por delante de cualquier otro gasto, ya sean nóminas o servicos públicos esenciales.
Esta “camisa de fuerza” impuesta por el FMI y la UE es la que ha dinamitado las finanzas autonómicas.
A finales de julio, el gobierno catalán debía devolver 424 millones de euros a los bancos. ¿Qué hizo? Dejar de abonar 345 millones a los hospitales públicos concertados, que atienden a algo más de la mitad de la población catalana. Eliminar el pago de 70 millones en servicios sociales -centros de dependientes, centros de menores…-, afectando a más de 7.300 centros en los que trabajan 100.000 personas. Y comunicar a 700 escuelas concertadas que se quedarán si subvenciones públicas durante el mes de julio, valoradas en siete millones.
Cada euro que se recorta en sanidad, educación, dependencia… va a parar directamente a los bancos. No es una operación abstracta, es un atraco muy concreto y material.
Y es la banca extranjera quien se beneficia. Aunque una parte de las deudas se saldan con bancos nacionales, éstos cobran para a su vez saldar los vencimientos comprometidos con entidades extranjeras.
Cuando se deja de pagar a un dependiente en Barcelona, ese dinero se lo acaba llevando el Deustche Bank o el BNP Paribas.