Cargando...Antes del próximo viernes el Consejo de Seguridad Nuclear debe opinar sobre si la central de Garoña – Burgos – es segura como para funcionar hasta 10 años más, lo que la convertiría en la primera planta en España en superar los 40 años de vida para los que fue diseñada. Esto sentaría un precedente para el resto de centrales nucleares en España.
El sector nuclear se muestra confiado en que la decisión les favorecerá. El organismo regulador todavía no ha encontrado ninguna razón que justifique el cierre. Desués de que la decisión sea tomada, si es positiva, el Gobierno dispone de un mes para ratificar o no. Pero si es negativa, la decisión es vinculante.Las dificultades reales a las que se enfrentan esta y otras centrales son las necesidades de inversión en medidas de seguridad.El CSN está compuesto por dos consejeros propuestos por el PSOE – Carmen Martínez Ten y Francisco Fernández -, dos por el PP -Luis Gámir y Antonio Colino – y uno por CiU – Antoni Gurguí -. Llama la atención que no estén presentes científicos y profesionales técnicos, por mucho que se requiera a la consulta. Un organismo de estas características debería cuidar al extremo su independencia.Hasta el momento, Iberdrola y Endesa – propietarias al 50% de la central – no han puesto reparo alguno a la inversión. Aunque Enel, que participa en Endesa, ya anunció recortes en sus inversiones en la empresa.Lo previsible, casi seguro, es que la decisión se tome fuera del proceso electoral europeo. A parte de las divisiones propias dentro del PSOE, entre los partidarios de prorrogar el cierre – Felipe González o Javier Solana – y los sectores opuestos a su continuidad.A parte de los impedimentos que una decisión que acarrearía 600 despidos conlleva para Zapatero, con cuatro de las ocho centrales nucleares paradas, la dependencia energética del país puede agudizarse. Aunque Garoña tiene la mitad de potencia que el resto, lo que cuenta es el precedente.Según fuentes del sector el cierre de las nucleares no sólo encarecería un 10 por ciento la tarifa eléctrica, sino que comprometería los 30.000 empleos generados por las centrales y cerca de 200 millones de euros anuales de inversión. Además, echará a perder los avances tecnológicos realizados en las plantas.Estamos, por lo tanto, no solo ante la oportunidad de profundizar en el debate y la investigación, sino, seguramente, ante la oportunidad perdida número “n” de abordar la lacra de la dependencia de la energía importada. Base inevitable para otro tipo de dependencias como la política – la principal, claro –