No es la amnistía, amigos.
No se van a rendir cuentas a Puigdemont en Suiza, sino en Bruselas en lo económico y en Washington en lo militar.
No es la amnistía el centro que va a decidir la legislatura sino la inflación y la subida de las hipotecas y los intereses de la banca.
No es Puigdemont quien tiene el mando sobre el gobierno y la legislatura, sino las grandes burguesías financieras y monopolistas.
No es desde la “caverna de Waterloo” y Suiza, donde han establecido la mesa de negociación los de Junts, donde se van a establecer y decidir las reglas del juego que van a determinar la legislatura que acaba de comenzar.
No es la amnistía y las cuestiones territoriales los asuntos que van a marcar fundamentalmente la agenda de los próximos cuatro años por mucho que ocupen portadas, tertulias y noticiarios; incluso editoriales como el de El País que habla del “vendaval sobre la ley de amnistía” . Por mucho que la derecha política y mediática conviertan la amnistía en ariete para erosionar al nuevo gobierno de coalición. Por mucho que bramen los procesistas y se retuerzan las élites del procés cuando se les menciona la amnistía como una ley constitucional. Lo que va a marcar la legislatura son los intereses de los grandes grupos monopolistas y finacieros interesados para que continúe el travase de los salarios y las rentas de las familias a sus cuentas de resultados a través de la inflación y la subida de los intereses.
En España “no manda Puigdemont”, el cabecilla de las élites procesistas y de una burguesía burocrática rentista de los presupuestos de la Generalitat, bajo la bandera de la amnistía y el relato de un “conflicto histórico entre España y Cataluña” desde 1714 para justificar la estafa antidemocrática que montaron en octubre de 2017.
No son ellos quienes van a imponer las cuestiones que deciden la legislatura en la cuarta economía por tamaño de la Unión Europea y la decimocuarta economía a nivel mundial.
Las reglas del juego de la legislatura las van a poner las grandes burguesías, la oligarquía y especialmente los centros de poder con sede en Washinton y Bruselas. En Bruselas, en la sede de la Comisión Europea, los asuntos de economía. Y en Washington lo militar.
La amnistía debe aprobarse en el Congreso, y pasará por el filtro del Tribunal Constitucional. Va a estar “viva”, provocando un agrio debate, al menos durante unos meses. Y probablemente persistirá el clima de deslegitimación del actual gobierno a cuenta de las concesiones a Junts y ERC.
Pero estas turbulencias políticas no serán el factor decisivo. Lo que ya está determinando la acción del nuevo gobierno son otros elementos, que influyen de forma directa, y sangrante, en nuestras vidas.
En el terreno político-económico, las principales turbulencias que nos acechan están marcadas por dos hechos íntimamente ligados: la persistencia de la inflación con la subida de los precios especialmente altos de los productos básicos de la cesta de la compra; y la subida de los tipos de interés y su repercusión en los créditos y las hipotecas. Inflación e hipotecas que marcan el terreno donde chocan los intereses de las clases populares con los de bancos, monopolios y capital extranjero.
Nosotros con los bolsillos cada vez más vacíos. Los alimentos acumulan 25 meses al alza, y son un 31,6% más caros que antes de la pandemia. La electricidad nos cuesta un 19% más que en 2020, y la gasolina es un 13,5% más cara. Y ellos con sus cuentas de beneficios cada vez más llenas al ritmo de 3,3 millones por minuto.
En Bruselas, donde se ya se habla de desaceleración, la Comisión Europea acaba de publicar sus “previsiones de otoño” estableciendo el marco de negociación.
La Comisión cuestiona la continuidad de las medidas tomadas para mitigar los efectos de la inflación. Advierte que España sobrepasará el 3% de déficit en 2024 y 2025, conminando al nuevo gobierno a enviar unos presupuestos “más estables y avanzados”. Es decir con más recortes de gasto de hasta 9.700 millones de euros.
Recuerda que el año próximo volverán las “reglas fiscales”, suspendidas desde la pandemia, que obligan a tener una deuda pública por debajo del 60% del PIB y un déficit que no supere el 3%. Y anuncia que en primavera se abrirán expedientes por déficit excesivo a los países que no cumplan.
La reforma de las pensiones aprobada en la pasada legislatura fijaba una fecha: 2025. Fue una imposición de la Comisión Europea. Entonces se revisará si es necesario imponer nuevos recortes para “garantizar la sostenibilidad del gasto”. Los grandes centros de poder internacionales y nacionales ya están haciendo campaña para que se apliquen recortes a nuestras pensiones.
Cualquiera de los incumplimientos puede poner en cuestión las últimas partidas de los Fondos Europeos.
En Washington se juega la otra gran partida de la legislatura: las cuestiones relacionadas con la implicación de España en la estrategia militar norteamericana, la posición e implicación de nuestro país en las dos guerras, la compra de armas o la contribución a los gastos militares de la OTAN.
Pedro Sánchez ya dejó marcada para la legislatura la importancia de esta agenda con su viaje a la Casa Blanca para entrevistarse con Biden en plena precampaña electoral.
Con Pedro Sánchez como presidente de gobierno España ha firmado la renovación del tratado sobre las bases americanas y la ampliación de la presencia militar con dos nuevos destructores para el escudo antimisiles en la base de Rota. Y ha autorizado que uno de ellos forme parte del despliegue en el Mediterráneo Oriental de la flota norteamericana de apoyo a Israel.
Sobre la mesa están pendientes cómo va a continuar las implicaciones en las dos guerras, Ucrania donde se prolonga la invasión rusa; y Gaza convertido en un polvorín con el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. Incluso la posibilidad de aumentar los gastos de Defensa del 2% del PIB que exigió EEUU para la OTAN.
Pero también las negociaciones para la compra de armamento, los F-35 por valor de 6.250 millones de euros, y la renovación de los sistemas de misiles.
El horizonte de la legislatura no es la amnistía. Poniéndola en el centro de todo nos quieren confundir.
Lo que nos jugamos es cómo defender los intereses de las clases populares frente a la subida de los precios y las hipotecas.
Lo que nos jugamos es cómo redistribuir la riqueza frente a quienes nos meten la mano en el bolsillo.
Cómo se bajan los precios de la cesta de la compra, especialmente de los productos básicos.
Cómo se bajan al nivel cero los intereses de las hipotecas y los precios de la vivienda.
Y cómo se blindan las pensiones en la Constitución ante la ofensiva para volver a recortarlas.