Fue otra de las medidas «estrellas» del gobierno. La creación de un Ministerio de la Vivienda y con él de una serie de instituciones públicas de alquiler que facilitara viviendas a buen precio para gente joven. Hoy, cuatro años después, sabemos que son una auténtica estafa que se queda en «agua de borrajas», como la ley de dependencia, la de Memoria Histórica o la de la Violencia de Género.
La Plataforma or Una Vivienda Digna (PVD) ha realizado un análisis del funcionamiento y resultados de tres de los servicios públicos de alquiler.Su conclusión es doblemente grave. Las agencias son inútiles para el objetivo de una vivienda digna y asequible -para el que supuestamente fueron creadas-, dos, son un despilfarro de dinero público.La Sociedad Pública de Alquiler se puso en marcha en 2005 con un capital inicial de 20 millones de euros, y su mantenimiento “chupa” 6 millones de euros al año. Otras agencias como el “Plan Alquila” han costado a los madrileños 3,5 millones de euros sólo en 2008.¿Qué han hecho tos gigantescos “elefantes blancos” que cuentan con enormes presupuestos públicos?Nada. Salvo quizá alimentar una red clientelar y lavar la cara del gobierno.El número de contratos de alquiler que cierran estas entidades es ridículo. Ninguna de estas agencias, ni siquiera las de ámbito nacional, llegan a cerrar más de 350 alquileres por mes.¿Sus precios? Los mismos que los del mercado. Supuestamente las agencias públicas ofrecerían pisos con un 10 a 20% menos. Pero, por ejemplo, los pisos ofertados en Madrid tienen una media de 750 a 800 euros al mes, francamente muy lejos del presupuesto de los jóvenes.Tras analizar miles de casos, el informe de la Plataforma por una Vivienda Digna, concluye que el proceso de inscripción se caracteriza por la burocracia, lentitud y falta de transparencia.Todo apunta, además, a que la auténtica finalidad de estas agencias no es ofrecer alquileres en buenas condiciones a las personas que necesitan una vivienda, sino localizar demandantes solventes para propietarios que deciden alquilar sus propiedades. Esto explicaría que miles de peticiones de demandantes nunca reciban respuesta.Si no fomentan los alquileres, el acceso a la vivienda es muy baja, y su influencia en limitar los precios de los alquileres es nula ¿Para qué diablos existen?Es una sinvergonzonería que el gobierno juegue con los jóvenes que necesitan una vivienda.Hay que replantearse el funcionamiento, si no la existencia misma, de las agencias públicas de alquiler.