El Gobierno de Zapatero ha anunciado que va a insistir en la reducción del gasto público y para ello va a proponer a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que firmen un acuerdo para implantar, de forma generalizada, planes de austeridad. Como ya se ha comentado en el De Verdad Digital, más de la mitad de los Gobiernos autónomos ya rompieron el tope de déficit fijado para 2008, cuando ese año la crisis sólo estaba en sus comienzos. ¿Tiene alguna credibilidad esta propuesta gubernamental ante la realidad en que las castas burocráticas regionales han convertido la financiación autonómica, un sistema de despilfarro y corrupción? ¿Se puede pedir abstinencia al depredador? ¿O trata simplemente de adormecer a sus víctimas, los ciudadanos de a pie?
El ropio Consejo de Ministros cree tan poco en que el plan financiero sirva para disminuir el déficit de las administraciones, al que ha alimentado concediéndoles 11.000 millones de euros con el nuevo sistema de financiación autonómica, que el Ministerio de Economía no ha dado ningún tipo de detalles sobre las líneas básicas del plan hasta su remisión al Congreso. El auténtico camino de austeridad es llevar a cabo un decidido adelgazamiento de las administraciones públicas, mediante la eliminación de las dobles y triples competencias existentes (estatal, autonómica y local) para un mismo servicio público. Es decir, el ahorro drástico del gasto público. Podemos sugerir algunas medidas muy sencillas y prácticas. Cierre de todas las oficinas autonómicas en el exterior, sus innecesarias “embajadas”, que invaden las competencias de política exterior del Gobierno de España, y que salen muy caras. Anulación de todas las peticiones de informes “exóticos” y “esotéricos”. Suspensión de todo tipo de “fiesta”, celebración para las redes clientelares. Ruptura de todos los contratos de asesores y otros gastos públicos de personal que sirven para alimentar su propia estructura partidaria.