Pagan los de siempre…

José Marí­a Mollinedo es Secretario General de Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda). Pese a la extensión de la entrevista hemos querido reproducirla í­ntegra por el valor que tiene como altavoz de los técnicos de Hacienda.

Desde Gestha plantean que la subida del IRPF recaerá a un 80% sobre los trabajadores, incluyendo pensionistas y desempleados, y no, como hubiera sido deseable, sobre los grandes patrimonios. ¿Cómo y por qué interpretan que se hace así?

Estos dos nuevos gravamen han tenido una virtud, que ha sido que nos hemos dado cuenta de quién paga el IRPF en nuestro país. Hasta ahora esto lo habíamos comentado junto con otras voces, pero no parecía una cuestión que fuera a calar, sobretodo porque durante 15 años todas las reformas fiscales han implicado una rebaja impositiva. El dinero entraba a raudales en las arcas públicas y permitía eso.

Esto solamente cambia con la primera reforma de Zapatero del 2010, cuando suprime la deducción de 400 euros a trabajadores autónomos y la subida de la tributación de las rentas del capital del 18 al 19 o 21% dependiendo del nivel de ingreso de las rentas de ahorro. Pero hasta esa fecha todas las reformas implicaban una rebaja impositiva, y parecía como que si nos bajaban los impuestos estábamos contentos.

Sin embargo ya llevamos una serie de subidas impositivas, como la del IVA del junio del año pasado, o ésta, u otras próximas que se anuncian por parte de fundaciones y entidades, o más bien que instan a que el Gobierno haga. Ahora las cuentas de los ciudadanos no están nada bien, por el desempleo y la reducción o regulación de sueldos por los EREs, y eso hace que empiecen a molestar algunas cosas de lo que está pasando con este impuesto.

Este gravamen es muy progresivo respecto a la tarifa de la renta. En realidad son dos gravamen, uno para la base general y otro para la renta del ahorro. En el primero de ellos, la tarifa general de la renta tiene un tipo progresivo desde el 24% mínimo de tipo marginal hasta un máximo del 47%, que en algunas comunidades puede llegar al 49%, como en Cataluña. Estamos multiplicando el tipo mínimo por dos, es decir, el máximo del tipo mínimo no llega al doble. Sin embargo la tarifa del gravamen es muy progresiva, porque va del 0,75 al 7%. Por eso creemos que es una medida que anima a la progresividad.

Es verdad que declarantes de más de 300 mil euros no hay muchos, a penas declaran unos 28 mil, pero es un paso, un tramo que antes no existía. Al incorporarse un tramo nuevo mejora algo. A nuestro juicio el gravamen complementario del ahorro tiene un impacto muy alto en cuanto a la recaudación respecto al gravamen de la renta general. Sabe que con el sistema de renta dual se da la paradoja que denunciaba Buffett sobre Mitt Romney, uno de los candidatos de las primarias republicanas, con 45 millones de euros tiene una tributación del 15%. Esto ocurre también en nuestro país, porque se aplica en todos los países de la OCDE, es decir, excluir de la progresividad de la tarifa la renta del capital, de forma que tributen un tipo fijo notoriamente inferior al de la tarifa general.

Con el nuevo gravamen, la aportación de la renta del ahorro va a ser muy superior. Se van a obtener 1.240 millones de la renta del ahorro, frente a 4.111 del gravamen de la renta general. Hay una relación que no llega a cuatro veces menos la aportación de la renta del ahorro sobre las rentas generales, trabajadores y autónomos. Esto contrasta con la primera reforma de Zapatero, de la que le hablaba antes, 200 millones de euros de aportación de la renta del capital frente a 5.000 millones de euros de trabajadores y autónomos. Ahora se compensa un poco. La progresividad se multiplica por ocho cuando antes se hacía solo por dos.

Claro, pese a ser tan progresivo, los dos gravamen recaen fundamentalmente sobre las personas con rentas más bajas. Sobretodo el gravamen de la renta general. La radiografía de éste da que la mayor parte del aporte lo dan las personas que ganan hasta 53 mil euros. Esto supone el 95%, que son los declarantes que aportan algo más de la mitad de ese gravamen. Así descubrimos cómo el gravamen ha tenido la virtud de denunciar públicamente que las grandes fortunas utilizan mecanismos de elusión del impuesto y no declaran. Solo el 5% de la sociedad declara ganar más de 53 mil, y si hacemos una radiografía sociológica de los datos estadísticos podremos comprobar como ésta no es la realidad. Hay una serie de gente que no está retratada aquí. ¿Por qué?, pues porque estas personas, que tienen grandes rentas utilizan vehículos para tributar menos.

