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/ ALBERT BERTRAN
El independentismo volvió a unir fuerzas este jueves en las calles pero no logró paralizar la economía catalana como se propuso. La huelga general, convocada por el sindicato minoritario Intersindical-CSC y abrazada por el Govern y partidos y entidades soberanistas, se visibilizó a lo largo del día en el centro de Barcelona y dificultó la circulación en carreteras y autopistas con los cortes matutinos de los Comitès de Defensa de la República (CDR). Pero el transporte público apenas se vio afectado y, según datos ofrecidos por la Generalitat, el paro no superó el 30% de seguimiento en sectores como escuelas e institutos, comercio y función pública. El ámbito en el que aglutinaron más apoyos, como suele ser habitual, fue en las universidades, con un seguimiento del 67%. Tiendas y paradas abrieron, aunque la afluencia de consumidores fue menor que en un día cuotidiano. Los datos de consumo energético registraron un descenso del 3,7% respecto al anterior.
Fuentes de la Intersindical-CSC reconocen que las cifras son inferiores a las registradas en la huelga del 3 de octubre del 2017, dos días después de la celebración del referéndum, pero las tacharon de «éxito», al haber superado los porcentajes de la convocatoria contigua, la del 8 de noviembre.
El independentismo repitió el guión de otras movilizaciones en un nuevo episodio del ‘procés’: el juicio. Pese a que la central convocante y el sindicato mayoritario de enseñanza USTEC, hayan insistido en que el argumentario de la jornada se centraba en un clamor por la derogación de la reforma laboral que cumple siete años, las calles se tiñeron de ‘estelades’ y lazos amarillos sostenidos al aire, acompañados por gritos contra la vista en el Tribunal Supremo y en favor de la excarcelación de nueves de los doce acusados. De hecho, hicieron coincidir la convocatoria con el arranque del juicio, ya que el paro se registró para el 7 de febrero pero se aplazó para adaptarlo al calendario del alto tribunal
Movilizaciones
Los huelguistas se conjuraron al mediodía en la plaza de Universitat -de forma simultánea en las capitales de comarca-, en una marcha laboral y estudiantil que recorrió el centro de la ciudad. Unas 500 personas se escindieron del recorrido y ocuparon las vías del tren en la estación de plaza de Catalunya. La diputada de la CUP, Maria Sirvent, medió con las dotaciones de Mossos d’Esquadra y los manifestantes terminaron abandonando el perímetro. Los agentes recularon y, en el paseo de Gràcia, cargaron contra los concentrados después de que algunos lanzaran objetos contra el cordón policial.
Pese a que se interrumpió la circulación cerca de tres horas en este punto, Rodalies y Ferrocarrils Catalans de la Generalitat se ciñieron a los servicios mínimos decretados y el funcionamiento tanto del metro como de los autobuses gestionados por TMB apenas se vio afectado.
Por la tarde, unas 40.000 personas, según la Guardia Urbana -200.000 a ojos de los organizadores-, se conjuraron en Jardinets de Gràcia y recorrieron sin incidentes el paseo de Gràcia bajo el lema ‘Sin derechos no hay libertades’. Los impulsores cargaron contra el Gobierno por no haber derogado la reforma laboral y acusaron al Estado de querer dinamitar la inmersión lingüística. «Somos y seremos huelga general tantas veces como haga falta para defender los derechos de todas las personas», subrayaron los portavoces.
En los parlamentos que pusieron el colofón a la marcha, la voz de la Intersindical-CSC, Àngels Massip, censuró que no aceptarían una sentencia condenatoria para la cúpula del 1-O: «Quieren que sigamos arrodillados y claudicados como clase, y paralizados y serviles como pueblo. Pero nos mantendremos tozudamente alzados», enfatizó, ovacionada.
La jornada se saldó con cuatro detenidos en toda Catalunya, principalmente por los cortes de carretera acusados de atentado a la autoridad, y tanto los anticapitalistas como los CDR volvieron a pedir el cese de Miquel Buch al frente de la Conselleria de Interior.
Sindicalmente aislado
Si bien el paro llegó impulsado por las fuerzas políticas soberanistas, se llevó a cabo de espaldas al mundo sindical. Dentro de este, únicamente recibió el apoyo explícito y activo de la USTEC, una central con fuerte presencia en colegios, institutos y universidades. En la enseñanza el seguimiento fue del 27,9%, inferior al 34% registrado el 3 de octubre del 2017.
Los mayoritarios CCOO y UGT se desentendieron, al no creerse que la coincidencia de la convocatoria y el juicio del ‘procés’ fueran mera casualidad. Otras centrales, como la CGT, afines y activas en anteriores episodios como las huelgas del 3 de octubre o el 8 de noviembre, vieron la huelga con cierto recelo, incómodos con el explícito apoyo del Govern, que suspendió su agenda pública.
El aislamiento sindical del independentismo coincide con el agotamiento de varios gremios, que llegan al 21 de febrero tras un otoño caliente en cuanto a movilizaciones se refiere. Ello se percibe entre colectivos como la función pública, que evitó ‘in extremis’ una huelga por las pagas en diciembre y la que +realizó en noviembre fue solo de dos horas.
Entre los funcionarios de la Generalitat, el seguimiento fue del 23,7%. Más acusado fue el pinchazo entre los médicos y demás sanitarios, que vienen de una huelga de cinco días en los centros de atención primaria también en diciembre. Allí el seguimiento fue del 7,5%, menor que en los paros anteriores, como el del 3 de octubre del 2017, cuando fue del 15,8%.