Cargando...Que un hombre frío y calmado como Alfonso Alonso pierda los nervios en el Congreso y termine acusando a toda la oposición de «apadrinar al delincuente» Bárcenas es un síntoma de la escasez de recursos con que cuentan el PP y el Gobierno para responder al mayor reto político con el que se han tenido que enfrentar desde el triunfo electoral del 20-N.
Hice referencia hace unos días a la gran contradicción del argumentario de los populares: por un lado, le quitan relevancia a los papeles de Bárcenas y, al mismo tiempo, difunden que hay una conspiración para derribar a Rajoy. ¿Quién es el cerebro que ha cocinado tan indigesto plato? Si hubiera un MasterChef para asesores políticos, a éste habría que echarle en la primera ronda.
En Génova, y me refiero a gente con despacho en planta noble, no se explican lo que está ocurriendo. «¿Cuál es la estrategia?», pregunto a un dirigente. «No hay estrategia», contesta con rotundidad.
Tras el estallido de los papeles de Bárcenas, el asunto ha sido analizado en reuniones en Moncloa por el presidente Rajoy, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas.
Ahora bien, nadie sabe hasta el momento quién es el responsable de abordar el caso en el día a día. Al igual que, en su momento, Federico Trillo se encargó, con mayor o menor fortuna, de gestionar la orientación del partido y la estrategia jurídica de los implicados en Gürtel, ahora no hay nadie que haya asumido ese papel, al menos formalmente. De ahí lo espasmódico de la línea que el PP está siguiendo.
Hasta que se publicó la contabilidad B, Bárcenas era un problema bajo control. El despacho de Miguel Bajo, con Trallero como letrado directamente implicado, había logrado convencer al ex tesorero de que su mejor defensa consistía en admitir un delito fiscal, rebajándolo por su buena disposición a ponerse a bien con Hacienda, como demostraría el hecho de haber intentado acogerse a la regularización fiscal puesta en marcha por Cristóbal Montoro.
Dicen personas conocedoras del caso que incluso Bárcenas –alentado por Trallero– se reunió con inspectores de la Onif para recibir asesoramiento sobre qué debía hacer para beneficiarse de la amnistía fiscal.
Al mismo tiempo que se admitía ese pecadillo, Trallero recomendó a Bárcenas que negara la autoría de los papeles publicados por El País. Ésa no sólo era una estrategia jurídica, sino –ante todo– política. Y por ello, esa recomendación fue reforzada por diversos miembros del partido. Tan es así que finalmente, tras 48 horas de dudas, el ex tesorero aceptó mentir y rechazó la autoría de los mismos.
Con ello, el PP cerraba la puerta a la posible investigación de los delitos de financiación ilegal del partido, de posibles cohechos y del pago de sobresueldos en B (asunto poco relevante penalmente, pero letal desde el punto de vista político).
El PP tenía toda la capacidad de acción sobre Bárcenas. No en vano, Génova ha pagado un total de 400.000 euros al despacho de Miguel Bajo por la defensa del ex tesorero hasta diciembre de 2012.
Ese dato, junto con otros de los que hablaremos, quita toda credibilidad a la ofensiva del PP, encabezada por Alonso, de desprestigio de Bárcenas, al que acusó de «hacer de la mentira su profesión».
Bárcenas recibió un trato de favor frente a otros imputados en la trama Gürtel a los que el partido no financió su defensa.
El ex tesorero, como sabemos, cobró durante más de dos años un sueldo tras ser destituido de su cargo por su imputación en la trama Gürtel. La explicación que dio el partido fue tan atropellada como increíble: «Pagarle la Seguridad Social es un ejercicio de transparencia» (Floriano); «se trata de una indemnización en diferido» (María Dolores de Cospedal).
Por no hablar del comunicado que emitió el PP en julio de 2009 en el que ponía de relieve su confianza «en la inocencia de Luis Bárcenas y en que así se demostrará en los tribunales de Justicia». Por su parte, Rajoy siempre habló con aprecio hacia el ex tesorero. Al fin y al cabo, fue él quien le nombró.
Como sabemos ahora a través de los SMS entre Rajoy y Bárcenas, existió comunicación directa entre ambos hasta marzo de este año. Es decir, después de que se conocieran los famosos papeles.
Bárcenas se quejó amargamente de la actitud de las dos fiscales del caso y de la actuación de la Udef.
Según fuentes conocedoras del asunto, un miembro de dicha Unidad llegó a enseñar un informe al abogado Trallero en el que se demostraba que Luis el cabrón, que aparecía en el pendrive que guardaba la contabilidad de las empresas del grupo Gürtel, no era Luis Bárcenas, sino el empresario Luis Delso, con el que Correa habría tenido negocios comunes en Panamá. Dicho informe aún no ha sido aportado a la causa.
«Rajoy ha mantenido una postura ambigua en relación a este caso», dice un alto cargo del PP. «Ha querido seguir manteniendo con Bárcenas una relación cordial, pero no ha dado instrucciones a sus ministros para que le protegieran», afirma.
El caso es que tanto en Génova como en el Gobierno, quizá llevados por el nuevo clima conspiratorio, la tesis que se impone es que Alberto Ruiz-Gallardón sería el único gran beneficiario de una hipotética caída de Rajoy.
«Alberto no ha dado órdenes precisas a la Fiscalía y eso ha empeorado las cosas. Nada de lo que está ocurriendo habría sucedido si no se hubiera acordado la prisión sin fianza de Bárcenas. Ruz no la habría ordenado sin el concurso del fiscal», asegura la misma fuente con despacho en Génova.
Resulta cuando menos chocante que algunos de los que insultan ahora al ex tesorero con mayor vehemencia fueron los que le defendieron cuando María Dolores de Cospedal quiso echarle de su puesto.
Lo cierto es que, hasta ahora, la Justicia (incluido el ministro titular) es una de las instituciones que está a la altura de las circunstancias en este asunto que seguirá dando que hablar.