Monopolios norteamericanos trabajando para el procés

El 7 de septiembre de 2017 la mayoría independentista aprobó en el Parlament de Cataluña la ley que constituía oficialmente la Agencia Catalana de Protección Social. Este hecho quedó eclipsado por una actualidad monopolizada entonces por el referéndum soberanista del 1-O. Pero los documentos incautados por la policía en los despachos de altos cargos de la conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia han revelado que no se trataba ni mucho menos de un asunto menor.

Estos documentos desvelan que el Govern de Puigdemont llevaba trabajando desde octubre de 2016, un año antes del 1-O y la DUI, en la creación de un organismo que asumiera todas las competencias de la Seguridad Social en Cataluña ante una ruptura unilateral. Lo que suponía la apropiación de todas las cotizaciones de los trabajadores catalanes, y el control directo de las pensiones.

El plan A de la Generalitat hablaba de una “ruptura pactada”. Pero existía también un plan B, en el que se contemplaba la hipótesis de una “desconexión forzosa”, y se tomaban medidas. Incluyendo la creación de un “plan de contingencia” o “sistema de cortafuegos” para que la seguridad social de la Cataluña independiente asumiera todo el poder en un escenario de enfrentamiento abierto con el Estado. Basándose en el control directo de las cotizaciones de los trabajadores de las 233 entidades dependientes de la Generalitat, o sumando a las 100 empresas privadas más importantes de Cataluña, entre ellas muchos monopolios extranjeros.

Según el informe de la Guardia Civil, a quien se había encargado la tarea de ser “responsable de su desarrollo para gestionar la afiliación, la cotización y el pago de las prestaciones sociales en una futura Cataluña independiente era IBM, uno de los gigantes informáticos mundiales, incrustado en el corazón monopolista de la alta burguesía norteamericana.

No es el único gran monopolio norteamericano que encontramos trabajando para el procés. Informes incautados a altos cargos de la Generalitat demuestran que se pagaron 200.000 euros a Deloitte para que “realizará el seguimiento del despliegue” de la Agencia Catalana de Protección Social, dentro de un diseño donde la Generalitat asumiría todas las competencias (desde pensiones a los subsidios de desempleo, que hoy son competencia exclusiva del Estado).

Deloitte no es cualquier empresa. Es una de las llamadas “Big Four”, un auténtico oligopolio que monopoliza el sensible sector de las auditorías en el mundo. Controlando, por ejemplo, las cuentas de todos los bancos y monopolios del Ibex-35 en España. Su poder es tan grande que fue Deloitte, al negarse a dar el visto bueno a las cuentas de Bankia, quien precipitó su desplome.

También encontramos a Hewlett Packard (HP), monopolio norteamericano que es uno de los gigantes de las tecnologías de la información. Llegó a un acuerdo con la Generalitat, por el que cobraría 4 millones de euros, para impulsar un centro de procesamiento de datos que almacenara toda la información de la Agencia Catalana de Protección Social. HP también creó el censo de voluntarios para el 1-O, o proporcionó la tecnología para poder descargarse los datos de ciudadanos y confeccionar con ellos el censo utilizado el el referéndum independentista.

Hace unos días supimos que grandes monopolios alemanes, participados por el Estado, como T-Systems, trabajaron para el procés. Ahora sabemos que también lo hicieron gigantes monopolistas norteamericanos. La implicación de dos grandes potencias, EEUU y Alemania, en uno de los mayores ataques contra la unidad e integridad territorial en España es una inquietante noticia que sorprendentemente no está generando el escándalo que se merece.