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El decreto ley «de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda» ha sido presentado por Elena Cortés «consejera de Fomento y Vivienda, de IU- como «un plan de choque para frenar la sangría social». En Andalucía, 46 familias sufren cada día un procedimiento de desahucio. Desde 2007, 86.000 familias han perdido su casa. Ante esta lacra cada vez más extendida, el nuevo plan del gobierno andaluz se queda a mitad de camino.
En una disposición adicional declara “el carácter inembargable” de la vivienda, imponiendo incluso la expropiación del inmueble para evitar el desalojo.
Pero la expropiación es sólo temporal, durante un plazo máximo de tres años. Es decir, una familia que hubiera sido víctima de un desahucio a principios de 2.010, ahora volvería a estar desamparada. «En Andalucía, 46 familias sufren cada día un procedimiento de desahucio»
Y únicamente en “casos excepcionales”. Tan “excepcionales” son los requisitos que se deben cumplir que el gobierno andaluz anuncia que… sólo 119 familias podrían beneficiarse de forma inmediata de esta medida de forma inmediata.
En Andalucía existen entre 350.000 y 500.000 viviendas vacías en propiedad de “personas jurídicas”, fundamentalmente bancos y grandes constructoras e inmobiliarias.
El decreto ley del gobierno andaluz persigue obligar a que se ofrezcan en alquiler, fijando multas de hasta 9.000 euros para quien no lo haga.
Pero esas viviendas seguirían siendo propiedad de los bancos y constructoras. Y no fija un “alquiler máximo” que garantice un precio asequible.
El gobierno andaluz ha tardado más de un año en presentar una “ley anti-desahucios”. Más forzado por el clima de presión social que por iniciativa propia.
Cuando lo ha hecho, se ha quedado a medio camino, desaprovechando una oportunidad histórica para avanzar hacia la solución definitiva del problema de la vivienda en España.
Aunque plantea una serie de medidas que pueden mejorar la situación de algunas familias, limita sus efectos a las “medidas paliativas” en los casos de exclusión más graves.
Y no se plantea, por ejemplo, utilizar los recursos destinados a rescatar a las cajas andaluzas para crear un parque público de viviendas.
Ni toma cartas en el asunto para evitar los intereses y cláusulas abusivas en las hipotecas, ya declaradas ilegales por el Tribunal de Luxemburgo.
La ley “anti-desahucios” andaluza demuestra que las movilizaciones tienen la capacidad de forzar cambios políticos. Pero no es suficiente. No nos contentamos con otra cosa que no sea una solución definitiva del problema de la vivienda en España. Porque ahora sí podemos hacerlo.