Cargando...El año pasado tomamos la decisión de hacer las maletas y establecer nuestros laboratorios en otros países. Hasta entonces habíamos dirigido líneas de investigación en España, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que, por indicadores objetivos, se podrían señalar como referentes internacionales en nuestros respectivos campos. Seguimos en nuestra marcha el camino iniciado por investigadores más jóvenes, que fueron, y siguen siendo, expulsados del sistema por el brutal adelgazamiento de las plantillas y programas de contratación. A este adelgazamiento forzoso se une ahora uno voluntario y mucho menos numeroso de científicos establecidos que, como nosotros, deciden marcharse.
Emilio Lora-Tamayo, presidente del CSIC, ha explicado esta marcha de investigadores establecidos por la oferta de “cheques de varios ceros”, lo que supone confundir en el diagnóstico causa con efecto.
El efecto es que nos hemos marchado y lo hemos hecho a instituciones que consideramos que ofrecen las mejores condiciones para continuar nuestra investigación, incluyendo remuneraciones competitivas a escala internacional. Pero esas ofertas no han surgido de repente; las hemos venido recibiendo con asiduidad, por lo que difícilmente puede ser esta la causa de nuestra marcha.
La causa es el hastío de un sistema de investigación público en España incapaz de adaptarse a las necesidades actuales. Ejemplos de esta disfunción son las trabas a la contratación de científicos extranjeros, los largos plazos para la contratación de personal y, en resumen, la falta de flexibilidad administrativa. Este problema ha sido reconocido desde hace décadas, pero hemos sido incapaces de afrontarlo con valentía incluso sabiendo cuál es la solución, que dicha solución es factible y que, además, es económicamente rentable. Por si todo esto no fuera suficientemente trágico, en los dos últimos años hemos asistido a un empeoramiento de estas condiciones, al menos en el CSIC, donde se ha dado la conjunción de tres niveles de deterioro.
Los científicos no somos un grupo al margen de la sociedad, a la que servimos y en la que estamos imbricados directamente. Así hemos soportado solidariamente los sacrificios (rebaja sustancial de ingresos y de días de vacaciones), aumento de impuestos y limitaciones de servicios y prestaciones sociales que han venido soportando todos los trabajadores en España. Es el primer nivel de deterioro.
El segundo nivel afecta específicamente a la actividad científica, castigada con una caída importante de la financiación. Esta, a su vez, se ve agravada por el secuestro de convocatorias de financiación por parte del Ministerio de Hacienda, de manera que el exiguo presupuesto no se ha llegado a ejecutar en los pasados ejercicios. Han desaparecido programas de apoyo a la ciencia y formación de jóvenes investigadores y se han deteriorado las infraestructuras. Frente a esto nos sobrepusimos recurriendo a fuentes de financiación internacionales para capear el temporal de la escasez de recursos a escala nacional.
Sin embargo, la puntilla que nos ha llevado a marcharnos y que es específica del CSIC es el empeoramiento de las condiciones para hacer ciencia de calidad en los últimos años. En 2013, el presidente del CSIC envió un escrito a los investigadores anunciando que se incautaba de fondos de investigación, obtenidos de fuentes competitivas externas al CSIC; a la vez que congelaba, durante ocho meses, el acceso a los fondos de proyectos en ejecución y suspendía todos los compromisos de financiación asumidos con instituciones nacionales e internacionales. Todo ello innecesariamente, pues se hacía en aras a un plan de “viabilidad” para atajar un déficit que se resultó ser, en buena medida, una ficción derivada de errores contables de bulto, como señaló la Intervención General de la Administración del Estado. Es decir: a un “corralito” científico, el presidente del CSIC sumaba una quita a sus propios investigadores. Estas medidas insólitas afectaban con mayor gravedad a los investigadores más activos, con más proyectos competitivos y, por tanto, con equipos mayores y compromisos de investigación más exigentes. Además, se introdujeron nuevas medidas burocráticas que, bajo la apariencia de aumentar el control del gasto, lo único que consiguieron fue dificultar aún más nuestro trabajo.
La triste realidad es que el CSIC del siglo XXI es mucho peor que el de hace sólo unos años. Los investigadores más brillantes ya no se incorporan mayoritariamente al CSIC, sino que lo hacen en otras instituciones españolas más ágiles y competitivas. Y no es solo porque el CSIC apenas contrate hoy en día, sino porque, en gran medida, ha dejado de ser el referente científico de nuestro país. No queremos ser investigadores en una institución anclada en la añoranza de un pasado que creímos haber dejado atrás. Esa, y no los cheques de muchos ceros, es la causa de nuestra marcha.
¿Qué cambios deberían producirse para que de una vez por todas pongamos las bases de un sistema de I+D moderno y funcional en nuestro país? Por encima de todo, darse cuenta de que ya no es suficiente con poner parches a un sistema fallido, sino que hay que reinstaurar el sistema. Si el CSIC fuese un banco, la solución sería crear un nuevo organismo y dejar el actual CSIC como un banco malo en el que queden todos los activos tóxicos a extinguir. Los activos rentables, que siguen siendo muchos, irían pasando, a través de procedimientos de selección rigurosos, a un nuevo organismo en el que ni los investigadores ni el personal administrativo o de apoyo serían funcionario; contarían con salarios más equiparables a los de países de nuestro entorno modulados en función de sus méritos; y el presidente dejaría de ser un comisario político nombrado por el Gobierno para ser un científico de prestigio seleccionado mediante concurso internacional, como en las mejores instituciones de investigación del mundo, con un consejo asesor internacional con capacidad de influencia real sobre el gobierno de la institución. Dicho organismo apoyaría la excelencia y fomentaría las facilidades administrativas para que sus científicos tuvieran capacidad de gestionar proyectos competitivos. Comprendería las reglas del juego de esta actividad internacional que llamamos Ciencia.
No estamos proponiendo una fantasía. Estos modelos de contratación de investigadores existen en Cataluña (ICREA) desde hace años y, más recientemente, en Euskadi (IKERBASQUE). Y existen centros de investigación en España que han adoptado procedimientos de gestión modernos y eficaces, libres en gran medida de la burocracia que atenaza al CSIC. Han incorporado a los mejores científicos independientemente de su procedencia y, a partir de ahí, el sistema funciona solo: los científicos que lideran sus campos son capaces de atraer la financiación más competitiva y los mejores talentos. Como consecuencia, el sistema no solo no es costoso, sino que proporciona beneficios. El gasto público en la contratación de estos científicos de excelencia se compensa con creces por el retorno en forma de costes indirectos de sus proyectos y el círculo virtuoso que lleva al crecimiento de un ecosistema basado en conocimiento e innovación en torno a las instituciones que les apoyan.
Llevamos dos o tres décadas con un diagnóstico certero, sabemos cuál es la solución y hemos comprobado una y otra vez que dicha solución no solo crea calidad científica sino que es económicamente rentable. No hay excusas para aplazar un día más la profunda renovación del sistema público de I+D que requiere nuestro país.
Jordi Bascompte es catedrático de Ecología en el Institute of Evolutionary Biology and Environmental Studies, University of Zurich, Suiza. Carlos M. Duarte es catedrático de Ciencias Marinas en la King Abdullah University of Science and Technology, Arabia Saudí. Óscar Marín es director del MRC Centre for Developmental Neurobiology King’s College London, Reino Unido. Los tres son profesores de Investigación del CSIC en excedencia.