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La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha aprobado por unanimidad, en apenas una hora de reunión, dar vía libre a la exhumación de los restos de Franco, un dictador que impuso durante 40 años un régimen fascista de terror sobre las clases trabajadoras y populares de nuestro país. La momia del tirano será trasladada desde el Valle de los Caídos al panteón familiar del cementerio de El Pardo-Mingorrubio. Una victoria a celebrar por todos los demócratas de nuestro país.
En el mismo día en que se disuelven las Cortes y se convoca las elecciones del 10 de Noviembre, el Tribunal Supremo ha decidido rechazar el recurso presentado por la familia Franco, que pretendía, en caso de no poder impedir la exhumación, que al menos fuese enterrado en la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, y al lado del Palacio Real.
Se pone así punto final a un proceso que dura ya más de ocho años para expulsar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Ya en 2011, se creó a través de la Ley de la Memoria Histórica, una Comisión de Expertos encargada de estudiar el futuro del Valle de los Caídos. Tras varios meses, en noviembre de ese año esa comisión aconsejó que se exhumaran los restos del dictador, bajo el argumento de que era el único de los 33.874 personas enterradas que no murió en la mal llamada Guerra Civil.
Se presentó varias veces la propuesta en el Congreso. Hasta que en mayo de 2017 (con Rajoy en el gobierno) se logró que se aprobara una proposición no de ley para la exhumación. Con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, y con la abstención del PP y ERC. Luego Rajoy se opuso a que se tramitase la ley, pero poco después se produjo la moción de censura y Pedro Sánchez dio vía libre a la misma.
Pedro Sánchez pretendía resolverlo todo rápidamente, pero la familia Franco empezó a usar todos los recursos legales para, en primer lugar, impedir la exhumación, y posteriormente retrasarla lo máximo posible al mismo tiempo que batallaba por llevar los restos del dictador a la Almudena. Una batalla en la que se ha visto implicado el mismo Vaticano.
Aún no está todo acabado. Todavía falta que el Supremo redacte la sentencia, y se resuelvan dudas como la suspensión cautelarísima de la exhumación que llevó a cabo el juez madrileño José Yusti Bastarreche, alegando los supuestos peligros arquitectónicos que sufriría todo el edificio al levantar la losa de dos toneladas que cubre el féretro de Franco. Además, es más que probable que la familia Franco recurra al Tribunal Constitucional, e incluso al Tribunal Europeo, alargando aún más el proceso. Sin embargo, el paso dado por el Tribunal Supremo es un salto de enorme calado para que finalmente se realice la exhumación.
El caso del Valle de los Caídos -un mausoleo gigantesco en memoria de un dictador, que además guarda en sus paredes los restos de los obreros que lo construyeron, presos republicanos obligados a trabajos forzados- es único en el mundo. Una vergüenza que además está financiada con dinero público.
Es hora de que se cumpla con la Ley de Memoria Histórica. Los restos del dictador deben ser devueltos a su familia para que haga con ellos lo que considere de forma privada, un lujo del que no pueden gozar las miles y miles de familias que aún no saben en qué cuneta están sepultados los huesos de sus seres queridos.