Cargando...Parece que no queda más remedio que comulgar con algunas ruedas de molino. Por ejemplo, con el cierre de filas del PP con su secretaria general el pasado lunes, cuando es público y notorio que la gestión delcaso Bárcenas por María Dolores de Cospedal ha provocado situaciones críticas en la organización. Dejémoslo, porque el tiempo es el juez riguroso que pone a cada cual en su lugar. Pero, al menos, tratemos de reflexionar con un mínimo de rigor acerca de un hecho grave y significativo como es el de la interposición por el partido del Gobierno de una demanda contra el diario El País y contra la persona que confeccionó y entregó los papeles que el periódico atribuye al extesorero popular. Los dirigentes del PP, comprometidos con ejercer acciones judiciales en su verborrea desordenada sobre Bárcenas y su relación con Génova, no han encontrado mejor procedimiento que reclamar al juez que sentencie que el periódico y su fuente han infringido los derechos al honor y la imagen del partido y de sus dirigentes, solicitando una indemnización por el daño moral causado de 500.000 euros.
La demanda es peculiarísima porque no la suscribe ni el presidente nacional del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, ni la secretaria general del partido, que por su cuenta y de manera individual, interpuso una acción semejante ante un juzgado de Toledo. Rajoy se quita de en medio según su pauta habitual de conducta, y María Dolores de Cospedal hace la guerra por su cuenta aunque, cual capitán Araña, introduce a su partido en un proceso judicial que, sobre peculiar, es muy selectivo. Lo es porque antes de que El País publicase el 3 de febrero de 2013 los llamados papeles de Bárcenas, el diario El Mundo se le adelantó el 18 de enero con una información a cinco columnas en su primera página en la que daba cuenta de que en Génova se pagaron sobresueldos en negro. Y más aún: el exdiputado del PP Jorge Trías escribió un incendiario artículo en El País el 21 de enero en el que acusaba a diestro y a siniestro por el cobro de emolumentos en la sede central del partido. Curiosamente, la demanda del PP se olvida del periódico de capital italiano -también de la TV con el mismo capital- y del abogado Trías, y para satisfacer, seguramente, algunas visceralidades focaliza su reclamación en El País. Cada cual que interprete el hecho como quiera, pero los abogados de Prisa podrían aducir mala fe procesal de la organización demandante porque si afectó a su honor e imagen los papeles de Bárcenas, ¿no lo hicieron las afirmaciones de Trías o el titular acusatorio de El Mundo?
Pero además de peculiar y selectiva, la demanda del PP es también temeraria en el sentido de que la pretensión que persigue es manifiestamente inconsistente e infundada. Lo es porque 1) el presidente del Gobierno dijo en Berlín el 5 de febrero pasado ante Angela Merkel que los papeles de Bárcenas (sin mencionar al personaje) “son falsos salvo alguna cosa”, 2) porque, como ha acreditado en su auto el juez Ruz, hay coincidencia entre la contabilidad de la trama Gürtel de Galicia y algunos de los asientos que aparecen en los papeles publicados por El País, y 3) porque algunas personas que aparecen como receptores de fondos por distintos conceptos en la contabilidad supuestamente alternativa elaborada por Bárcenas han reconocido serlo, tales como Pío García Escudero, Jaime Ignacio del Burgo o Santiago Abascal. Si a estos hechos se unen las pruebas caligráficas y la labor de comprobación que el diario El País ha realizado, se concluirá que la demanda es temeraria en grado sumo. La doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo son concluyentes al respecto en cuanto a la prevalencia del derecho a la libertad de información y de expresión sobre otros también constitucionales cuando la noticia -en este caso los papeles atribuidos a Bárcenas- disponga de trazas de verosimilitud y, más aún, de probabilidad de veracidad, tratándose de un asunto de interés público e importancia política.
Naturalmente, los letrados del PP saben todo lo anterior, y al dedillo. Incluso saben que el juez podría no admitir en parte la demanda porque no se identifica a uno de los demandados (se supone que es Bárcenas, pero el juez no va citar a nadie por suposiciones), lo que podría dejarla pendiente de una cuestión prejudicial de carácter penal (que es preferente sobre la civil) a la espera de que el juez central competente determine la autoría de los reiterados papeles de Bárcenas. ¿Por qué entonces el PP se adentra en un proceso sin visos de prosperar? Porque atrapada la dirección por sus palabras no puede dejar de ir a los tribunales como prometió, aunque lo haga por el camino menos idóneo, menos creíble y no desde luego contra Bárcenas -al que teme-, sino contra un periódico que no concita precisamente las adhesiones de sus militantes y simpatizantes. Se trata, pura y llanamente, de un error más en la gestión de este caso, por mucho que el lunes una unanimidad tan hipócrita como búlgara tratase de rescatar en el Ritz madrileño de la depresión política a la audaz e imprudente María Dolores de Cospedal. Mientras, Soraya Sáenz de Santamaría -que sabe de todas las ramas del Derecho menos de la laboral- sonreía. No era para menos.
Por agotar el tema: la demanda individual de José María Aznar contra El País es harina de otro costal. Acusar al expresidente de ‘idear’ el sistema de pagos opacos (edición de 19 de enero pasado) sin aportar papel ni prueba alguna, podría darle a Prisa -en este caso sí- un disgusto judicial. Pero es que Aznar (que ya ha ganado más de una demanda de las mismas características) está observando el campo de operaciones desde una perspectiva distinta y distante a la de los protagonistas de esta refriega.