Quien tiene una renta elevada puede comprar una finca, que utiliza como segunda residencia. Pero como tiene una gran extensión de terreno, utiliza una parte para plantar árboles frutales, construye una piscina que va a decir que es una balsa de riego, un secadero de almendras, que en realidad es una pista de tenis, y una casa de aperos de labranza, que en realidad es un garaje. Es decir una casa para trabajar la tierra, que en realidad es un chalet. Esto va a desgravar como actividad empresarial, pero como no lo es proporciona muy poco rendimiento. Es posible que algo obtenga encargando al jardinero que venda algo a una cooperativa, pero el caso es que tendrá muchos gastos pero pocos ingresos. Como eso son rentas ordinarias le va a descontar de sus rentas como profesional y va a tributar muy poco. Esta es una vía muy común.

Las personas con un gran patrimonio tienen otras formas, como las sociedades patrimoniales, de evadir. Si tienen patrimonio inmobiliario, para evitar el 2% del valor catastral en el caso en el que esas viviendas estén desocupadas, es decir, para evitar que todo su grupo de inmuebles tengan que subir la progresividad de la renta, aportan una sociedad patrimonial que gestiona esos inmuebles. Con lo cual, se ahorra el 2%, que no opera para sociedades. El catálogo de gastos del impuesto de sociedades es infinitamente más amplio que el catálogo de gastos deducibles del capital inmobiliario en el caso de arrendamiento. Las ventajas que se obtienen son muy importantes. Quien además tenga acciones, como es el caso de las SICAV como vehículo de inversión, hace que no tributen las plusvalías que obtienen por el rendimiento de las acciones y no se ven retratados. «Estas personas, que tienen grandes rentas, utilizan vehículos para tributar menos»

Todo esto hace que el 95% de los declarantes estemos por debajo de los 53 mil euros, y que solo unos poco “afortunados”, apenas un 5% del total, estén por encima de esa declaración. Esto es lo que hace que los ciudadanos perciban que el gravamen lo va a pagar la clase media, porque nadie piensa que alguien que gana 53 mil euros al año sea “rico”, en términos populares.

El otro gravamen sobre la renta del ahorro es enormemente progresivo y la situación se invierte. Hasta 6 mil euros declara el 95% de la población, es decir, la mayoría de la población o tiene pocos ingresos o posibilidades de formar un capital, por lo que difícilmente podrán ahorrar. Quien puede ahorrar es quien se embarca en un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, pero difícilmente habrán personas que tengan renta del ahorro por encima de eso.

Sin embargo solo el 0,9% de la población declara rentas del ahorro por encima de 24 mil euros. Con esa radiografía, sin embargo, el 61% del gravamen lo va a pagar ese 1% de la población. Es muy progresivo. Y el 95% de la población que obtiene rentas del ahorro hasta 6 mil euros solamente va a pagar el 25% del gravamen. A diferencia de lo que ocurre en la renta general, en la renta del ahorro el gravamen es muy progresivo y afecta más a quien tiene un gran patrimonio. Ustedes proponen un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas, aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros, elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros. Y afirman que se recaudaría más de lo que se recaudará con la actual subida aprobada por el Gobierno; o proponen la creación de un impuesto sobre la riqueza, una modificación de las SICAVS para establecer un porcentaje máximo de participación de entre el 2% y el 5% del capital social, o un impuesto a las transacciones financieras…

El tipo medio de ciudadanos, los que ganan menos de 33 mil euros al año, son el 85%, lo que supone una carga media sobre el impuesto de la renta muy baja, un 18 o 19% de carga efectiva del impuesto de la renta sobre las bases medias declaradas. Sin embargo quien tiene un sueldo bajo, que tributa ese 18%, tiene que dedicar el resto al consumo. Salvo que pueda pagar un préstamo hipotecario que no tiene que pagar IVA, todo lo que consuma va a estar sometido al IVA o impuestos especiales como el de la gasolina y el tabaco. O sea que pagan un 18% de renta y en torno a un 15% de IVA y otros impuestos. La mayoría de la población paga un 32%, que es una carga importante.

Sin embargo los institutos de opinión de algunas organizaciones empresariales están proponiendo que en vez de subir los impuestos directos o adoptar medidas de progresividad, aumente el IVA. Como la propuesta de Sarkozy que sube el IVA para quitar cotizaciones sociales y que las empresas contraten más. La realidad es que el ciudadano de a pie va a perder poder adquisitivo, y seguramente ese 55% que declara ganar menos de 16 mil euros, que es la mitad de la población, va a ver reducido su poder de compra. Hablamos de pensionistas y mileuristas.

