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Hablamos con Sara García secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de la Unión Sindical Obrera (USO) -tercera fuerza sindical de ámbito nacional y una de las más de trescientas organizaciones que forma parte de la MERP- acerca de la reforma laboral y las pensiones, dos temas de actualidad cuyo destino está ahora encima de la mesa.
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¿Qué efectos ha tenido la reforma laboral desde 2012? ¿Por qué es tan importante derogarla?
La reforma laboral ha debilitado, aún más, la negociación colectiva. Es una reforma pensada para debilitar las reivindicaciones colectivas y la fuerza vinculante de los convenios. Ha hecho que sea mucho más fácil y barato despedir, además de tener lagunas que han propiciado el aumento de la temporalidad. Ha precarizado aún más el mercado laboral, se dio un vuelco a las relaciones laborales dándole aún más protección a la parte empresarial y debilitando a la parte trabajadora. Consideramos importante dar a este país una normativa laboral del siglo XXI. Hay muchos puntos que hay que actualizar, adaptar, y hay que devolver la garantía a los trabajadores. Hay que dar la posibilidad de que no tengan que ser los tribunales ni la inspección de trabajo la que garantice casi de forma exclusiva los derechos de los trabajadores a través de las denuncias de sus representantes, sino que haya una norma que realmente sea garantista y que esté adaptada a la realidad que tenemos.
En opinión de USO ¿qué puntos deberían derogarse de la reforma laboral?
Desde USO pensamos que en vez de poner parches sobre lo que se legisló en 2012 o en 2010, lo que hay que hacer es una normativa laboral del siglo XXI, adecuada para los problemas que tenemos en este país ahora mismo. Lógicamente hay que solventar algunos de los temas que la reforma, sobre todo la del 2012, propició. Al dar prevalencia al convenio de empresa sobre el convenio del sector lo que hace es atomizar la eficacia de la negociación colectiva, por tanto, el número de trabajadores afectado por cada convenio disminuye, y la capacidad reivindicativa y la fuerza a la hora de negociar se debilita porque representas a menos gente. Esa reforma también lo que hizo fue limitar las competencias de la autoridad laboral a casi competencias simbólicas. La autoridad laboral era quien autorizaba los expedientes de regulación de empleo, ahora solamente hace el paripé de agotar el tiempo obligatorio de negociación del período de consultas, sin tener ningún tipo de actitud negociadora, y después aplicar la medida. La autoridad laboral solo va a actuar si una de las dos partes, que suele ser la parte social, de los trabajadores, presenta una demanda contra ese expediente de regulación, con lo cual se da un margen amplísimo a la parte empresarial y se rompe con la base del derecho laboral, que es un derecho de protección de la parte más débil.
Eso es lo que hay que modificar, limitar todas las posibilidades de fraude de cara a la temporalidad. Nuestra normativa dice que el contrato más habitual tiene que ser el indefinido y lo excepcional es el temporal. En nuestro mercado laboral pasa todo lo contrario, el más habitual es el temporal y el casi excepcional es el indefinido. Tiene que quedar mucha más clara la causalidad del contrato para que en caso de que haya fraude perseguirlo de forma masificada.
También tenemos el reto de la disrupción tecnológica, de la digitalización, el cual no está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, para eso hace falta consenso y que la reforma laboral se quiera llevar para mejorar y modernizar nuestro mercado laboral.
USO forma parte de la MERP, ¿por qué es necesario blindar las pensiones en la Constitución?
Las pensiones son un pilar básico, intergeneracional. El sistema público de pensiones es lo que vertebra a nuestra sociedad, independientemente de la edad, el territorio, la clase social. Que algo tan delicado se pueda modificar, pueda sufrir recortes, ataques, reformas… que lo lleven a la privatización, dependiendo del gobierno de turno, genera una gran inseguridad. Necesitamos, en este país, que ese pilar de nuestra sociedad como son las pensiones, sea un derecho fundamental recogido en la Constitución como tal, para que no pueda sufrir modificaciones, ser recortado o privatizado.
Necesitamos que las pensiones, el pilar de nuestra sociedad, sean un derecho fundamental.
¿Desde la MERP cómo os posicionáis respecto al Pacto de Toledo?
La MERP, a diferencia de otras plataformas, tenemos como eje fundamental y punto de unión un objetivo: el blindaje de las pensiones. Sobre otros temas, cada organización, de las más de trescientas que conforman la MERP, tiene un posicionamiento propio. Para poder hacer un nexo de unión tan fuerte que une a organizaciones tan dispares, lo que tenemos es un objetivo y posicionamiento, que no se recorten ni privaticen las pensiones y conseguir el blindaje constitucional. Sobre el pacto de Toledo hemos sacado notas al respecto, nosotros solamente decimos que lleve a cabo la función para la que fue creado y que lo haga a través del consenso, que sea garantista para que las pensiones sean públicas y respondan al principio de reparto universal que tienen.
¿La MERP estáis en contra de que los ciudadanos puedan contratar un plan privado de pensiones?
En diferentes manifiestos hemos dejado claro que la MERP no estamos en contra de la voluntariedad, cada uno de forma individual puede tomar las decisiones que crea convenientes respecto al ahorro. En aras de que no se privaticen ni recorten las pensiones sí que estamos en contra de que desde el propio gobierno, a través de diferentes reformas, lo que se esté haciendo, de forma paulatina, sea orientar el ahorro hacia los planes privados de pensiones y convertir el sistema público en algo asistencial. Por eso queremos blindar las pensiones. Cada uno es libre de hacer lo que considere conveniente con su dinero, lo que entendemos es que el Estado debe salvaguardar el sistema público de pensiones y para eso queremos que se blinden.
Han hecho campaña durante muchas décadas asentando en la creencia popular que es necesario hacer una reforma de las pensiones porque no son sostenibles
¿Qué pensáis de las posiciones de bancos e instituciones financieras acerca de que las pensiones públicas son insostenibles?
Nosotros como sindicato entendemos que han hecho muy buena campaña durante muchas décadas dejando caer y asentando en la creencia popular que es necesario hacer una reforma en profundidad de las pensiones porque no son sostenibles. Como quieren hacer según qué tipos de reformas, hacen una buena campaña de generación de opinión. Han trabajado durante años, lanzando constantemente opiniones de académicos e instituciones, como fundaciones o bancos – aunque luego hemos conocido el funcionamiento de algunas y no han resultado ser tan acreditados – y han creado ese caldo de cultivo, asentando en la sociedad como una verdad indiscutible, que el sistema público de pensiones es insostenible y que hay que actuar porque están en peligro las pensiones, para que sea más fácil llevar a cabo un tipo de reforma sin respuesta pública. El sistema público de pensiones es sostenible y hay que hacerlo más sostenible aún, y que la sostenibilidad de las pensiones está basada en más y mejor empleo. Si por cada empleo indefinido que se destruye se crean tres precarios lógicamente la contribución a la hucha de las pensiones, la cotización va a ser inferior y la recaudación. La sostenibilidad del sistema de pensiones sobre todo se basa en que haya un mercado laboral fuerte y garantista.
Desde la MERP también entendemos que el sistema público de pensiones es sostenible, lo que hay que hacer es salvaguardar esa sostenibilidad en el futuro. El día 13 de noviembre hemos convocado desde la MERP una manifestación para pedir el blindaje de las pensiones, en defensa de las pensiones públicas. Invitamos a toda la ciudadanía a salir desde la Puerta del Sol a las 12:00. También salimos todas las semanas los lunes a las plazas en distintos puntos del país.