Cargando...En mala hora se le ocurrió a Margallo promocionar la Marca España sin antes asegurarse de que ésta no fuera mancillada. Es evidente que Rajoy minusvaloró el impacto de los escándalos, probablemente porque hasta ahora siempre se tapaban y las responsabilidades se diluían. El mundo cambió cuando países como Suiza comenzaron a levantar el secreto bancario. Hacienda tiene hoy mayor capacidad que nunca para detectar el dinero en el exterior de sus súbditos, los españoles, o para pedir información sobre cuentas sospechosas.
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, cayó por utilizar en uno de sus viajes de aventura una tarjeta del Dresdner Bank, correspondiente a un cuenta que Hacienda no tenía identificada. A partir de ese momento, tiró del hilo hasta desenredar la madeja. A Granados también le delató una cuenta en Suiza. Con su socio David Marjaliza montó una red de un centenar de sociedades que el juez Eloy Velasco se entretuvo en desentrañar, como cuenta hoy elEconomista.
Es obvio que la mayor transparencia bancaria cogió por sorpresa a las tramas de dinero ilegal. El encarcelamiento de Granados es mucho más grave de lo que parece a simple vista, porque crea disfunciones en el corazón del partido en el Gobierno y puede poner en entredicho la estabilidad futura.
El lunes, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dará a conocer un sondeo, que revela un fuerte descenso de la intención de voto del PP, hasta niveles próximos a los de Podemos, que sería la segunda fuerza política por delante de los socialistas. Todos sabemos que las intenciones de voto cambian, según las circunstancias, y en esta ocasión el sondeo se realizó poco después de que estallara el escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid. Pero si esa correlación de fuerzas se mantiene, los dos partidos tradicionales están condenados a entenderse para garantizar la estabilidad. Una situación parecida a la que se produjo en Grecia para impedir que Syriza accediera al poder.
El gurú del PP, Pedro Arriola, falló esta vez de manera estrepitosa. Tras un primer momento de desconcierto por el buen resultado de la formación política de Pablo Iglesias en las europeas, Arriola convenció a Rajoy de que sería beneficioso seguir dándole cancha al chico de la coleta, porque su discurso radical obligaría a «las personas decentes» a volver a votar a Rajoy.
Pero la situación de hartazgo se desbordó al conocer la alegría con la que los gestores de Caja Madrid tiraban de tarjeta B, a la par que desahuciaban a cientos de clientes y negaban créditos a otros millares, condenándolos a la ruina. La encuesta del CIS revela que los españoles quieren acabar con los dirigentes que huelan a pasado, porque desconfían de su honradez.
El affaire Granados es una muestra palmaria de que la corrupción en el PP madrileño, la federación más potente junto a la valenciana, no es cosa del pasado, sino de nuestros días. La operación más reciente es de junio de este mismo año.
Un alto cargo de la Comunidad de Madrid me dijo hace un par de años, cuando saltaron las primeras noticias sobre las corruptelas de Granados, que como saliera a la luz todo, sería como una bomba nuclear para el Gobierno de Esperanza Aguirre (entonces en el poder).
Ahora se muestra sorprendida, pero es difícil creer que Granados hiciera y deshiciera a su antojo durante casi una década sin la más mínima sospecha de la lideresa, que tenía fama de tenerlo todo atado y bien atado.
Aguirre es la presidenta del PP madrileño. Dejemos aparte si lo sabía o no, porque es imposible sacar una conclusión. Pero alguien debería exigirle responsabilidades políticas. No enterarse de lo que pasa en su partido es causa suficiente para que ponga su cargo públicamente a disposición del presidente nacional.
Rajoy exculpó esta semana a Aguirre para no abrir un terremoto bajo sus pies, porque lo primero que tendría que hacer a continuación es cesar a la ministra de Sanidad, Ana Mato. En el Gobierno aseguran que Aguirre ha perdido toda opción de ser candidata a la Alcaldía de Madrid y que, muy probablemente, Ignacio González tampoco repetirá en el cartel electoral de la autonomía, ya que ambos van en un mismo paquete. «Tenemos que erradicar de nuestras listas cualquier asomo de complicidad con la corrupción «, afirman contundentes en medios oficiales.
Desde luego, el PP tiene un problema, porque con Valencia en la cuerda floja, si pierde Madrid es imposible que gane los próximos comicios. El presidente estaría por ello dispuesto a mover ficha con su mejor pieza, el equivalente en el juego del ajedrez a la reina. Me refiero a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, uno de los políticos mejor valorados por la opinión pública, a la que el presidente recurre como cortafuegos en situaciones difíciles. El último caso fue el comité de seguimiento del ébola. Su pareja de baile para dirigir la Comunidad de Madrid sería Cristina Cifuentes, la delegada del Ejecutivo. Aunque con Rajoy nunca se sabe, porque apura las decisiones hasta el último minuto.
El presidente lo fió todo a la economía, creyendo que la vuelta a la actividad y el paulatino descenso del paro serían la baza definitiva para recuperar la confianza del electorado. Ya conocen el dicho de que «con pan, las penas son menos». Pero no contó con dos circunstancias extraordinarias, que amenazan con descarrilar su plan: el ascenso de Podemos y la cuestión catalana. Para colmo, la debilidad de la economía europea acabarán pasando factura a la reactivación española.
El soberanismo catalán empieza a pesar en el ánimo de los inversores, según el sondeo realizado en el resto de Europa por la red de corresponsales de elEconomista. También comienza a aparecer como un factor desestabilizador en los informes elaborados por la banca de inversión sobre nuestros país. La otra pregunta que se hacen los inversores es qué papel puede jugar Pablo Iglesias en el futuro político español. Aún es pronto para contestar a esa cuestión. Pero la única manera de frenar en seco su ascenso es con hechos, además de las palabras de arrepentimiento del otro día. Hasta el presidente del Tribunal de Cuentas reclama más armas para auditar a los políticos.
El código de Transparencia anunciado este viernes, así como el incremento de los magistrados, son pasos en la buena dirección. Rajoy debe, además, agilizar la aprobación de todas las leyes penales para dar un castigo ejemplar a los condenados por beneficiarse de la cosa pública y acabar con las listas cerradas en los comicios.
La otra asignatura pendiente es echar de sus cargos a todas las personas relacionadas con casos de corrupción. Es incomprensible que aún se siente en el Parlamento valenciano Francisco Camps, que sigan Ana Mato y Ángel Acebes o presida el PP madrileño Esperanza Aguirre. Los políticos, además de honrados, tienen que parecerlo. Rajoy aún está a tiempo de actuar, si no lo hace, el electorado pensará que puede, pero no quiere atajar la corrupción, que le acorrala por todas partes y acabará ahogándolo.