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Un artículo de ABC y una declaración de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) destapaban un escándalo tan criminal como inmoral.
Importantes oncólogos españoles que trabajan para la sanidad privada han denunciado que una consultora, contratada por varias aseguradoras para asesorar en decisiones médicas, presionan o tratan de impedir que estos especialistas recomienden a sus pacientes terapias contra el cáncer cuyo uso es “habitual en la sanidad pública”… por su elevado coste. Una práctica -enmarcada en la minimización de gastos y en la maximización de beneficios- que antepone la hoja de resultados de los monopolios de la sanidad privada, y que en el caso de los pacientes de cáncer no sólo puede significar que no reciban el tratamiento más eficaz o adecuado… sino la diferencia entre la vida y la muerte.
Varios oncólogos que trabajan para seguros médicos privados, según revela ABC, aseguran estar recibiendo presiones para no prescribir tratamientos oncológicos de alto coste a sus pacientes. La empresa «consultora» llamada Atrys Health-Bienzobas, contratada por las aseguradoras sanitarias, está interviniendo en la elección de terapias, priorizando opciones más económicas sobre las que recomiendan los propios médicos.
Los casos en los que se basa la denuncia son de pacientes de las aseguradoras DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna. Los tratamientos «vetados» por Atrys -panitumumab, cetuximab, ramucirumab, pertuzumab…- son de uso muy común y frecuente en la sanidad pública, según las fuentes consultadas.
Destapado el escándalo, las aseguradoras privadas han tratado de escurrir el bulto. Sanitas se ha excusado diciendo que «la última palabra la tiene el oncólogo», mientras Cigna asegura que “la contratación fue puntual y no se renovó”.
Ante la gravedad de las denuncias, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha decidido tomar cartas en el asunto, mostrando su preocupación por el hecho de que “pacientes con cáncer se vean perjudicados por no recibir el tratamiento más adecuado”.
Este escándalo pone en tela de juicio la calidad asistencial de la sanidad privada de un millón de funcionarios y de sus familias que a través de Muface son atendidos por seguros médicos privados (otro medio millón opta por la Seguridad Social).
Este caso no debería zanjarse con el mero escarnio público y mediático de Atrys y de las aseguradoras sanitarias privadas que contratan sus servicios.
El escándalo deja entrever las despiadadas prácticas neoliberales de la sanidad privada, que de manera cotidiana y “normalizada” anteponen el cálculo de costes y beneficios a la salud de sus pacientes.
Y debería servir para ordenar por parte de las autoridades sanitarias una investigación a fondo, una auditoría exhaustiva, sobre la existencia de este tipo de protocolos en las empresas y monopolios de la sanidad privada, para depurar incluso consecuencias penales -de fuertes multas económicas o de cárcel- en el caso en el que haber desaconsejado determinados tratamientos haya acortado la vida de pacientes de cáncer.
Porque en el caso de la lucha contra enfermedades mortales como el cáncer, minimizar costes o maximizar beneficios es más que un agente cancerígeno. Es una práctica criminal y asesina.
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Sanidad privada: tanto tienes, tanto vives
Los dueños de la sanidad-negocio están en Wall Street
En España disfrutamos de un sistema sanitario público, universal y gratuito. Un pilar del bienestar social que debemos defender, porque está permanentemente amenazado por los recortes y la desinversión, que degradan la calidad asistencial para los pacientes y las condiciones de trabajo de sus profesionales.
Detrás de estos recortes en la sanidad pública, que buscan degradarla y hacerla colapsar, están los intereses de los que buscan convertir la sanidad en un negocio. Cuanto más se hunda la sanidad pública, cuanto más aumenten las listas de espera, tanto mejor le irá a los monopolios de la sanidad privada.
Pero ¿quiénes son los dueños de las principales aseguradoras sanitarias y monopolios de la sanidad privada en España?
La sanidad pública es un tesoro a defender. Pero desde hace una década y media está siendo sistemáticamente desmantelada y sometida a recortes presupuestarios, de medios y de personal.
Según Eurostat tenemos casi la mitad de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes que la media europea. Para equiparnos con la UE necesitaríamos, según la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, 50.000 camas más en los hospitales públicos.
Lo mismo sucede con el número de enfermeras y médicos. Según CCOO necesitaríamos 95.000 enfermeras y 9.000 médicos más para equipararnos con la media europea. Los recortes son especialmente gravosos en la la Atención Primaria, la puerta de entrada a la sanidad pública para las clases populares, donde la inversión pública se ha recortado un 13,10%.
Estos recortes -impuestos a golpe de imposiciones de «contención de gasto público» de Bruselas o de «recomendaciones» del FMI- se han ido produciendo de manera paralela, desde 2013, a un «desembarco de Normandía» del capital extranjero (y muy especialmente norteamericano) en la sanidad española.
Tu salud, su negocio
La gran burguesía norteamericana tiene el propósito de controlar la sanidad en España y convertir nuestra salud en su negocio.
En un comunicado fechado en 2023 y dirigido a los grandes fondos de inversión norteamericanos, BlackRock, uno de los principales brazos armados financieros de la superpotencia, recomendaba invertir en el sistema sanitario español porque “las ganancias del sector de la salud son más resilientes”.
Los hechos lo demuestran. En 2018 la inversión extranjera en el sector sanitario, encabezada por el capital norteamericano, se multiplicó por cuatro. Y en 2022 la tercera mayor compra mundial de una empresa de salud se realizó en España.
La sanidad es uno de los tres sectores donde más está invirtiendo el capital extranjero. Su volumen creció con la pandemia y tras ella. Es una inversión “segura”, porque hace referencia a una necesidad básica de la que la gente no puede prescindir.
Hace años que los grandes nódulos de la burguesía norteamericana elaboraron el diseño del proceso de recortes, externalizaciones y privatizaciones sanitarias en España que hoy -con diferentes grados y ritmos según la CCAA- seguimos sufriendo.
En 2013 PricewaterhouseCoopers (PwC) -una de las grandes auditoras mundiales, todas norteamericanas- elaboró un informe titulado “Diez temas candentes de la Sanidad Española”, que prefiguraba el marco de privatización y recortes que luego se ejecutaría. Una hoja de ruta que han seguido los gobiernos de Artur Más en Cataluña, del PNV en Euskadi, o del PP en Madrid y Valencia.
En los últimos 15 años tres grandes nódulos de la burguesía norteamericana han creado fondos específicos para “orientar” sus inversiones en la sanidad española. Estos son: JP Morgan, el primer banco y viga maestra de la burguesía monopolista norteamericana. Fidelity, uno de los grandes fondos norteamericanos, con una presencia dominante en el Ibex-35. Y BlackRock, principal propietario del Ibex-35.
Cuanto mayor es el dominio del capital norteamericano sobre la sanidad en España, más se degrada el sistema sanitario y mayores peligros existen para nuestra salud.