Nosotros proponemos otras propuestas para recuperar la recaudación. Por un lado las medidas sobre las SICAV para evitar que nadie mantenga su participación en las SICAV de forma indefinida, o si se quiere tener el control de una sociedad porque le interesa, tenga que sacar su dinero de las SICAV, y en ese momento aflorar las plusvalías que ha acumulado y tributar en el IRPF. Eso ahora no ocurre. Mientras no tienen ninguna necesidad de rescatar su participación, nunca van a tributar. Van a llamar al gerente de la SICAV, que es empleado suyo, porque son propietarios al 99% de la sociedad, y le van a decir que venda tales acciones de la SICAV y compre otras que sí le interesan. Pero esa persona física, propietaria de las acciones, nunca va a rescatar su participación, por lo que nunca va a tributar las plusvalías en el IRPF. De las 3.113 SICAV que existen en nuestro país algo más del 70% están en manos privadas.

La otra medida más destacable es la que afecta a las empresas por encima de un millón de euros, que nosotros proponemos que tributen algo más. Porque se da la paradoja que en el Impuesto de Sociedades a medida que aumenta la dimensión de la empresa, la carga fiscal disminuye. Las empresas con millones de facturación tienen un tipo inferior al 25% para los primeros 300 mil euros de beneficios, y a partir de esa cantidad de venta, del millón de euros, su tributación es del 30%.

La carga efectiva sobre la base imponible, no sobre beneficios, de las pequeñas empresas es del 23% al 24%, es decir, muy próximo al tipo nominal. Sin embargo en las grandes empresas el tipo va bajando a medida que aumenta el volumen de beneficios, y puede llegar hasta el 19%, para las empresas que facturan más de 180 millones al año. ¿Cómo pueden tributar 5 puntos menos si se supone que deben hacerlo 5 puntos más? Hay un diferencial de 10 puntos entre el tipo nominal y la carga efectiva sobre la base imponible.

Se supone que los bancos deben pagar, si no me equivoco, un 30% de impuestos, pero ¿cuál es el tipo efectivo real que pagan?

Hay diferentes formas de verlo. Si es la carga fiscal sobre la base imponible que está sujeto a tributar al tipo nominal y a partir de ahí las deducciones o modificaciones que cada uno tenga, o sobre los beneficios contabilizados. Porque hay una gran diferencia, cuanto mayor es la compañía mayores son las diferencias. Para un pequeño comercio sus beneficios contabilizados son su base imponible, ahí hay poco margen. Pero estas grandes compañías, sobre todo la banca, hay una gran diferencia entre el beneficio y la base imponible. Porque una parte de ese beneficio está exento o se difiere su tributación sine die, con lo cual estas grandes entidades financieras, si hiciéramos la carga fiscal respecto al beneficio, las diferencias serían mucho más notorias y mucho más dolorosas para muchos ciudadanos, si vieran esa diferencia. Haciendo la media de todas las entidades, financieras y no financieras, es el 9%.» Ha habido una mano tonta en la lucha contra el fraude durante dos décadas»

Antes veíamos que una persona con 33 mil euros de beneficios tiene un esfuerzo fiscal del 32%, y ahora vemos que las grandes compañías tienen un esfuerzo fiscal del 9%. ¿Por qué?, porque la empresa cobra el IVA del consumidor y se va deducir de las inversiones que realicen. La diferencia la van a ingresar o van a obtener una devolución a su favor. Haciendo el cálculo por compañías las diferencia será muchísimo mayor.

¿Es cierto cuando se dice que España es un semiparaíso fiscal para las multinacionales?

Sí, pero lo son todos los países de la OCDE que han competido por ello. Con el tema de los paraísos fiscales hay un poco de cinismo político por parte de las autoridades. En la Cumbre del G-20 del 2009 se dijo que se iba a poner fin a los paraísos fiscales, y hasta la Cumbre de Cannes del año pasado solo se había avanzado en la normativa que permite intercambiar la información, pero no se había empezado a realizar el traspaso de información. Durante estos dos años, para salir de la lista negra de paraísos fiscales, solo había que iniciar el cambio normativo. En este tiempo la OCDE ha observado estos cambios para sacarlos de la lista pero sin pasar a la siguiente fase, es decir, ya que podéis romper el secreto bancario al que obliga vuestra legislación, vamos a ver qué ocurre cuando un país, que haya firmado un acuerdo de intercambio de información, os pida información sobre un contribuyente al que están investigando.

Sin embargo las declaraciones grandilocuentes de los dirigentes del G-20 en Londres parecían que habían acabado con la impunidad. Todo esto contrasta con las prácticas de cada país a nivel interno. Y aunque no es solo cosa de España, aquí unos meses antes de la Cumbre del G-20, con Solbes como vicepresidente, se aprobó una norma para declarar exentos los rendimientos obtenidos por los residentes en paraísos fiscales si invertían en deuda pública española.

