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Seis de los 10 españoles que más seguidores tienen en sus programas divulgativos o de entretenimiento emitidos por Youtube, se han hecho residentes en Andorra. Alguno ha reconocido abiertamente que es para pagar menos impuestos. Que escamoteen en impuestos quienes ganan tanto merece la más severa reprobación, el más enérgico rechazo social. Y más en una situación de emergencia sanitaria y de crisis económica y social, donde los servicios públicos -en especial la sanidad- que se paga con los impuestos de todos, ha demostrado su carácter imprescindible.
Ahora bien, por mucha y justificada que sea la indignación que haya causado esta noticia, el volumen de dinero que no tributan es solo un insignificante porcentaje de los impuestos que dejan de tributar grandes fortunas y empresas, colocando patrimonio y capital legalmente e ilegalmente en el extranjero. ¿Por qué debemos centrar nuestra atención en los rateros cuando tenemos al crimen organizado?
Los más destacados youtubers, como el “Rubius”, obtienen millones de visitas a sus videos, pueden cobrar por suscripción o por insertar publicidad, ganando algunos de ellos centenares de miles de euros.
En España, las rentas superiores a 300.000 euros tributan casi la mitad de sus ganancias en impuestos de la renta. Por contra en Andorra solo pagan un 10%. Alguien que gane 1 millón de euros pagará unos 450.000 euros en España pero solo 100.000 en el Principado.
Para que no sea delito debe demostrar residir menos de 183 días en España y más de 90 en otro país. Con ese nivel de renta combinar la residencia a conveniencia entre ambos territorios no es problema para ellos. Si cumplen esta condición, aunque privan al Estado de recaudar impuestos, legalmente ni siquiera es sancionable.
Hay otro otra escala de fraude también legal. La ONG Intermón Oxfam publicó a final de año un informe en el que estudiaba a las 35 mayores empresas y bancos del España calculando cuánto pagan y cuánto evaden de impuestos usando los diferentes medios legales a los que tienen acceso.
La conclusión es que sobraría dinero para encarar la crisis sin depender de Europa, aplicando una justa redistribución de la riqueza mediante impuestos proporcionales y atacando el gran fraude fiscal.
A finales de 2019 esas empresas del Ibex 35 mantenían 740 filiales en Paraísos fiscales. Como afirma el informe «tan sólo una filial en uno de estos territorios ya podría ser utilizada para canalizar enormes flujos de dinero para eludir el pago de impuestos».
Algunas compañías argumentan que es consecuencia natural de su internacionalización; pero basta una mirada a qué territorios albergan esas filiales para comprender cómo el único objetivo es… no pagar impuestos.
Las sociedades que coptizan en la Bolsa Española declaran hasta 358 sociedades de este tipo, todas con sede en la región norteamericana de Delaware, conocida como The Land of Free-Tax (el territorio libre de impuestos). Este es el segundo Estado más pequeño de EE.UU y que con una población similar a La Rioja o Cantabria, alberga la mitad de todas las filiales controladas por la banca y monopolios españoles en el extranjero… está todo dicho.
El resto se reparten por los diferentes países que ofrecen reducir la factura fiscal: 98 en Países Bajos, en Irlanda 69, Luxemburgo 48…
Además solo 13 de las 35 empresas del Ibex cumplen con la obligación de informar sobre los impuestos que abonan en otros países. Y de ellas sólo 5 llegan a pagar en proporción al tipo legal medio en esos países. O sea que la mayoría escatiman impuestos hasta donde casi no se paga nada.
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que hay que considerar además otra pérdida consentida de impuestos que beneficia a las mayores fortunas y monopolios, porque tiene fijados menores porcentajes a pagar que la media europea. Hasta 58.000 recaudaría Hacienda aplicando a los grandes capitales los tipos de impuestos medios de la UE.
Suma y sigue
A todo este «robo legal o consentido» hay que sumar la parte ilegal del fraude: el dinero o bienes que no se declaran dentro del territorio, y los que se envían sin informar a Hacienda a cuentas en el extranjero.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su informe sobre fraude fiscal en España titulado «El hueco que deja el diablo» estimaba sólo el fraude anual en el IRPF en 20.000 millones de euros, más del 1,7% sobre el valor del PIB español.
Ojo que estos 20.000 millones se refieren únicamente a la declaración de Impuesto sobre la Renta. El informe señala que si le sumamos también el fraude en IVA y en el Impuesto de Sociedades, entonces el dinero ocultado ya asciende a entre un 3,5% o un 4% sobre el PIB, unos 40.000 millones de euros. Y apuntan a que ese fraude se concentra en los rendimientos del capital mobiliario (intereses y dividendos por inversiones), cuya evasión procede mayoritariamente de quienes tienen capitales en el extranjero sin declarar.
Gestha calcula el fraude fiscal total nacional en 91.000 millones de euros cada año, de ellos 60.600 millones son por impuestos evadidos y otros 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social. Es una cifra superior al Producto Interior Bruto del País Vasco; mayor que la suma del PIB de Baleares, Murcia y Navarra juntos; o superior a la riqueza generada en un año entre Galicia y Extremadura.
Es a quienes evaden estos grandes números donde hay que dirigir la mirada.
Los propios técnicos de Hacienda proponen subir los impuestos para los niveles más altos de renta y beneficios empresariales, y centrar la investigación en el fraude más sofisticado de multinacionales y grandes fortunas.
Destinar más medios a cortar de raíz este fraude fiscal ilegal y legislar para impedir la evasión legal del dinero, daría al país unos recursos financieros suficientes para acabar con el déficit cada año en los presupuestos del Estado, y unos ingresos sobrados para acometer la reversión de los Recortes sociales o para plantearse proyectos de inversión.