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Joan Arnau
“España va a ser un 10% más pobre”. Estas palabras fueron pronunciadas por Jaume Malet en los momentos más duros del confinamiento. El nombre de este abogado catalán apenas es conocido, pero sus palabras representan a un poder que excede con mucho a su persona.
Desde 2002 ostenta la presidencia de la Cámara de Comercio de EEUU en España. Las 250 grandes empresas que la integran acumulan una facturación de 248.000 millones, el 24% del PIB español, y forma parte de la US Chamber of Commerce, la primera organización empresarial de EEUU.
Habitualmente permanece en la sombra, pero desde el estallido de la pandemia ha protagonizado una inusual actividad pública. A través de sus comunicados y declaraciones podemos desentrañar todo un programa de gobierno. Ha ejercido, y sigue haciéndolo, una influencia tan oculta como decisiva.
El domingo 29 de marzo, el número de muertes a causa del coronavirus registraba un nuevo récord en España: 838. Solo 24 horas después, nuestro país superaba ya a China en número de casos positivos. Para detener la expansión de la pandemia, el gobierno había decretado la paralización durante 15 días de todas las actividades consideradas “no esenciales”.
Es entonces cuando la Cámara de Comercio de EEUU en España se pronuncia por primera vez sobre la pandemia. Remite una carta, que se hace llegar a todos los medios, exigiendo al gobierno “una interpretación amplia del decreto” para “permitir una actividad mínima indispensable”. Señalando especialmente que “en caso contrario se dificulta cumplir pedidos incluso con el Departamento de Defensa de EEUU, al que se abastece desde España”.
La presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín, se suma a estas exigencias, reclamando el 7 de abril “planificar cuanto antes la vuelta al trabajo de los más jóvenes”.
Ante unas presiones crecientes, el decreto no será renovado, permitiendo a los grandes monopolios norteamericanos continuar su actividad.
El 15 de mayo, tras dos meses de confinamiento, España supera ya los 230.000 contagios y el número de muertes se eleva hasta 27.459. Estamos en plena batalla por “contener la curva” y evitar el colapso sanitario.
Ese mismo día, el presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España, Jaume Malet, concede una extensa entrevista a Expansión, uno de los principales periódicos económicos españoles. Se ha encargado de dar máxima difusión a su mensaje, apareciendo previamente, en horario de prime time, en “Espejo Público”, uno de los programas televisivos de referencia.
El titular de la entrevista no deja lugar a dudas. “Necesitamos un Colao español para liderar la salida de la crisis”. Se refiere a Vittorio Colao, ex CEO de Vodafone que en Italia preside la “Comisión de Reconstrucción”. La receta de Malet es clara: “salvar al sector privado con el dinero público”. Es el Estado quien debe endeudarse, pero “los recursos públicos deben estar gestionados de forma privada por empresarios y directivos”.
Cuando le preguntan sobre “los efectos de la prohibición del despido”, Malet responde de forma contundente: “la mayor parte de los empresarios tiene que tener más libertad que nunca para poder ajustar la demanda a su plantilla”.
El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España reclama todo un rescate fiscal a las grandes empresas, bajando todavía más el Impuesto de Sociedades a grandes bancos y monopolios, y amenazando con “represalias en forma de aranceles” si se aprobaban nuevos tributos como la tasa Google a los gigantes estadounidenses de internet. Y remata su programa con la necesidad de “favorecer la inversión extranjera en España”… especialmente la norteamericana.
En los primeros días de junio el clima político era irrespirable. El acoso al gobierno llegó a poner en riesgo la prórroga del Estado de alarma, lo que hubiera abierto una gravísima crisis en los momentos más delicados del combate a la pandemia.
Es entonces, concretamente el 6 de junio, cuando las 50 mayores multinacionales presentes en España presentan al gobierno un documento de 70 medidas, cuyo título exhibe públicamente sus intenciones: “Prioridades del gobierno: un entorno que facilite la resiliencia”. En él los principales monopolios extranjeros fijan dos línea rojas al gobierno español: no debe tocarse la reforma laboral, y no debe contemplarse ninguna subida de impuestos a grandes fortunas, bancos y monopolios.
En cada momento crítico de la pandemia, encontramos una intervención exterior, en algunos casos mas velada, en otros más abierta, maniobrando para determinar las políticas que deben -y las que no deben- aplicarse en España.
El 15 de junio dio comienzo la “macrocumbre” empresarial organizada por la CEOE, en la que, directamente y sin intermediarios, los representantes de los mayores bancos y monopolios españoles expresaban su voluntad de “marcar la agenda económica” para “los próximos 10, 15, 20 años”, y aventuraban “una década de recortes” a través de “un ambicioso programa de reformas estructurales”.
Pero esta era una de las réplicas. Las élites económicas españolas pretenden descargar las pérdidas de la pandemia sobre la población, poniendo a salvo sus ganancias, pero el epicentro del terremoto, el que constituye la mayor amenaza para la población y el país, está fuera de nuestras fronteras.
Más dependencia, más recortes
A causa de la pandemia, los grandes fondos y multinacionales estadounidenses pueden ver reducidos entre un 25% y un 44% sus ganancias. Y la anunciada pérdida de peso de EEUU en el PIB global puede suponerle dejar de controlar directamente hasta 4,26 billones de dólares.
¿Cómo puede sufragar EEUU estás cuantiosas pérdidas? Imponiendo un mayor grado de saqueo sobre los países que controla, como España. Este es el hilo que une las necesidades globales de la superpotencia con el agresivo programa planteado por los representantes de la Cámara de Comercio de EEUU en España.
La pandemia existe, sus efectos son extremadamente destructivos, pero la mayor amenaza proviene de quienes pretenden imponernos una nueva vuelta de tuerca al saqueo y los recortes.
Y la gasolina que alimenta el incendio es nuestro grado de dependencia. Los recortes o la reforma laboral, impuestos desde el exterior a golpe de dictados de la troika, han mermado la capacidad de respuesta de la sanidad pública o condenado al paro a los trabajadores temporales.
Se publicita los parabienes de los 140.000 millones de ayudas europeas que recibiremos. Pero se oculta que traen incorporadas una “condicionalidad” que puede traducirse en la imposición de una reforma de las pensiones, en la prohibición de tocar la reforma laboral, o en la “reducción del gasto público” tras la pandemia para sufragar la deuda.
Aunque las circunstancias sean diferentes que en 2010, la ecuación es la misma: más intervención exterior sobre nuestro país se traducirá en más saqueo sobre la población y un mayor grado de expolio exterior sobre las riquezas nacionales.
Ya se anuncian rebajas salariales de entre un 10% y un 20%, organismos como Intermon Oxfam denuncian que las rentas de la población pueden recortarse hasta un 20,5%, y el servicio de estudios del BBVA amenaza con “un ajuste dramático y muy rápido en las pensiones”.
Mientras, asistimos a una feroz ofensiva del gran capital norteamericano en España desde el inicio de la pandemia: JP Morgan ha incrementado su participación en Repsol y ha irrumpido en BME; BlackRock ha hecho lo propio en Bankia e Iberdrola; Goldman Sachs en ACS; tres fondos norteamericanos han lanzado una OPA sobre MasMovil; dos fondos británicos controlan ya Euskaltel…Y este es solo el principio. Los fondos norteamericanos aumentan su inversión en España para “comprar compañías devaluadas por la crisis”.