Hasta la fecha había una exención para todos los países, porque los que no tributaban aquí lo hacían en su país de origen, porque nosotros si tenemos intercambio de información automática, y la renta que obtienen los no residentes en España se lo comunicamos a los países de origen, y a la inversa. Por eso los rendimientos no tributan en el país en el que se obtienen sino en el país donde está el domicilio de esa persona. Como decía, había una excepción con los residentes en paraísos fiscales, porque sabíamos que lo que no tributaban aquí no lo iban a hacer en el paraíso fiscal. Se había establecido una excepción para este tipo de inversionista extranjero, para que tributara aquí, porque era el único sitio donde lo iba hacer. Solbes cambio esa excepción a la exención.

Todo fue por el pragmatismo de buscar inversores para la deuda pública, y por eso soltamos aquello que antes sí tributaba. Por eso le hablo de cinismo. También adoptamos medidas como la de crear distintas figuras, llámese de una forma u otra, permitiendo que grandes empresas domiciliadas en España, que todos sus ingresos proceden de rentas del capital de sociedades que están operando exclusivamente en el exterior, estén exentos. Si operasen en España tributarían, pero si el holding es Español y las filiales están en el extranjero no tributan.

El problema que tienen todo esto es que deberían adoptarse las medidas por parte de todos los países, porque si solo lo hace España se los llevan los competidores porque ofrecen mejores precios.

Hace unos meses hablaban ustedes de que más del 70% del fraude fiscal se da en las grandes fortunas… ¿cuáles son las dificultades para perseguirlo?

Hasta la fecha ha habido un acomodo, porque en las décadas anteriores hemos vivido una etapa sostenida de crecimiento económico. Y aunque los indicadores nos decían que el fraude aumentaba, las distintas autoridades nos decían que no preocupaba porque había dinero de sobra en las cuentas públicas, incluso con superávit. Esto es lo que permitió que las reformas fiscales fueran sinónimo de rebajas fiscales.

En los últimos 15 años todas las reformas han supuesto una rebaja impositiva, excepto en el 2010 con las medidas que aprobó el gobierno de Zapatero. Nosotros estábamos advirtiendo de que esto se mantenía porque las empresas y las familias aportaban muchos ingresos al Tesoro, pero que esa situación podía trastocarse si entrábamos en una crisis económica. Las distintas autoridades, porque han sido muchas, nos decían que la teoría de los ciclos económicos estaba desfasada, y que la mejor prueba de ello era la situación que estábamos viviendo. Desgraciadamente la realidad ha puesto en valor la teoría de los ciclos económicos.

Primero ha habido falta de acción, una mano tonta en la lucha contra el fraude durante dos décadas, contentándonos con fijar unos objetivos cada año que iban a ser cumplidos. De un año a otro los objetivos crecían en el porcentaje de la inflación prevista para el año siguiente, y todos los años se conseguían subir los objetivos. Aunque el logro estaba por encima los objetivos se fijaba por debajo. Esto es una práctica desde que se crea la Agencia Tributaria en el 92. En los últimos dos años tenemos un ejemplo: los objetivos se fijan en una cantidad incremental sobre el año anterior sin tener en cuenta el resultado del año. En el 2010 superamos los 10.000 millones de euros, y en el 2011 los 10.400 millones en la lucha contra el fraude. Sin embargo los objetivos del 2011 fueron de 8.100 millones, y los del 2012 son 8.171 millones. Es decir, los objetivos siempre se marcan por debajo para que cuando lleguen los resultados decir que lo hemos superado en un 20%… y qué bien que lo hemos hecho. Es verdad que hemos duplicado los resultados de los últimos ocho años, cada vez trabajamos mejor, y los profesionales son mejores, pero no por eso hay que estar contentos. De hecho la economía sumergida aumenta al doble de velocidad que el crecimiento económico, y lo que se consigue en la lucha contra el fraude no es más que un 17% del total de la evasión fiscal. El 83% queda impune. Esto hace que los comportamientos defraudatorios se consoliden.

Y en tercer lugar, el problema está en repetir los programas de vigilancia a pequeños empresarios y autónomos que se sabe que van a dar resultado, que son sencillos de detectar porque no tienen asesores especializados, y las deudas son lo suficientemente pequeñas como para que no compense a la empresa, en muchos casos, combatir en los tribunales antes que una liquidación que se les proponga. La Agencia Tributaria se conforma con esto, porque cambiar que el 80% de la plantilla nos dediquemos a los pequeños contribuyentes, que aseguran la realización de objetivos, para vigilar a las grandes fortunas, puede significar que no se consigan los objetivos. Hay que tener en cuenta que estas grandes compañías tienen una agencia dedicada exclusivamente a ese punto, más un gabinete contable. Así los fraudes son muy difíciles de detectar y más de demostrar. Nuestra posición es que vale la pena.