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Por fin un juez se atreve a meter en la cárcel a un banquero. Ha sido el magistrado Elpidio-José Silva al imponerle la prisión incondicional sin fianza al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa por varios delitos de «administración desleal» y «apropiación indebida». ¿Cómo han reaccionado el gobierno, los dos grandes partidos o los principales medios de comunicación? ¿Apoyando cerradamente al juez para dar un impulso a la lucha contra la corrupción? Pues no. Han hecho exactamente lo contrario. Defender al ladrón y atacar al juez que se atreve a investigar el delito. ¿Cómo es posible? ¿Qué turbios intereses hay detrás del «caso Blesa» para que haya muchos empeñados en que se le dé carpetazo y se esconda la verdad?
Los delitos cometidos por Miguel Blesa mientras presidió Caja Madrid están más que probados.
Por ejemplo en la fraudulenta concesión de un crédito de 26,6 millones a Díaz Ferrán, el ex presidente de la CEOE ahora encarcelado por estafa. «¿Cómo es posible que, a derecha e izquierda, todos salgan en defensa de Blesa y atacando al juez que se atreve a meter mano a los abusos de los banqueros?»
Díaz Ferrán se sentaba en ese momento en el consejo de administración de Caja Madrid. El crédito era de tan alto riesgo que todavía está impagado.
O en la turbia operación de compra del City National Bank de Florida. Pagando un “sobrecoste” de 500 millones de euros, que, según un informe del Banco de España supuso un deterioro del fondo de comercio de Caja Madrid de 581 millones de dólares “prácticamente la mitad de su valor”.
Consciente de que era una operación delictiva, Caja Madrid fraccionó la compra en dos plazos, para así saltarse los controles impuestos a las operaciones financieras de riesgo
Con todas estas pruebas en la mano –confirmadas por miles de emails incautados a Blesa- el juez decretó hace unas semanas el ingreso en prisión del ex presidente de Caja Madrid. En apenas 17 horas, Blesa reunió los 2,5 millones de la fianza y quedó en libertad.
Ahora, el juez le ha impuesto prisión incondicional sin fianza, y el ladrón por fin está en la cárcel… el lugar que le corresponde.
Un magistrado madrileño valoraba así la actuación del juez Silva: “Hay que dejarle trabajar tranquilo; puede haber localizado el zulo de la cueva de Alí babá. Y, además, está contribuyendo a dinamizar la lucha contra la corrupción bancaria y política”.
Pues precisamente eso es lo que no quieren que suceda. Por eso, a toque de corneta, todas las “fuerzas de orden” se han movilizado para atacar al juez y defender a Blesa.
La fiscalía, dependiente del Ministerio de Justicia, que encabeza Alberto Ruiz Gallardón, ha recurrido ante la Audiencia Provincial el ingreso en prisión de Blesa. E incluso estudia presentar una denuncia contra el juez por “prevaricación continuada”.
Los dos grandes periódicos, “El País” y “El Mundo”, han aparcado sus diferencias para unir fuerzas. En su editorial, “El Mundo” asegura que “el auto de Silva es una resolución con serios indicios de prevaricación”. Mientras que “El País”, tras asegurar que “el juez no argumenta ni justifica los presuntos delitos y riesgos” –una afirmación manifiestamente falsa-, anticipa que “lo peor es que las medidas desproporcionadas o el empecinamiento faciliten la nulidad de las actuaciones”.
Incluso la federación de banca de CCOO ha declarado que “no se entiende el encarcelamiento de Blesa”, argumentando que Caja Madrid compró el City National Bank antes de la crisis y no podía prever las futuras pérdidas.
¿Cómo es posible que, a derecha e izquierda, todos salgan en defensa de Blesa y atacando al juez que se atreve a meter mano a los abusos de los banqueros?
La razón hay que buscarla en los múltiples intereses materiales cruzados. Durante la presidencia de Blesa, en el consejo de administración de Caja Madrid se sentaban PP y PSOE, pero también IU o CCOO. Los “generosos préstamos” concedidos por el que entonces era el quinto banco del país, beneficiaron a muchos de ellos. Por ejemplo a Gallardón, entonces presidente autonómico madrileño y hoy ministro de Justicia. O a “El País” y “El Mundo”, que ahora salen en defensa de Blesa.
Esos “intereses cruzados” no son sino una radiografía de la íntima conexión de las castas políticas, los grandes medios, o incluso algunas élites sindicales, con el gran capital financiero.
Y están en la base del “pacto de silencio” que pretenden imponer al obligar a que se de carpetazo al “caso Blesa”, impidiendo que se investigue hasta el final la corrupción y los delitos de los grandes banqueros.